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Médicos pasantes, blancos del crimen

Violaciones, "levantones" y robos, entre las 84 denuncias registradas en ocho años
Médicos pasantes, blancos del crimen
A los alumnos de Medicina se les exige un servicio social de un año y generalmente son enviados a unidades médicas de zonas marginadas (ARCHIVO EL UNIVERSAL)
07/02/2016
03:20
Andrés M. Estrada
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Tumbada en el suelo de la habitación, con las manos temblorosas y aterrada por el miedo, Karen Valverde presionó desesperada la pantalla del celular en busca de señal. Sus colegas, otros tres pasantes de Medicina que la acompañaban, intentaron lo mismo: pedir auxilio. Pero la red telefónica fallaba en las instalaciones del centro de salud de Santiago Tepetitlán, en San Martín de las Pirámides, Estado de México, donde uno de ellos realizaba su servicio social.

Diez minutos antes de que todos se tiraran al piso escucharon pasos en el exterior de la unidad, creyeron que era un paciente, así que uno de los jóvenes preguntó desde la ventana qué querían. Afuera, en la oscuridad de la medianoche de un sábado de noviembre de 2013, tres sujetos respondieron: “Ya valieron (...), ahorita se los va a cargar (...) sabemos que tienen mujeres, sáquenlas”. Y enseguida comenzaron a caer piedras contra el inmueble.

Historias de agresiones similares a la de estos estudiantes de la Universidad Tominaga Nakamoto e incluso asesinatos de pasantes de Medicina durante su servicio social, se reportaron en al menos 21 estados del país de enero de 2007 a diciembre de 2015.

La Secretaría de Salud (Ssa) documentó 34 denuncias de amenazas y agresiones contra estudiantes de 12 instituciones públicas y privadas del país, entre ellas la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Autónoma de Guadalajara (UAG), la Autónoma de Nayarit (UAN), la Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), la del Valle de México (UVM) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN) —del cual sólo registra un caso en Tlaxcala, en 2009—, de acuerdo con documentos obtenidos por EL UNIVERSAL vía transparencia.

Sin embargo, en otra solicitud de información hecha al IPN, la cifra supera los datos de la dependencia gubernamental: de enero de 2007 a septiembre de 2015 sus alumnos presentaron 50 denuncias. La suma total de ambos oficios da 84, y los estados con más incidencias son Nayarit, con 15; Zacatecas y San Luis Potosí, con 11 cada uno; Guerrero, con 10; Hidalgo, con siete, y Campeche, con cuatro. Le siguen Jalisco, Colima, Guanajuato, Tlaxcala y Oaxaca, con tres cada uno; Veracruz, Morelos y Edomex, con dos cada uno, y Puebla, Querétaro, Sinaloa, Yucatán y Quintana Roo, con uno en cada entidad. Los años con más atentados son 2015, con 15; 2009, con 14, y 2008, con 10.

En muchas ocasiones no se denuncian las amenazas o agresiones por temor a represalias o por la omisión de las autoridades. El doctor Ricardo León Bórquez, presidente de la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina (AMFEM), comenta que en el país ocurrieron alrededor de 10 casos de amenazas por mes, de acuerdo con sus registros de los últimos cinco años, es decir, un total de 600, y las entidades con mayor incidencia son Guerrero, Michoacán y Chihuahua, estados amedrentados por el crimen organizado.

Buscan reducir tiempo de servicio

Los incidentes que reportan la Ssa y el IPN contra los médicos pasantes son amenazas y agresiones de pobladores y pacientes; intentos de asalto, ataques e inseguridad en los centros de salud; violación e intento de violación; acoso sexual, robos, amenazas de muerte, golpes e ingreso de personas armadas que solicitan atención médica.

En ocasiones, los delincuentes los “levantan”, les vendan los ojos y los llevan para que atiendan a algún compañero que posiblemente resultó herido en un enfrentamiento armado. “La manera como los tratan [los criminales] es de ‘o lo salvas o tú te mueres’”, comenta el presidente de la AMFEM, que agrupa a 93 instituciones académicas públicas y privadas de México.

Cuando Diana Rodríguez —quien pide omitir su nombre real por temor a represalias de la Ssa— supo que su servicio lo haría en una comunidad náhuatl del estado de Hidalgo, le emocionaba poner en práctica los conocimientos adquiridos durante cinco años en la UNAM. En los primeros días de febrero de 2015, cuando lo inició, unos sujetos solían alcoholizarse afuera de la unidad médica y la acosaban con comentarios ofensivos; al mes, un policía del municipio intentó golpearla, pues no quiso esperar su turno y de manera prepotente exigió que se le atendiera una infección en los ojos.

