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Ganan cárceles privadas con política de Trump

Tras el triunfo del magnate, los ingresos de CoreCivic y GEO, las principales operadoras de centros de detención y donadoras de su campaña presidencial, crecieron más de 100%
Actualmente, Estados Unidos tiene 542 mil casos de migrantes detenidos pendientes de ser resueltos en una corte (FOTOS: ARCHIVO EL UNIVERSAL)
28/03/2017
03:20
Eileen Truax
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Los Ángeles, California

La tarde del 9 de noviembre, un día después de que Donald Trump ganara la elección presidencial, inversionistas de dos grandes corporaciones veían los números de Wall Street con satisfacción: al cierre de la jornada, CoreCivic, la principal operadora de prisiones privadas en Estados Unidos, registraba un alza de 43% en sus acciones. Su principal competidor, GEO Group, subía 21%.

A la fecha, las acciones de las dos compañías se han incrementado más de 100%.

La industria de los centros de detención privados es tal vez la que ha recibido la mayor rentabilidad inmediata como resultado del discurso antiinmigrante de Trump como candidato, materializado en las órdenes ejecutivas que ha firmado como presidente.

No sólo detener más inmigrantes significa más ganancias para quienes hacen de esto un negocio. Sin esta actividad, el futuro de CoreCivic y de GEO pendía de un hilo.

El 18 de agosto de 2016, en el ocaso de la administración Obama, la entonces subprocuradora Sally Yates ordenó al Buró de Prisiones la reducción de los contratos a los centros privados. Tras el anuncio, ambas corporaciones cayeron en la bolsa 40%. Dos meses más tarde, en pleno cierre de la campaña por la presidencia, CoreCivic —que hasta 10 días antes de la elección se llamaba Corrections Corporation of America, CCA— anunciaba que tendría que hacer recortes de personal para ajustar su presupuesto. Trump y su contrincante, Hillary Clinton, llegaron al día de la elección con posturas encontradas: Clinton con la promesa dar continuidad a la decisión de cortar los contratos y Trump con la convicción de que el sistema privado de detención es favorable para el país.

En los últimos 15 años, la detención de personas que no son ciudadanas estadounidenses ha sido puesta mayormente en manos de los corporativos privados: seis de cada 10 inmigrantes detenidos han estado en una prisión operada por CoreCivic o por GEO. En conjunto, ambas corporaciones reciben ingresos superiores a los 3 mil millones de dólares al año, que provienen del dinero de los contribuyentes.

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La decisión de la fiscal Yates para recortar los contratos se basó en un reporte publicado por el Departamento de Justicia (DOJ), en el cual se hace un recuento sobre el crecimiento drástico del sistema de detención de inmigrantes en EU —800% entre 1980 y 2013—, y de cómo esta población declinó, de 220 mil detenidos en 2013 a 195 mil en 2016. El pago de elevados costos por las concesiones dejó de ser una necesidad, se explica en el documento.

Al reporte se anexó el resultado de un estudio que indica que las instalaciones de las prisiones privadas son menos seguras que las públicas. Esta afirmación coincide con una serie de polémicas en torno a la forma en que han operado estos centros, incluidos los reportes de al menos seis muertes y una demanda de trabajo forzado presentada por detenidos en CCA en 2014, que el 27 de febrero pasado recibió un fallo a favor.

El breve periodo negro de las dos empresas en Wall Street —tres meses, de agosto a noviembre— y su sobresaliente repunte desde el día de la elección —CoreCivic ha subido 140%; GEO, 98%— se enmarcan en dos situaciones concurrentes: por una parte, el énfasis en el discurso de campaña de Trump sobre la necesidad de detener inmigrantes —y por tanto de conservar en la nómina del gobierno a quienes prestan este servicio— y, por otra, las donaciones que tanto GEO como CoreCivic hicieron de manera combinada al Partido Republicano y a la campaña electoral de Trump: 673 mil dólares la primera y al menos 130 mil dólares la segunda.

Mina de oro

El pasado 23 de febrero, el procurador de EU, Jeff Sessions, revirtió la orden dada por la subprocuradora Yates en agosto, inyectando nueva vida a CoreCivic y a GEO. Aseguró que el objetivo de mantener los contratos con los centros de detención privados obedece a las “futuras necesidades” del sistema correccional federal.

Aunque durante el anuncio Sessions no aludió directamente a la detención de inmigrantes indocumentados, éste ocurrió tres días después de que el secretario de Seguridad Interna, John Kelly, enviara un memorándum dirigido a todas las agencias vinculadas con servicios de inmigración y seguridad fronteriza, para ampliar el rango de faltas consideradas como crímenes, lo que aumenta también el número de población indocumentada susceptible a ser arrestada y puesta en un proceso de deportación.

