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La reforma que se cocina en el Congreso al artículo 19 de la Constitución, que determina prisión preventiva para aquellas personas acusadas de extracción, posesión y robo de hidrocarburo, volverá a llenar nuestras cárceles de personas en situación de vulnerabilidad.
Ante la corrupción y falta de profesionalización en el sistema de procuración e impartición de justicia, la constante es que aquellos que no tienen dinero para pagar un buen abogado o que no cuentan con recursos para navegar en el torcido sistema, terminan tras las rejas, sean o no culpables.
La prisión preventiva oficiosa se ha vuelto una bandera política que los legisladores —y el propio Ejecutivo— han optado por usar sabiendo que no ayuda a prevenir la delincuencia, es violatoria de la presunción de inocencia y atropella los derechos humanos.
Culpable hasta que compruebe ser inocente parece el lema de nuestro sistema de justicia. Preso, pero sin sentencia. Si llegaran a comprobar, años después, que un acusado nada tuvo que ver con el delito, bastará un “disculpe usted”. Siempre y cuando se le declare inocente. En este espacio hemos contado historias de quienes sin ser culpables, son encerrados por un sistema que, no pocas veces, fabrica culpables para cerrar expedientes. Un inocente en prisión, es un culpable en la calle.
Pedro tiene 31 años y lleva 5 en prisión. Es de Chiapas. Sus papás —ama de casa y carpintero— desde pequeño le fomentaron a Pedro y sus hermanos el estudio. Aunque desde los 5 años trabajaba en sus tiempos libres para ganar unos pesos más, dejar la escuela nunca fue opción.
A los 24 años conoció a la que sería su esposa y ante la llegada de su primer hijo la carga económica aumentó. Vivir con sus papás, hermanos, y algunas cuñadas y yernos “ya no estaba rindiendo”.
“Los gastos del bebé son muchos: leche, pañales, ropa… son un buen de cosas que elevan muchísimo los gastos”, narra. “Hablé con mi esposa, pues un amigo me dijo que en Puebla podía conseguir un trabajo donde me pagaran hasta 4 mil o 5 mil pesos al mes. La verdad es que ni lo pensamos y pidiendo aventón en la carretera logré llegar al estado”, me cuenta desde un reclusorio en Puebla.
La misión de encontrar un trabajo que pagara de forma más digna se volvió su pesadilla más grande.
“Ya era noche y me habían dejado por aquí cerca. Tenía mucha hambre y estaba cansado. No tenía dinero para rentar un lugar y cuando vi en un portón que solicitaban velador para una fábrica de bloques de cemento me acerqué a preguntar. Realmente fue muy rápido como pasó todo. Un señor me explicó que debía trabajar de 9 de la noche a 7 de la mañana, me enseñó un cuartito de vigilancia y me explicó que, en caso de que tuviera frío, podía descansar en una camioneta abandonada que tenía estacionada. Me ofreció un taco y no lo volví a ver”, narra.
Él quería pasar ahí las noches mientras continuaba su búsqueda como carpintero durante el día.
“No habían pasado ni tres horas de que había yo llegado a ese lugar cuando empecé a ver movimiento de policías. La verdad es que no pensé nada al respecto pues, porque son policías; no tenía yo por qué desconfiar. Apenas a unas horas de haber llegado estaba ya siendo arrestado por los mismos policías que estaban patrullando la zona”, relata.
Lo detuvieron junto con un vecino y dos jóvenes que nunca había visto en su vida. “Ahora sí ya te cargó la chingada, cabrón”, le dijo el uniformado. Arrestado y un tanto golpeado expresaba que no sabía de qué se trataba. “Te vamos a enseñar de qué se trata para que veas cómo te vas a refundir en la cárcel”, le gritaba un oficial en tono de burla. Atrás de la fachada de lo que parecía una fábrica donde hacen bloques de cemento había una toma clandestina de hidrocarburo. En ese momento conocería a sus coacusados. Sus sueños de encontrar trabajo y mandar dinero a su familia tomaron un giro de 180 grados.
Pedro hoy cumple una sentencia de 8 años y la relación con su familia, que vive en otro estado, es solo telefónica. Urge generar políticas públicas que protejan a los más vulnerables. Llenar las cárceles no solucionará la descomposición social, al contrario, traerá problemas mayores. Estamos destruyendo familias y dejando menores de edad sin sus padres. Mientras la corrupción e impunidad rijan el sistema de justicia, estaremos muy lejos de terminar con la delincuencia.
