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Fiscalía para periodistas, siete años de fracasos

Hay impunidad en 99.85% de los ataques cometidos contra comunicadores: informe
Javier Valdez solía cubrir narcotráfico. Acabaron con su vida en el asfalto de la calle Riva Palacio, a unos metros de su oficina en el semanario RíoDoce, en Culiacán, Sinaloa (FOTOS: ARCHIVO EL UNIVERSAL)
29/05/2017
03:20
Íñigo Arredondo
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La probabilidad de que quienes asesinaron al periodista Javier Valdez terminen en la cárcel es de sólo 0.15%. Quienes le dispararon 12 veces a plena luz del día, quizá tenían esa certeza, puesto que otros seis periodistas han sido asesinados este año. En cada caso, la impunidad prevalece. A la fecha se desconoce quiénes son los asesinos de Miroslava Breach, de Cecilio Pineda, de Ricardo Monlui, Maximino Rodríguez y Jonathan Rodríguez.

A Javier Valdez lo mataron por escribir del narco. Acabaron con su vida en el asfalto de la calle Riva Palacio, a unos metros de su oficina en el semanario RíoDoce, en Culiacán, Sinaloa. La imagen de su cuerpo rodeado por los casquillos, boca abajo, con el sol de primavera señalándolo mientras miembros de la policía estatal resguardan la escena del crimen dio la vuelta al mundo y provocó la indignación de medios de comunicación y organismos nacionales e internacionales. Algunos dejaron de trabajar un día como protesta, más de 60 medios de comunicación señalaron que la impunidad, la corrupción y el crimen organizado ponen en riesgo la labor periodística con un: “Ya basta”.

La respuesta por parte del gobierno fue una serie de medidas para evitar que una fotografía similar volviera a circular. El presidente Enrique Peña Nieto anunció, por primera vez en su mandato, el fortalecimiento, tanto en presupuesto como en estructura, de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) y del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. También pidió un minuto de silencio por los asesinatos, los únicos que no se callaron fueron los periodistas de la fuente, gritaron: ¡Justicia!

Los organismos que el Presidente prometió fortalecer han sido, hasta el día de hoy, ineficientes: de 2010 a marzo de 2017 la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) inició mil 926 averiguaciones previas; sin embargo, sólo 111 de ellas fueron consignadas, es decir, llegaron a manos de un juez y únicamente tres concluyeron con una sentencia. El 99.85% de los ilícitos quedaron impunes.

En aumento

Las averiguaciones previas han aumentado cada año. En 2010, año en que se creó la fiscalía, hubo 60; en 2011, 176; al año siguiente, 217, para 2013 había 255, en 2014 hubo 297, en 2015 un total de 319, y en 2016 sumaron 360. Este año, que no ha llegado a la mitad, tiene 244, por lo que se puede presumir que la cifra continuará con tendencia a la alza.

Hasta febrero de 2016, la FEADLE operaba bajo el sistema penal inquisitorio o tradicional. En esa fecha cambió al modelo actual: el penal acusatorio, por lo que las averiguaciones previas de estos 12 meses son “carpetas de investigación”.

Del total de averiguaciones iniciadas por la FEADLE, más de la mitad, 57%, están pendientes, explica el académico del Centro de Investigación y Docencias Económicas (CIDE), Rodrigo Meneses. “Son casos que muy probablemente no se resolverán”, señala el experto.

En el Informe Estadístico de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, actualizado hasta marzo 2017, se explica la situación actual de las agresiones a periodistas. En su conteo —que incluye datos desde 2000—, van 104 periodistas asesinados: en Chihuahua (16), Veracruz (16) y Tamaulipas (13), como los estados más afectados. También tiene registrados 25 reporteros desaparecidos con Veracruz, Tamaulipas y Michoacán encabezando la lista, cuatro cada uno. A la fecha, suman 106 periodistas asesinados en lo que va del siglo XXI.

El secretario de la Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones contra Periodistas y Medios de Comunicación, el senador Jesús Casillas, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), considera que cuando se atenta contra un periodista, “se atenta contra todos los ciudadanos, porque se ve limitado nuestro derecho a la información”.

El 43% restante de las averiguaciones previas que no están pendientes, se consideran delitos registrados, a pesar de que no se hayan encontrado culpables. El 39% de estos ilícitos son amenazas, otro 17% abuso de autoridad y daño a propiedad ajena; robo y lesiones ocupan más de otro 20%. También se registran 16 casos de tentativa de homicidio, 11 casos de acceso ilícito a sistemas y equipos de informática.

“Todos [o casi todos] los periodistas asesinados habían sido amenazados previamente. Entonces, la autoridad no está tomando en serio las investigaciones por este ilícito. Éstas son una advertencia, un aviso, de que algo más puede ocurrir. Si no se investigan es algo grave ¿no?”, cuestiona Balbina Flores, representante en México de Reporteros Sin Fronteras.

La tercera parte de las denuncias se hicieron en la Ciudad de México, Veracruz y el Estado de México. En esas mismas entidades, además de Oaxaca, es donde se concentran el mayor número de las medidas cautelares otorgadas por la FEADLE.

¿Garantías para el ejercicio periodístico?

Los tipos de medidas cautelares más usadas son: contacto de reacción policial, entrega de un manual de prevención del delito cometidos contra la libertad de expresión y rondines domiciliarios. Aunque a quienes necesitan mayor seguridad, en teoría, se les proporcionan también autos blindados, chalecos antibalas, reubicación temporal, traslados e instalación de cámaras de vigilancia.

“Se debe garantizar el ejercicio pleno de su profesión a través de estrategias. Porque no se trata de ponerles una patrulla atrás o ponerle un guardaespaldas, se trata de buscar, con estrategias claras, que los periodistas puedan, sin ningún tipo de riesgo, ejercer su profesión”, sentencia el senador Jesús Casillas.

EL UNIVERSAL consultó al también secretario de la Comisión de Presupuesto de la Cámara Diputados sobre la asignación de “cero pesos” al mecanismo de protección a periodistas y personas defensoras de los derechos humanos durante los últimos dos años y dijo no contar con información suficiente sobre el tema.

Balbina Flores concluye que es urgente reconocer que se requiere más presupuesto.

El asunto no se trata solamente de una cuestión de dinero, enfatiza Flores. Se trata de una voluntad de las instancias. Si el dinero se usa o no en lo que se debe.

México es uno de los países en el mundo que más instituciones de protección a reporteros tiene y, contra ello, es la nación con más comunicadores asesinados.

“La pregunta es entonces: ¿Qué está pasando? Los recursos no están llegando a los peticionarios o las instituciones no están operando, o qué?”, cuestiona la representante nacional de Reporteros sin Fronteras.

Sin duda, afirma Balbina Flores, se tiene que hacer un diagnóstico de fondo sobre cómo han estado funcionando estas instituciones.

No sólo eso. Se requiere de un debate serio sobre cuál debe ser su funcionamiento también a partir de este contexto de impunidad en la agresión contra periodistas en el país.

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