Concentran 5 entidades casos de posible lavado

Jorge R tuvo que aceptar que le “bajaran” 25% del monto total del contrato obtenido en una de las alcaldías más grandes del país. El problema: ¿Cómo justificar la transferencia de tanto dinero a una sola persona? Para ello, el ingenio mexicano se pinta solo. El gobierno local abrió una cuenta para crear un “fideicomiso” que “rescataría” un fondo perdido. Y en lugar de entregarse recursos del gobierno, el empresario debería trasladar ahí la cantidad pactada. Después, lo demás sería sencillo. “Pagas, te damos el contrato, recibes tu parte y nosotros la nuestra”, le expusieron al empresario quien, además de ser extorsionado, debía prestarse al lavado de dinero.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reveló que en las 32 entidades federativas se han presentado 2 mil 816 operaciones preocupantes a lo largo de nueve años (2007-2015). Durante ese lapso, el Distrito Federal es el lugar donde más incidencias de este tipo se han suscitado, con 678 operaciones, pero se considera a la ciudad de México como caso aparte, debido a que es el centro financiero del país.

De acuerdo con la solicitud de información 0000600075015 presentada por este diario a la SHCP, la dependencia también informó de los procesos inusuales y de los relevantes en toda la República, como se puede observar en la infografía.

Las entidades con el mayor número de operaciones preocupantes son Sinaloa, Chihuahua, Sonora, Colima y Nuevo León. Caso aparte es el Distrito Federal.

Las operaciones “preocupantes” se dan cuando los directivos, funcionarios, empleados y apoderados de las instituciones financieras, sin justificación alguna, mantienen un nivel de vida notoriamente superior al de sus posibilidades, participan en la realización de procedimientos inusuales o cooperan en la ejecución de un delito.

Pocas pesquisas

El lavado de dinero casi no es consignado por las autoridades; son pocas las averiguaciones previas que concluyen con éxito, de acuerdo con datos estadísticos entregados por la Procuraduría General de la República (PGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Sin embargo, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo que combate este crimen a nivel mundial, ha reconocido que México ha intentado mejorar en los índices de detenciones y arrestos por este delito.

De diciembre de 2012 a diciembre de 2014, de acuerdo con la solicitud de información 0001700059515, presentada a la PGR, se han iniciado 925 averiguaciones previas a nivel federal por el “presumible ilícito de operaciones con recursos de procedencia ilícita”.

En otro reporte, presentado por la UIF, las denuncias presentadas por esta falta ante la PGR fueron de 406, pero en un lapso de nueve años (2007-2015).

El norte con más reportes que el sur

Sinaloa, Chihuahua y Sonora ocupan los primeros lugares en cuanto a operaciones preocupantes, de acuerdo con lo detectado por la Secretaría de Hacienda.

Le siguen Colima, Nuevo León, Jalisco, Michoacán, Quintana Roo, Guanajuato, Chiapas, Estado de México y Oaxaca.

Esas entidades forman parte del top ten de las que más han presentado fallas de algún tipo dentro de las instituciones financieras y por ello algunas de las acciones efectuadas son consideradas como “preocupantes”.

De acuerdo con la Secretaría, las instituciones financieras que se prestan más al ilícito son las casas de bolsa, los centros cambiarios, bancos y las aseguradoras.

Pero en 2013 las alarmas se prendieron en las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo. De no existir ninguna alerta por la problemática, en 2013 hubo 82 casos, en 2014, 72 y en lo que va del año, 48.

Ello contrasta con la situación de las aseguradoras, que en sólo un año (2007) arrancó con 419 movimientos de este tipo y después de 9 años, se quedó en 465.

Otras entidades financieras que llaman la atención por presentar este tipo de irregularidades, en ocasiones relacionadas con el lavado de dinero, tienen que ver con las administradoras de fondos para el retiro, que en los últimos nueve años han sumado 14 procedimientos preocupantes.

Sin acceso a información oportuna

A sus 31 años, Carlos Parra Pedroza sabía lo que era lavar dinero para cárteles de la droga y movía sumas millonarias de dinero en negocios de joyería en Estados Unidos (EU). A través de varias tiendas, una de ellas conocida como Shopping Silver, se dedicaba al igual que otros 31 mexicanos, a “mover” en Estados Unidos una red de blanqueo de capitales, provenientes del tráfico de droga.

La red financiera incluía estados como Texas, Chicago, Wisconsin, entre otros. Las acciones se llevaron a cabo desde 2011 y hasta febrero de 2014, fecha en que fueron detenidos y acusados por la Corte de Estados Unidos en Chicago.

Las declaraciones de los detenidos son públicas, e incluso se puede encontrar el expediente completo en el sitio web de la Corte de Chicago (http://www.justice.gov/usao/iln/pr/chicago/2015/pr0211_02a.pdf).

A diferencia de las investigaciones sobre lavado de dinero que se llevan a cabo en países como Estados Unidos, en México esta información no es lo suficientemente difundida o incluso se desconoce si se llevaron a cabo las indagatorias.

Así fueron los casos en los que se investigó el blanqueo de capitales en los bancos HSBC y CitiGroup, los cuales se dieron a conocer en Estados Unidos. Así ocurre también en las decenas de situaciones que se investigan de mexicanos vinculados al lavado de dinero, en los que los testimonios e indagatorias son públicos en las Cortes de Estados Unidos, sin embargo, en México no.

Tener acceso a datos y documentos de las personas físicas o morales que incurrieron en el crimen, es prácticamente imposible que ocurra en el país.

Lo más que se puede conocer es información solicitada a través de la Ley Federal de Transparencia o en los reportes públicos que deben entregar las dependencias a organismos internacionales.

Reservan casos de municipios

Los reportes conocidos como “preocupantes” o “inusuales” así como los “relevantes” de cada uno de los municipios fueron reservados por seis años, de acuerdo con la SCHP, lo que fue confirmado por el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI).

¿La justificación de Hacienda? “Se podrían estigmatizar o catalogar públicamente a ciertas zonas del territorio nacional como aquellas en las que más se lava dinero, sin que esto necesariamente sea así, de tal manera que se afectaría al sistema fianciero de dicha zona geográfica del país”.

Samuel García, analista económico, concluye sobre este tema: “Hay muy poco control, muchos menos reportes públicos. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores no da reportes públicos detallados acerca de este tipo de cosas, justificándose en que hay una secrecía bancaria y que la ley se lo prohíbe”.