Vigilantes de la UNAM, sin armas y con acción limitada

Sólo cuentan con silbato, radio y linterna, además de algunos cursos teóricos; a consigna de la unidad jurídica es no meterse en broncas, que nada trascienda
La policía de la Ciudad de México sólo opera fuera de las instalaciones de Ciudad Universitaria. Si un carro lleva droga, nadie lo revisa: “Entrando a la UNAM estás en territorio libre”, señalan vigilantes (ALEJANDRO ACOSTA. EL UNIVERSAL)
05/07/2017
03:40
ERIKA FLORES
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“El departamento de vigilancia de la Universidad se ha sostenido de milagro. Ahorita estamos en crisis, pero llevamos años manteniendo esto como Dios nos da a entender, porque no estamos armados y nuestras facultades de acción son limitadas”, relata uno de los vigilantes de Ciudad Universitaria adscrito al equipo que durante años fue conocido como Auxilio UNAM, aunque recientemente cambió de nombre a Dirección General de Prevención y Protección Civil (DGPPC).

“Recibimos algunos cursos teóricos, pero la realidad es que tenemos pocas herramientas de trabajo: sólo cargamos un silbato, radio y alguna linterna. Así hemos sobrevivido años y años”, explica.

Bajo este esquema operan los casi mil 400 vigilantes responsables de la seguridad del campus principal de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), al sur de la Ciudad de México. Su funcionamiento es contado a detalle por tres integrantes de este grupo de personal sindicalizado, que durante los turnos matutino, vespertino y nocturno, deben resguardar la seguridad física de alumnos, académicos, funcionarios, bienes e inmuebles de la institución.

A una semana de que EL UNIVERSAL dio a conocer la operación de una célula del presunto Cártel de Tláhuac, se entrevistó por separado a tres de los vigilantes, quienes hablaron de otros focos rojos de seguridad en CU que, afirman, les impide desempeñar mejor su trabajo.

Por seguridad, ellos pidieron resguardo de su identidad, por lo que los nombres que se utilizarán en aquí son ficticios.

Zonas rojas y taxis colectivos. Emmanuel trabaja aquí desde los años 90 y ahora se desempeña en el turno matutino: “Desde hace cinco años todos sabíamos que los frontones, Los Bigotes y la Facultad de Filosofía y Letras y sus alrededores, son lugares riesgosos. La Universidad se divide en nueve zonas y tenemos una décima que es la lateral de Insurgentes, en el perímetro de la Rectoría. La atención especial se focaliza en la zona 4 [los frontones] y la zona 6 [Los Bigotes]”, dice.

En la zona de los frontones, la principal desventaja es que es un lugar de juego aislado, sin edificaciones, sólo áreas verdes y explanadas.

Caso contrario es la zona 6 (Los Bigotes), que por la cantidad de movilidad humana se ha convertido en un punto difícil de vigilar, por su similitud con un Cetram (Centro de Transferencia Modal). Aquí desembocan de manera externa la terminal del Metro Universidad y un promedio de 10 rutas de microbuses externos.

Dentro del campus confluyen siete rutas del Pumabús, más una base de taxis privada (conocida popularmente como “los de la banderita amarilla”) que opera sin que nadie sepa a ciencia cierta quién es su líder, cuántos taxis tiene, quiénes los operan, cómo funcionan y por qué la Rectoría de la UNAM (o qué autoridad administrativa) permite su funcionamiento desde hace casi cinco años.

“Ciudad Universitaria tiene muchos fenómenos que aparentemente son aislados, pero que a diario nosotros los vemos como parte de una problemática general. Por ejemplo, esos taxis no operan como transporte individual, sino como peseros, porque suben cinco personas que van a un mismo lugar y se cooperan para pagar la dejada”, describe.

Emmanuel señala que la Dirección de Movilidad Universitaria —recién creada— les ordenó evitar por las mañanas el ingreso al campus de taxis particulares que no lleven pasaje, para evitar que se queden a trabajar todo el día allí. Nunca han recibido la instrucción de sacar también a los transportes de la banderita amarilla.

“Es un misterio. La Universidad nunca ha ordenado un operativo contra ellos que, a diferencia del Pumabús, que es un transporte gratuito, funcionan como un transporte privado, ¿Quién los autorizó, con quién se reportan? Nadie lo sabe”. Por eso Emmanuel no descarta la posibilidad de que algunos de ellos trabajen como halcones.

