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El muro de nunca acabar

El proyecto de Trump requeriría de 25 mil millones de dólares y 40 mil trabajadores al año para realizarse en un cuatrienio, explican consultores. Otros presidentes, como los Bush y Clinton, lo han intentado, pero problemas de presupuesto y orografía han sido un freno
El proyecto de Trump requeriría de 25 mil millones de dólares y 40 mil trabajadores al año para realizarse en un cuatrienio, explican consultores. Otros presidentes, como los Bush y Clinton, lo han intentado, pero problemas de presupuesto y orografía han sido un freno
Expertos afirman que al menos 500 personas mueren cada año al cruzar a EU (FOTO: DAVID DE LA PAZ. EFE)
22/11/2016
03:40
Eileen Truax
Los Ángeles, California
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¿Imagina usted qué se puede hacer con 25 mil millones de dólares? Para darle una idea, esa cantidad equivale a lo que costaría comprar un auto nuevo para 3 millones de familias; al monto total de las remesas que se enviaron de Estados Unidos a México en 2015, y es la décima parte del Presupuesto de Egresos aprobado por la Cámara de Diputados para 2017. También, con esa cantidad, se podría construir un muro en la frontera.

El muro entre México y EU fue uno de los ejes de campaña de Donald Trump, pero una vez que ha llegado a la presidencia cumplir esa promesa representará uno de sus mayores retos. El proyecto requiere miles de millones de dólares; la iniciativa y el presupuesto anual deben ser aprobados por el Congreso y llevaría mínimo cuatro años a un ritmo de 40 mil trabajadores anuales, y ni así se lograrían cubrir los más de 3 mil kilómetros de largo de la línea fronteriza.

En sus cálculos iniciales sobre el plan para construir el muro, Trump planteó un costo de entre 8 mil y 12 mil millones de dólares —después matizó que sería para cubrir únicamente algunos segmentos de la frontera suroeste. Tres diferentes estimaciones, realizadas por Marc Rosenblum del Migration Policy Institute; la firma de análisis financiero Bernstein Research y el diario The Washington Post coinciden en que en términos realistas, el proyecto requeriría de 25 mil millones de dólares y un ejército de miles de trabajadores al año para que la obra pudiera finalizarse en los cuatro años del próximo periodo presidencial.

“El costo no es sólo por construir un muro, es todo un sistema de personal, tecnología, mantenimiento, que tiene que operar a lo largo de los años”, explica David Shirk, profesor de Relaciones Internacionales y Ciencia Política, y ex director del Trans-Border Institute de San Diego, centro académico especializado en el estudio de la frontera entre México y Estados Unidos y sus comunidades. “Estamos hablando de un proyecto muy ambicioso económicamente, que tiene un costo muy alto para los ciudadanos estadounidenses, y que al final no tendría un impacto significativo para detener la migración desde México hacia Estados Unidos”.

Ahora hay poco más de mil kilómetros, la tercera parte de “la línea”, en los que existe algún tipo de estructura entre los dos países. Pero la mayoría de estas construcciones son vallas cuyo objetivo principal es obstruir el paso de vehículos; aunque en teoría la idea de construir una barrera para evitar el paso peatonal es atractiva, en la práctica el gobierno enfrentaría grandes retos, desde las características geográficas del terreno —desierto, montañas, río—, hasta la oposición de las comunidades que viven en ambos lados de la frontera, cuyos terrenos tendrían que ser expropiados para proceder.

“Trump no tendrá ningún obstáculo legal para llevar adelante este proyecto”, dice Shirk refiriéndose a la conformación del Congreso, que quedará completamente en manos republicanas. “Pero vamos a ver una disminución de las expectativas. Ha empezado a decir que tal vez no será un muro, sino una barda; bueno, eso lo tenemos, de manera que casi la mitad de la propuesta está cumplida. Trump es un actor político que estuvo dispuesto a decir cualquier cosa para ganar la presidencia, pero en realidad no tiene una visión muy distinta de lo que ha sido la política real por muchos años en EU”.

Y la experiencia de la “política real” en las administraciones anteriores, tanto con presidentes demócratas como con republicanos, demuestra que ni la aprobación de una ley, ni de recursos, garantizan que se lleve a cabo la obra.

 

Una historia sin final feliz

La tarea de proteger la frontera sur ha sido el dolor de cabeza del gobierno estadounidense desde hace al menos dos décadas, en particular tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.

