Una Fiscalía General para la democracia

El 1 de julio Andrés Manuel López Obrador ganará la elección presidencial. A partir de ahí, con participación de los grupos democráticos y la sociedad civil, habrá que recomponer los diseños institucionales de la transición democrática que el actuar gobierno atrofió. Uno de ellos será terminar el proceso de creación de la Fiscalía General de la República.

Desde la reforma constitucional de 10 de febrero de 2014, el numeral 102 de la Constitución prescribe que la Fiscalía General de la República será autónoma, y contará con dos fiscalías especializadas: anticorrupción y electoral. La autonomía está en la Constitución, no creo que sea necesario nuevamente reformarla. A partir de ese diseño, debemos repensar la institución que se quiere para este periodo de vuelta a la institucionalidad democrática, que sustituirá al autoritarismo corruptor de este sexenio.

Ahora bien, la procuración de justicia es una de las labores más complejas de cualquier Estado, por lo que debe ser tratada con absoluta seriedad. Vayamos por partes. La autonomía resuelve un problema relevante de la procuración de justicia: el uso político y faccioso de la institución. Pero no lo resuelve todo. Con la autonomía no se despedirían a fiscales incómodos para el gobierno, ni se protegerían a políticos corruptos amigos, ni se perseguiría a adversarios, ni se obviarán graves violaciones de derechos humanos. Nunca más otra remoción política como la que viví, ni otra exoneración a César Duarte, ni la persecución a Anaya, ni Ayotzinapa.

Pero hay que ser muy claros en esto. No resuelve toda la problemática de la procuración de justicia. No lo hace respecto a temas de violencia y delitos de alto impacto. De nada serviría una Fiscalía General autónoma desvinculada del modelo de seguridad, porque el punto central es si realmente es prudente que la persecución de los delitos, particularmente los de alto impacto, deba desarrollarse de forma distanciada de la seguridad pública o la seguridad nacional. No lo creo. Estoy convencido que la conjunción de estos elementos: defensa, seguridad, procuración de justicia, abona en la formación de una política de Estado de combate a la inseguridad, que no puede escindirse. La respuesta nos la da la propia Constitución. El lugar donde se coordinaría la autonomía de la fiscalía con la visión estatal de combate a la delincuencia es el Sistema Nacional de Seguridad Pública que encabezará el Presidente López Obrador.

En efecto, autonomía en el ejercicio de la acción penal el marco de un Sistema Nacional de Seguridad Pública es la ecuación correcta. Pero no es suficiente. Sabemos dónde están los problemas. Tenemos los diagnósticos claros. Ha faltado voluntad política, visión de largo plazo y diseños institucionales transparentes. Entre otros elementos a considerar se encuentran:

1.- Vinculación de la corrupción con la materia electoral, porque la corrupción inicia en los procesos electorales.

2.- Mejorar el sistema de carrera judicial. No puede haber autonomía si los Ministerios Públicos no cuentan con la garantía de estabilidad. Si saben que su permanencia dependerá del superior jerárquico. ¿De qué sirve la autonomía institucional sin estabilidad laboral individual?

3.- Mejorar la posición de los Ministerios Públicos, peritos y policías. Los ministerios públicos ganan hasta la cuarta parte de los que percibe un Juez de Distrito, cuando su función es prioritaria para la seguridad y el combate a la corrupción y la impunidad. Mejores salarios a los de abajo permitirán elevar la calidad de vida, y serán un valladar contra la corrupción existente en la procuración de justicia. Dicha corrupción se encuentra en el No Ejercicio de la Acción Penal, pregúntenle a César Duarte y su caso de lavado de dinero.

4. Elevar el número de Policías Federales Ministeriales. El número de efectivos es insuficiente. Más cuando la mitad de ellos cuidan funcionarios y víctimas. ¿De qué sirve la autonomía si no hay policías para investigar?

Insisto, la procuración de justicia no es política, es técnica. El error de Peña Nieto de cerrarse a las voces de la ciudadanía en esta materia ha quedado atrás. Actuemos juntos, todos, pero con visión de Estado.

Ex titular de la FEPADE