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El hecho de que al menos dos de los detenidos por la desaparición de 43 estudiantes normalistas hayan sido torturados para obtener su declaración no influye directamente sobre la validez de la investigación, únicamente anula esas declaraciones, informó Alfredo Higuera Bernal, fiscal especial del caso Iguala.
“De ocho resultados en concreto de esos protocolos, seis resultaron negativos, dos fueron positivos. Todo eso tendrá las implicaciones que en cada caso concreto correspondan, la consecuencia. Lo natural de una declaración obtenida bajo tortura es la nulidad, no necesariamente que se deje sin efecto el conjunto de actuaciones o elementos de prueba que haya en un caso”, explicó.
EL UNIVERSAL publicó ayer que un informe de la Visitaduría de la PGR podría poner en peligro el caso debido a que se documentaron una serie de violaciones al debido proceso, como tortura y falsedad en declaraciones.
En conferencia, Higuera Bernal aceptó al respecto que ocho de los detenidos por su probable relación con los hechos ocurridos el 26 de septiembre de 2014 acusaron ser víctimas de tortura, por lo que la PGR solicitó a Servicios Periciales que se les aplicara el Protocolo de Estambul (manual para documentar la tortura), de los cuales dos resultaron positivos.
Se trata de Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, quien presentó algunas lesiones que pudieran corresponder con maniobras o acciones de tortura, pero se negó a que se le realizara la evaluación sicológica obligatoria, tal como establece el Protocolo de Estambul.
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Édgar Vieyra Pereyda, El Taxco, presentó en su análisis lesiones que corresponden a tortura física, pero no reacciones sicológicas.
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