En el punto más al sur de la frontera entre México y Estados Unidos, donde el Río Bravo desemboca en el golfo de México, una nueva medida en contra de inmigrantes indocumentados está afectando a cientos, tal vez miles, de niños estadounidenses.

A principios de este año, autoridades del estado de Texas en los condados fronterizos de Starr, Hidalgo y Cameron empezaron a negar la entrega de actas de nacimiento a los hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en Estados Unidos cuyos padres no cuenten con una identificación oficial “válida”. Esto se ha convertido en un problema a partir de los nuevos criterios aplicados por la autoridad, al considerar que la matrícula consular o el pasaporte expedidos por el gobierno mexicano, única identificación oficial de estos inmigrantes, no constituyen una identificación “segura”.

Aunque en teoría no se niega la nacionalidad o ciudadanía estadounidense a los niños, quienes sí están siendo registrados, el hecho de que sus padres no puedan tener en sus manos el acta de nacimiento que acredita su identidad y su registro como nacidos en Estados Unidos, los está dejando en una situación de vulnerabilidad, que en la práctica los convierte en apátridas.

“Cuando llegaron las fechas de inicio del año escolar solicitamos una orden de emergencia a la Corte para que les entreguen actas de nacimiento a los niños, porque sin ellas no pueden registrarse en las escuelas”, explica Efraín Olivares, abogado senior de Texas Civil Rights Project (TCRP), una organización de defensa legal de inmigrantes en ese estado. “Hay otras consecuencias: algunos de los niños están por perder el servicio de atención médica al que tienen derecho por ser ciudadanos estadounidenses, y otros más tendrán problemas si sus padres son detenidos por alguna autoridad porque, ¿cómo compruebas que es tu hijo sin acta de nacimiento, que es el documento que lo acredita?”

La respuesta a esta situación ha llegado por la vía legal: el 26 de mayo, TCRP, en conjunto con Texas Río Grande Legal Aid y la organización La Unión del Pueblo Entero (LUPE), presentó una demanda en contra del Departamento de Servicios de Salud del estado de Texas, la instancia encargada del proceso de registro de los niños y de la emisión de las constancias de dicho trámite. La argumentación plantea que negar la entrega de actas de nacimiento a niños ciudadanos de Estados Unidos constituye una violación a la Constitución de ese país.

La demanda ha sido enmendada en dos ocasiones para agregar a un mayor número de afectados. De acuerdo con Olivares, quien forma parte del equipo legal a cargo de este caso, actualmente son 25 familias, conformadas por 28 adultos y 32 niños, los sujetos de la demanda. Sin embargo, LUPE, con más de 7 mil miembros, se ha presentado directamente como instancia afectada, por lo que algunas familias que cumplen con el perfil de los afectados por la demanda se seguirán sumando a través de su afiliación a esta organización. De los casos registrados hasta ahora, hay una madre hondureña y una guatemalteca; todos los demás niños son hijos de padres mexicanos.

Las autoridades estatales han presentado una moción para que se desestime la demanda, de manera que el caso depende de una resolución de la Corte. La próxima audiencia está programada para el 2 de octubre; en tanto, la vida de los menores y sus familias está afectada.

“Tenemos un caso de un niño que está en Reynosa, Tamaulipas, es ciudadano estadounidense y la familia necesita el acta de nacimiento para que el menor pueda regresar. Por el momento no puede”, relata Olivares. “Hemos tenido otros casos de familias indocumentadas a las que interrogan en los retenes de Inmigración —práctica habitual en un área de 160 kilómetros hacia adentro de la franja fronteriza—, a las que les piden que comprueben que los niños son suyos. ¿Cómo le haces?”.

Conflicto binacional

Aunque algunos medios han aprovechado el debate político en materia de inmigración generado por las campañas de los precandidatos a la presidencia de Estados Unidos, y especialmente por el discurso del empresario Donald Trump, este caso no tiene que ver con el derecho de los niños a la ciudadanía estadounidense, sino con la validez del documento de identificación que los indocumentados, principalmente mexicanos y centroamericanos, utilizan para realizar sus trámites oficiales.

La matrícula consular, documento expedido por los consulados de México y de otros países en EU, solía ser aceptada por las autoridades de Texas. Un cambio en los lineamientos provocó que se dejara de aceptar, creando un tropiezo diplomático entre ambas naciones.

Durante los meses posteriores a la presentación de la demanda, el cargo de embajador de México en Estados Unidos aún se encontraba vacante —tras la salida de Eduardo Medina Mora en marzo—, de manera que no hubo pronunciamiento alguno por parte de las autoridades mexicanas hasta el 24 de agosto, cuando la Secretaría de Relaciones Exteriores presentó el recurso conocido como Amicus Curiae (amigo de la Corte) ante la Corte Federal del Distrito Occidental de Texas.

En el escrito de 19 páginas, la Cancillería manifiesta su apoyo a la demanda presentada por TCRP y Texas Legal Aid, para preservar el derecho de hijos de padres indocumentados nacidos en ese estado a recibir un certificado de nacimiento como ciudadanos de EU. “Las expresiones de duda sobre la integridad de los documentos expedidos por un país amigo constituyen un elemento discordante en las relaciones binacionales”, señala el documento.

Más tarde, la Cancillería emitió un comunicado oficial asegurando que “esta política pone a los recién nacidos hijos de indocumentados en un estado de gran vulnerabilidad, ya que viola su derecho a la identidad (…) y les impide el acceso a servicios básicos como salud y educación”, además de que “incide negativamente en el desarrollo de las relaciones internacionales de Estados Unidos, al establecer medidas selectivas y un trato diferenciado que afecta la dignidad de nacionales extranjeros y sus familias”.

Por su parte, Carlos González, cónsul de México en Austin, reiteró que tanto la matrícula consular —que se expide en los 11 consulados de México en Texas—, como el pasaporte mexicano, cumplen con los más altos estándares de seguridad internacional. Las autoridades en Texas han dicho que aceptarán el pasaporte sólo si va acompañado de una visa estadounidense.

Soluciones temporales

Aunque las organizaciones demandantes se mantienen optimistas sobre el fallo de la Corte en este caso, el proceso podría prolongarse sin una solución temporal para las familias afectadas. Incluso los niños que podrían gozar de los beneficios de la doble nacionalidad, debido a que sus padres son mexicanos tendrán problemas al ser registrados ante el gobierno mexicano si no cuentan con un acta de nacimiento del país en el que han nacido, que diga quiénes son y quiénes son sus padres.

“Aunque técnicamente los niños tienen un país, porque están registrados, sin la copia del acta de nacimiento son prácticamente apátridas, porque no tienen cómo comprobar su identidad”, reitera Olivares.

Ante la complejidad del caso, las instancias responsables de otorgar los servicios se han hecho cargo de dar soluciones temporales.

“Las escuelas de la región han empezado a matricular alumnos dándoles un plazo de un mes para que lleven su acta de nacimiento”, comenta Olivares. “En el caso de la atención médica están haciendo lo mismo: te recibo ahora y me traes los documentos la próxima vez. Son acciones de ‘buena gente’, pero eso provoca tensión por la amenaza de que en cualquier momento te pueden quitar el servicio por no contar con acta. Lo que necesitamos darles es la certeza legal de que sus derechos están garantizados”, afirma.

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