¿Quién opera las videocámaras? No lo dice por negar la acusación que los vincularía como parte de la estructura del presunto Cártel de Tláhuac, sino porque, en su opinión, puede ser una realidad: “Mira, seguramente muchos de nosotros como vigilantes de la Universidad supimos o leímos el reportaje que ustedes publicaron, pero es un tema del que no queremos hablar ni investigar ¿Cómo para qué? Si hay compañeros involucrados, ninguno te lo va a decir, pero también es cierto que muchos no estamos involucrados en eso”.

Agustín lleva 18 años trabajando como vigilante en el turno vespertino, pero no tiene la menor idea de quién opera las cámaras de vigilancia que hay en el campus: “Creo que cuando menos serán unas 200, se localizan en el edificio del Archivo General de la UNAM, donde está la DGPPC y corresponde a la zona 7, cerca de avenida Imán.

“En ese edificio se construyó un piso extra, de acceso restringido, allí están las pantallas de las cámaras. Suponemos que funciona como el C4 de la policía capitalina, pero nosotros como grupo de vigilancia no las operamos ni sabemos quién trabaja con ellas o qué uso dan a la información que estas cámaras les proporciona. Entiendo que dependen de otra área dentro de la Dirección General de Prevención y Protección Civil, porque la Universidad tampoco es una cueva donde te metas y nadie vea nada”.

En Ciudad Universitaria los vigilantes se reparten en cinco turnos: matutino, vespertino; nocturno uno y nocturno dos (que trabajan terciados), y el quinto que se desempeña sábados, domingos y días festivos: “Nuestra tarea es compleja, porque el reglamento dice que somos un ente preventivo, no reactivo ni de carácter policial que pueda intervenir. Puedo decirte que, por ejemplo, no estamos facultados para revisar un coche, así que sería muy fácil que un carro entre cargado con droga y se ponga a vender o distribuir en cualquier punto, porque no hay una policía judicial o federal que llegue a revisarte. Entrando a la UNAM estás, por así decirlo, en territorio libre”.

Hasta hace algunos años, Agustín recuerda que sí podían revisar todo automóvil que salía o entraba al campus después de las 11 de la noche; era una regla. Pero desapareció.

En el cuerpo de vigilancia nocturno trabaja Juan Carlos. Tiene más de 25 años allí y describe la imagen que la comunidad universitaria tiene de ellos: “O somos los malos o somos los tontos. Por la noche, tus jefes te ordenan sacar a la gente porque tenemos que cerrar el campus. Cuando patrullo la zona que tengo asignada y le pido a la gente que por favor se retire, se molestan y te dicen que eres un represor. Si la gente no se va es porque están tomando, drogando o echando novio, y horas más tarde alguien llega, los asalta y los golpea, entonces nos acusan de inútiles porque no hicimos nada al respecto”.

Agustín y Juan Carlos conocen las categorías del vigilante, el uniforme a usar, los horarios de trabajo y uso de los vehículos, por eso frente a situaciones de violencia o inseguridad, cada quien actúa a criterio personal, o bien, bajo las instrucciones y línea del jefe en turno.

“Como en toda burocracia, tu jefe es el amigo de alguien que llegó a un puesto alto en la Universidad. Nos damos cuenta que no conocen el tema de seguridad y que por eso, una semana te ordenan hacer más recorridos a pie en lugar de en vehículo, pero a la siguiente te dicen que no, que es que mejor en carro cada tres horas, y así cada vez”.

Agustín habla también del aumento en el número de inmuebles en Ciudad Universitaria. La construcción de nuevos edificios, aulas y salas en facultades e institutos implica que éstos también deban ser cuidados por los mismos mil 400 vigilantes, cuya plantilla no se ha incrementado.

En estos años, dependiendo de la administración, se dieron modificaciones en su trabajo, dejaron de llamarse Auxilio UNAM dentro de la extinta Dirección General de Protección a la Comunidad (DGPC), que cambió de nombre a Dirección General de Servicios Generales, hoy es la DGPPC.

“Tenemos una unidad jurídica que se supone es la representante de la Universidad y que muchas veces no es de utilidad, porque no tiene un actuar amplio. Por ejemplo, si en mi turno detengo a alguien porque le pegó con su coche a una de las barreras de seguridad, porque está golpeando a otra persona, porque asaltó a alguien o se robó un celular, y lo pongo a disposición de la unidad jurídica, nos encontramos con que muchas veces ellos minimizan la situación y terminan diciéndote: ‘¡No pasó nada, ya vámonos!’ Por eso entendemos que su consigna es no meterse en broncas, para que nada trascienda”.
 

 

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