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El proceso de deportación es la mina de oro de las corporaciones de detención privada. Actualmente, EU cuenta con la cifra récord de 542 mil casos pendientes de ser resueltos en una corte de inmigración. Según la ley, una vez que un proceso de deportación inicia, el individuo debe permanecer en detención mientras su caso es resuelto por un juez.

Pero el problema que enfrenta el sistema desde hace años es el bajo número de jueces para atender estos casos: hasta el año pasado, 251, y a partir de 2017, con la autorización de 50 nuevas contrataciones por parte de la administración Trump, 301 jueces para atender más de medio millón de casos pendientes.

Es claro que con estas cifras los procesos de deportación duran años. Personas que los iniciaron en 2013 han recibido fecha para su primera cita en la corte en 2019. Los casos más severos —personas que tienen antecedentes penales o considerados como riesgo de fuga— son los que permanecen en los centros de detención privados, que cuentan con un cupo ligeramente superior a las 30 mil camas. Los demás, son tratados bajo la política catch and release (atrapar y soltar), que les permite vivir en el país legalmente, pero sin estatus migratorio, mientras llega el día de su cita.

Uno de los objetivos de la administración Trump es acabar con esta política, y ahí es donde las empresas privadas verían llegar su ganancia: si el aumento de contratos de agentes de inmigración para realizar los arrestos —un estimado de 15 mil, según los memorándums firmados por el secretario Kelly— no va acompañado de la contratación de cientos de jueces más, se incrementaría de manera considerable el número de celdas necesarias para mantener detenida a esta población.

Según cifras oficiales del Buró de Prisiones, los contribuyentes estadounidenses pagan a estas empresas 123 dólares diarios por cada persona “alojada” en un centro de detención general, y 342 por cada migrante en un centro de detención familiar. La firma de investigación de mercado IBISWorld calcula que el negocio de mantener a la gente esperando en procesos de deportación representa 21% del negocio de la industria privada de detención en Estados Unidos, estimada en 5 mil 300 millones de dólares.

Dinero y lobby

Si bien las órdenes dadas desde el gabinete del presidente Trump obedecen a un plan en el que participan varias agencias de gobierno, la renovación y reasignación de contratos a las empresas privadas de centros de detención depende de la aprobación del presupuesto necesario por parte del Congreso estadounidense.

Como muchas otras empresas millonarias que hacen lobby político, CoreCivic y GEO han invertido miles de dólares en sus relaciones con los actores políticos de los cuales dependen sus contratos. Un reporte de la organización Detention Watch Network (DWN) señala que en 2013 los grupos de lobby de GEO gastaron 1.2 millones de dólares para convencer al Congreso de actuar de acuerdo con sus intereses. La compañía también invirtió 880 mil dólares en firmas de cabildeo externo. Otro reporte independiente, publicado por la organización Grassroots Leadership, apunta que entre 2003 y 2016 CoreCivic —antes CCA— y GEO gastaron en conjunto más de 32 millones de dólares en cabildeo en ambas cámaras.

Ante la perspectiva de perder sus contratos con la llegada de Hillary Clinton a la presidencia, GEO y CoreCivic enfilaron la batería de las donaciones a la candidatura de Trump; a los diferentes grupos de acción política, conocidos como PAC, del Partido Republicano, y a algunos representantes y senadores en lo individual.

De acuerdo con datos publicados por el Center for Responsive Politics, una organización que “rastrea” el dinero de las donaciones a las campañas electorales, durante 2016 GEO realizó donaciones directas a candidatos por un monto de 280 mil dólares, de los cuales 87% fue para políticos republicanos. CoreCivic, por su parte, donó 146 mil 700 dólares, 90% para candidatos del Partido Republicano.

Del total de estos montos, 47 mil dólares de GEO y 82 mil dólares de CoreCivic fueron donados a las campañas de 24 congresistas que forman parte de los Comités de Apropiaciones tanto en la Cámara Baja como del Senado —12 de cada uno—. Este Comité de Apropiaciones es el organismo encargado de aprobar los presupuestos para los contratos del gobierno con empresas privadas, incluyendo los de sus donadores. Entre los nombres de los beneficiarios figuran el del ex aspirante a la candidatura republicana y senador Marco Rubio, y el del propio presidente del Comité de Apropiaciones de la Cámara Baja, Rodney P. Frelinghuysen.

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