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Expertos en materia de Protección de Datos Personales discutieron acerca del tema relacionado con las nuevas reformas pendientes en la materia y que en breve deberán ser legisladas por el Congreso de la Unión.

Durante el Foro “Protección de Datos Personales: Retos y perspectivas del Estado”, organizado por la Fundación Konrad Adenauer en México se mencionó la necesidad de que el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) supervise de forma constante las negativas que otorgan dependencias gubernamentales al negar información argumentando la protección de datos personales.

“El INAI debiera supervisar y detectar abusos por el uso de la protección de datos personales contra el derecho del acceso a la información”, comentó Luis Fernando García, Director de la Red de Defensa de los Derechos Digitales (R3D).

En la primera mesa redonda denominada “Iniciativas Ciudadanas por los Derechos Digitales”, los expositores coincidieron en que se ve una que protección de datos pero no siempre beneficia a los ciudadanos y en cambio sí a las autoridades.

Tal fue el caso que expuso Iván Benhumea, de la organización Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C., sobre la protección de datos personales en Aguascalientes, al negar información relacionada con los contratos otorgados en materia de publicidad oficial. Esto, a pesar de que a nivel federal es información pública.

La argumentación del gobierno de Aguascalientes para negarse a entregar información fue porque se debía proteger los datos personales de las empresas beneficiadas con los mismos contratos.

Gabriela Morales, de la organización México Infórmate A.C. expuso otro ejemplo mal utilizado en la actualidad y que tiene que ver con el supuesto “derecho al olvido”.

Y es que de acuerdo a la experta en transparencia y acceso a la información, no se puede exigir la protección de datos personales y con ello omitir revelaciones periodísticas documentadas.

Esto luego de que el INAI ordenara a la empresa Google a desindexar de los buscadores el nombre del empresario Carlos Sánchez de la Peña, accionista de Estrella Blanca y contratista del gobierno federal, que se benefició durante sexenios panistas.

“Esto no puede ser posible porque afectaría la libertad de expresión”, dijo Gabriela Morales.

Por último David Mora, de la organización Artículo 19, mencionó que también los datos personales han salido a cuento en archivos históricos, cuando esto no debiera ser así.

Luego de las reformas en materia de transparencia y específicamente en la Ley de Archivos, se impuso un cierre casi total de archivos históricos por supuesta protección de datos personales. Con ello se ha cerrado el acceso a ciertos documentos como el de la Galería 1, dedicada principalmente a eventos ocurridos en los años 70, durante la conocida Guerra Sucia.

“Así como recabar datos no es medida aleatoria, censurar los datos del pasado tampoco lo es”, expresó David Mora.

En conclusión los expertos consideraron que se debe hacer una ponderación entre los derechos pues tanto el de datos personales como el de acceso a la información son igual de importantes pero pareciera que se defiende más la protección de los servidores públicos que de los ciudadanos comunes.

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