El primer tramo de muro físico se aprobó en 1990, siendo presidente George Bush padre, en el sector San Diego, en California. Fue construido con placas de acero que, como dato curioso, incluyeron restos de las hojas de metal que se usaron durante la Guerra del Golfo para improvisar pistas de aterrizaje en el desierto. Esta obra se extendió 22 kilómetros. Seis años más tarde se autorizó la construcción de un muro secundario, hecho de reja, de tres metros de alto, en 16 de los 22 kilómetros del sector, con espacio entre un muro y otro para permitir que los vehículos de la Patrulla Fronteriza circularan en la zona.

En 1998, en el gobierno de Bill Clinton, se planeó para el otro extremo del país un muro virtual de alta tecnología que operaría en el oeste de Texas con el nombre de Integrated Surveillance and Intelligence System (ISIS), el experimento tuvo fallas de administración, mantenimiento y operación del equipo, finalmente quedó inutilizado en el sitio donde se colocó.

Tocó a la siguiente administración, la de George W. Bush, crear el Departamento de Seguridad Interna (DHS), y a través de él presentar un proyecto nuevo en noviembre de 2005: la Iniciativa de Frontera Segura (Secure Border Iniciative, SBI), a la que entre 2006 y 2008 se asignaron más de mil millones de dólares para construir un muro de concreto y acero, y otro “virtual” llamado SBInet. La meta era completar 670 millas, mil 78 kilómetros. Sin embargo, Boeing, la empresa a la que fue asignado el contrato, incumplió con los plazos acordados. Al retraso se sumó la crisis económica de ese año. En 2010, el DHS anunció que congelaría los gastos del muro virtual y que redistribuiría esos recursos para ser invertidos en “otras tecnologías de seguridad disponibles comercialmente y probadas”, entre ellas el tradicional patrullaje en la frontera.

Robert Lee Maril, profesor de sociología en East Carolina University, explica en su libro The fence: national security, public safety and illegal immigration along the U.S.-Mexico border, cómo a pesar de que se aprueban iniciativas y presupuestos, existe desde 1999 un “problema” con los contratistas asignados para los proyectos de construcción del muro, y cómo “cada vez que uno no funcionaba, le cambiaban el nombre”.

“Es claro que no funciona. El gasto en dinero de los contribuyentes ha sido de más de mil millones de dólares, y los problemas que existían antes los seguimos teniendo: 500 personas mueren cada año cruzando la frontera, principalmente en Arizona, al sur de Tucson, y en el sur de Texas (...) y el problema de las drogas ilegales continúa”, señala Maril.

A la fecha, sólo 58 kilómetros en la frontera tienen un doble muro suficiente para detener cualquier tipo de tránsito. En 2011, un reporte del gobierno federal reveló que la frontera suroeste aún se encontraba “vulnerable a la actividad transfronteriza ilegal, incluyendo el tráfico de humanos y de drogas ilegales”. Desde entonces no ha habido una nueva iniciativa en ese sentido, más que el proyecto de Trump.

Durante los 10 años que David Shirk dirigió el Trans-Border Institute, las medidas de reforzamiento de vigilancia en la frontera estuvieron encaminadas no sólo a detener el cruce de inmigrantes sino a evitar amenazas de seguridad tras los atentados del 9/11. Nada de lo realizado ha tenido el efecto esperado: “En los últimos 20 o 30 años, la concentración de esfuerzos no ha dado por resultado un cambio en los patrones de inmigración de México y otros países hacia EU. Independientemente de costos y dificultades, no constituye una solución para este problema”.

Shirk enfatiza: cuando el cruce fronterizo es más sencillo, los migrantes indocumentados van y vuelven a sus ciudades de origen para visitar a sus familias; con el endurecimiento de medidas de seguridad y el aumento de los riesgos en el cruce, las familias migran para alcanzar a quienes se encuentran en EU y generaría también mayor participación del crimen organizado en el transporte de personas.

Según ACLU, una de las organizaciones de defensa de derechos civiles más influyentes de EU, además de su elevado costo material, el proyecto detonaría mayor militarización en la línea fronteriza, un mayor número de retenes para residentes que buscan llegar a la escuela o al trabajo; patrullajes erráticos, uso de drones y el despliegue de hasta 20 mil agentes armados de la Patrulla Fronteriza.

“Vamos a ver un endurecimiento de la frontera en ciertos aspectos, pero no habrá cambios drásticos en los dos primeros años. Requiere de un año para presupuestar lo que quiere hacer, uno o dos para contratar a quienes lo harían, y al menos dos o tres años para la construcción. Pero en dos años habrá cambios en el Congreso; está por verse si para entonces Trump seguirá contando con la mayoría legislativa que necesita para sacar adelante su idea del muro”.

 

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