El debate detrás del aumento al impuesto al refresco y las bebidas azucaradas

Por: Luis Manuel Encarnación Cruz (@luismencruz)

Director de Fundación Mídete (@fundacionmidete) y Coordinador de la coalición ContraPESO (@contrapesomx)

El pasado miércoles 13 de julio de 2016 revivió fuertemente el debate sobre el impuesto al refresco y las bebidas azucaradas. Los senadores Martha Tagle Martínez, Armando Ríos Piter, Zoé Robledo Aburto y Mario Delgado Carrillo presentaron una propuesta para aumentar este impuesto de $1 a $2 pesos por litro. En el evento, estuvimos representantes de la Alianza por la Salud Alimentaria y de la Coalición ContraPESO, quienes hemos respaldado fuertemente no sólo el gravamen, sino también la necesidad de aumentarlo.

La exposición de motivos de la iniciativa que pretende modificar la Ley de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), retoma la más reciente evidencia científica acerca del impacto de estas bebidas en diversas Enfermedades no Transmisibles (ENT), como la diabetes y las enfermedades del corazón, pero también la evidencia más sólida sobre los beneficios del actual impuesto de $1 por litro.

Aumentar el impuesto a $2 pesos por litro no es una ocurrencia, como lo menciona la industria refresquera, sino retoma la propuesta inicial trabajada por organizaciones sociales y legisladores, y que finalmente dio pie al actual impuesto de $1 peso aprobado en 2013. Las recomendaciones internacionales, especialmente aquellas de organismos como la Organización Panamericana de la Salud, aseguran que para que un impuesto de este tipo sea realmente efectivo, debe ser de por lo menos 20%. Es decir, si $1 peso por litro es aproximadamente el 10%, necesitamos aumentarlo a $2 pesos para estar en la línea de arranque de estas recomendaciones internacionales.

La industria siempre cuestiona: ¿por qué sólo impulsar medidas para desincentivar el consumo de los refrescos y las bebidas azucaradas? ¿por qué señalarlos?

En primer lugar, las organizaciones promotoras de este impuesto nunca hemos dicho que el impuesto sea la panacea, o que sólo debamos disminuir el consumo de las bebidas con niveles excesivos de azúcares. Hemos sido enfáticos en la necesidad de impulsar acciones integrales, y es por esto que hemos sido fuertes críticos y promotores de regulaciones más fuertes al etiquetado de alimentos y bebidas, así como a la venta de los mismos en las escuelas y su publicidad dirigida a los niños.

En segundo lugar, los refrescos y las bebidas azucaradas son particularmente dañinos, y su consumo incide no sólo en el aumento de peso, sino en las ENT. Tomar una sola bebida azucarada al día aumenta en 27% la probabilidad de obesidad en los adultos y en 55% en niños[1]. Asimismo, las bebidas azucaradas representan el 70% del consumo de azúcares añadidos en la dieta de los mexicanos, con efectos graves en la salud. Se estima que el consumo de estos productos ocasiona 12,100 mil muertes prematuras cada año en México y un total de 184 mil a nivel mundial[2].

El impuesto de $1 peso por litro ha sido efectivo, de eso no hay duda, y a eso le teme la industria refresquera. De acuerdo con un estudio realizado por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), siendo el único publicado en una revista académica (British Medical Journal) y sin conflicto de interés, se redujeron las compras de bebidas con impuesto en 6% durante 2014 y se aumentaron aquellas de agua en 4%. Para 2015, basados en una revisión también del INSP, se observó una disminución del 8% en el consumo de estas bebidas. Asimismo, el gravamen ha ayudado a señalar una serie de productos que no son saludables, y que por lo tanto, debemos reducir su consumo o dejarlos de consumir.

Varias criticas en torno al impuesto señalan que el efecto del mismo ha sido poco, y la respuesta (dada por especialistas y académicos) es que éste debe ser mayor. Aumentarlo a $2 pesos por litro no sólo fortalecerá la capacidad recaudatoria del país, sino que tendrá efectos positivos en los consumidores y la población en general. Ayudaría a disminuir el consumo entre 12-18%, y generaría efectos positivos en salud, ya que prevendría entre 800 mil y 1.275 millones de casos de diabetes para 2030, lo que significaría un ahorro de entre $6.4 y $50.9 mil millones de pesos[3]. Esto resultaría en un ahorro de grandes dimensiones considerando que el Sistema Nacional de Salud enfrenta una grave crisis de sostenibilidad financiera, y aún más con los dos recortes preventivos anunciados este año que afectan directamente al sector.

¿Qué sigue con la propuesta de aumentar el impuesto? Lo que se espera son golpeteos y argumentos sin sustento (y contradictorios) por parte de la industria refresquera, buscando dañar no sólo la reputación de las organizaciones que trabajamos el tema, sino también de la evidencia que sustenta nuestras acciones. Por parte de la sociedad civil, tendremos acercamientos y colaboraremos con legisladores, académicos y tomadores de decisión para promover no sólo el aumento a $2 pesos, sino también el destino correcto de los recursos recaudados.

La propuesta de los senadores promoventes de la iniciativa enfatizaron en la necesidad de fiscalizar los recursos recaudados desde 2014 a la fecha; desde la sociedad civil, suscribimos esta idea, y nos sumaremos a solicitar que éstos se destinen al objetivo social por el cual se aprobó el impuesto en 2013: para programas de prevención de la obesidad y el acceso al agua potable, especialmente en escuelas.