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“Tenemos una morra detenida por aborto. Ella ni siquiera sabía que estaba embarazada”, decía el comentario en Facebook que pedía dinero para ayudar a la incriminada a pagar la fianza. El monto inicial para su liberación eran 100 mil pesos, los cuales luego bajaron a 15 mil.
Ella, la embarazada, de quien no conocemos ningún dato personal (como debe de ser), tenía cuatro semanas de embarazo y había tenido un aborto espontáneo. Se pagó la fianza y seguirá el juicio fuera de la cárcel. Para quienes desconocen cómo es que una mujer con una emergencia obstétrica termina en prisión, cabe explicar que los médicos están obligados a denunciar los delitos y cómo el aborto está penado, dan vista al ministerio público. El problema tiene muchas aristas, como todo en la vida. Desmenucemos.
Primero, se agrava la intensidad el asunto porque Ella no sabía que estaba embarazada y porque sólo tenía cuatro semanas de embarazo, entonces, sin saber que está abortando, acaba en la cárcel. De acuerdo con el código penal de Aguascalientes, el aborto no es punible sólo cuando la vida de la mujer corre un peligro grave o cuando el embarazo es producto de una violación. Esto quiere decir que si la salud de la mujer corre peligro, también será criminalizada. Los códigos penales tan restrictivos como el de Aguascalientes fomentan un clima de persecución a las mujeres.
Segundo, en muchos de los casos que ha litigado GIRE, en lugar de atender la salud de la mujer se denuncia primero, pues los médicos no quieren ser incriminados como cómplices. Esto expone aún más a las mujeres, pues en situaciones de emergencia como las de Ella en Aguascalientes, lo primero es la denuncia. El documental “¡Viva México!” retrata los testimonios de cuatro mujeres cuyos casos fueron litigados por GIRE y está disponible en línea.
Tercero, convertir un asunto de salud pública en tema judicial, pone el foco en la criminalización de las mujeres, lo que implica verlas como delincuentes, como irresponsables de sus actos. Cuarto, seguir promoviendo la idea de que las mujeres deben pagar por lo que hicieron, de que son irresponsables, deja implícito que se les debe regular porque son incapaces de hacerlo por sí mismas, entonces la tutela de su autonomía pasa a otros, a quienes sí saben lo que Ella y ellas deben hacer.
La semana pasada se dejó en libertad a Teresa, mujer salvadoreña quien desde 2012 estaba en prisión por un aborto espontáneo también. Tenía menos de 21 semanas de embarazo y fue acusada de homicidio agravado. En El Salvador el aborto está penado siempre, pero gracias a las activistas del país centroamericano, se revisó su sentencia y se le dejó en libertad.
En marzo de 2014, Belén, de entonces 25 años, acudió al Hospital Avellaneda, de San Miguel de Tucumán, Argentina. Presentaba una hemorragia vaginal intensa y le acompañaba su madre, pues era imposible para ella sostenerse sola. Sus contracciones eran fuertes y el sangrado abundante, acudió a buscar ayuda médica, ignorando que estaba viviendo un aborto espontáneo de un producto de 20 semanas de gestación.
De acuerdo con el testimonio de su madre, despertó rodeada de policías y con los médicos forenses revisándola. El personal de salud le mostraba los restos del feto diciendo que era una asesina.
Belén sigue en la cárcel. Otras 17 mujeres en El Salvador con casos semejantes al de Teresa también. En Aguascalientes, México, Ella seguirá su juicio fuera de prisión, pero desgraciadamente los casos siguen. Es apremiante que el aborto sea abordado como un tema de salud. Un estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) demuestra que la ilegalidad y la criminalización del aborto sólo impactan en la inseguridad de los procedimientos y sus consecuentes efectos en la vida, la salud y la libertad de las mujeres, mas no en su incidencia.
El acceso al aborto legal y seguro es parte esencial de los servicios de salud reproductiva a los que deben tener derecho las mujeres. Se fundamenta en los derechos a la vida; la salud, incluida la salud reproductiva; la integridad física; la vida privada; la no discriminación y la autonomía reproductiva de las mujeres. Estos derechos se encuentran reconocidos tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en los tratados internacionales en materia de derechos humanos.