A diferencia de otras profesiones que exigen un servicio social de seis meses, a los cerca de 14 mil estudiantes de Medicina en el país —según datos de AMFEM—, se les pide que sea de 12 y, de acuerdo con la Ley General de Salud, éste debe hacerse “en las unidades aplicativas de primer nivel de atención, prioritariamente en áreas de menor desarrollo económico y social”, es decir, en su mayoría son enviados a zonas marginadas en unidades médicas de la Ssa y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

En el estudio Expectativas y motivación en la transición de rol en el servicio social de la Facultad de Medicina, Universidad Nacional Autónoma de México, se tomaron como muestra 360 encuestas elaboradas a 814 médicos pasantes que realizaron su servicio en el año académico 2009-2010. Sus resultados: 57% se sentía inseguro en su unidad; 60% no confiaba en el equipo de salud para realizar el trabajo; 37% no estaba motivado para realizarlo; 27% de los ubicados en el ámbito rural no lo disfrutaron y 23% pensó en renunciar.

La AMFEM trabaja para que se reduzca el tiempo de servicio y se homologue al de otras carreras, dice León Bórquez. La asociación está elaborando un nuevo modelo en el que estén involucrados la Ssa, el presidente municipal y el gobernador del estado donde se presten los servicios, para que se cumpla con lugares seguros. “Implica que tenga puertas, reja, un nuevo sistema con un botón de pánico (...) Si la escuela va y no encuentra que se está cumpliendo 100% de esas situaciones, la escuela tiene la libertad de sacar al pasante y llevárselo a hacer servicio en la institución de origen”, explica.

Las agresiones

Diana Rodríguez —quien también solicita omitir el nombre del municipio donde hacía su servicio social— recibió en una ocasión a una paciente con un elevado nivel de glucosa; la joven le recomendó que fuera con el médico internista para que le recetara insulina, pero la señora se negó, dijo que con eso se iba a quedar ciega y se sintió agraviada.

Comunicó el altercado a sus superiores de la jurisdicción y al delegado municipal; la respuesta fue la misma: “se tenía que aguantar”. A pesar de ese y otros malos tratos, “soportó” hasta finales de mayo, cuando volvió de la Ciudad de México tras recoger unos estudios. Dentro de la unidad, ocho mujeres la esperaban con actitud y palabras amenazantes: “Sígale así y la vamos a matar, todo lo que usted haga lo va a pagar el siguiente pasante”.

Los oficios obtenidos indican que 50 mujeres y 34 varones fueron agredidos o amenazados. Además, del total de denuncias, 10 renunciaron al servicio: en Guerrero, tres; en Zacatecas, Nayarit, Guanajuato, Oaxaca, Tlaxcala, Puebla y Querétaro, un caso en cada uno.

Cinco asesinatos de pasantes en servicio son otro dato crudo de los registros de la Ssa y el IPN. Ocurrieron en Jalisco, en 2008 (del IPN, muerta a machetazos); Nayarit, en 2011; Colima, en 2012; Sonora y Tamaulipas, en 2014. Dos casos más fuera de esos documentos, pero con eco en medios de comunicación, se suman a la lista: el de Julio Arroyo, de la UAC, encontrado con huellas de tortura en el cuello en noviembre de 2013, en Campeche; y el de María Teresa Adona, quien apareció colgada de un árbol en junio de 2015, en el municipio de León, Guanajuato.

Golpes de proyectiles se escucharon uno tras otro durante media hora, el cristal de la puerta del centro de salud de Santiago Tepetitlán estaba estrellado y los agresores insistían en que sacaran a las mujeres. Karen Valverde temió que se repitieran incidentes como los de octubre de 2012 en la unidad médica de la comunidad El Macho, municipio de Tecuala, Nayarit, donde cuatro sujetos violaron a una pasante, y también en San Pedro Comitancillo, Oaxaca, en octubre de 2015.

Antes de que cesara el ataque, una de los pasantes pudo comunicarse con su coordinadora y pidió ayuda, pero fueron socorridos hasta la 1:30 de la madrugada, cuando los malhechores tenían una hora de haberse marchado. Lo único que hallaron los policías y autoridades municipales fueron docenas de piedras alrededor del centro de salud, que horas antes fue el lugar de festejo del Día del Médico, razón por la que Karen y sus compañeros estaban ahí reunidos.

 

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