El país, sin índices sobre derechos ni corrupción: UNAM

justiciaysociedad@eluniversal.com.mx

México no cuenta con indicadores e índices oficiales de derechos humanos y aún no se tienen datos oficiales sobre la corrupción, destaca un estudio realizado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

Al inaugurar el foro Corrupción y sus implicaciones sobre el pleno goce y ejercicio de los derechos humanos, donde se analizó ese estudio, el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, destacó que la corrupción es un fenómeno que indigna y molesta a la sociedad, que se expresa en actos ilícitos que debilitan el Estado de derecho.

Durante su participación, Arely Gómez González, secretaria de la Función Pública, dijo que de nada sirve a la sociedad que las instituciones declaren la existencia de los derechos humanos si no hay un verdadero Estado de derecho.

En el foro participaron expertos como Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el ómbudsman nacional dijo que la corrupción atenta contra las instituciones democráticas y vulnera la dignidad humana.

Explicó que la corrupción va desde entregar dinero a las autoridades, hasta el desvío de recursos públicos, acción que compromete la capacidad del Estado para proveer de servicios y mejorar la infraestructura.

Detalló que una encuesta del Inegi de 2015 señala que la corrupción se ubicó en segundo lugar de los problemas que más preocupan a la sociedad. Ese problema significó la pérdida de empleos y recursos públicos por 9% del Producto Interno Bruto.

“Para muchos es una parte inherente del ejercicio del poder y que encuentra un entorno propicio para su desarrollo en las estructuras burocráticas sujetas a regulaciones ineficaces, poco transparentes y sin mecanismos reales de rendición de cuentas”, expuso Salazar Ugarte.

Tras afirmar que el problema en México no es algo nuevo, agregó que en la medida en que la corrupción se hace presente, se precariza el cumplimiento y la aplicación de la ley.

A su vez, Arely Gómez González aclaró que si no se garantiza el Estado de derecho, la vigencia de los derechos y no se tienen instituciones confiables, “no hay expectativa de una verdadera vigencia de los derechos humanos”.

“Ahí, donde impera la corrupción, no puede existir el Estado de derecho; ahí, donde no existe un verdadero Estado de derecho, no puede haber una plena vigencia de los derechos humanos, y ahí, donde no hay una plena vigencia de los derechos humanos, el gobierno falta por completo a su responsabilidad frente a la sociedad”, aseguró la funcionaria.

El documento Los derechos humanos y la corrupción en México. Análisis de las tendencias en las entidades federativas entre 2000 y 2014, expone que si no se tienen mediciones en materia de derechos humanos y corrupción, no se pueden construir líneas de trabajo para hacer diagnósticos sólidos.

“México no cuenta con indicadores e índices oficiales de derechos humanos, ninguna institución oficial se ha dado a la tarea de conformar indicadores que permitan integrar un índice para medir derechos y replicar esas mediciones a lo largo del tiempo, ya sea por municipio, por entidad o a nivel nacional”, dijo la secretaria.

Gómez González explicó que no se cuenta con datos oficiales sobre la corrupción y que, si bien los datos construidos provienen de fuentes oficiales, no son utilizadas por el Estado mexicano como línea base para analizar el fenómeno de esta problemática ni el impacto que tienen las políticas y las estrategias anticorrupción.

En el análisis de las entidades entre los años 2011 y 2015 se destaca que en relación con la seguridad pública, entre 85% y 95% de la población consideró que la policía es corrupta. Las entidades con la percepción más elevada en ese rubro son: Estado de México, Tabasco y Tamaulipas.

En la percepción de corrupción en la impartición de justicia pasó del 57% a 84% y las entidades que encabezan la lista son: Ciudad de México, Estado de México y Oaxaca.