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Una Fiscalía de Combate a la Corrupción no será posible si antes no se consolida la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio y si no se abre a los investigadores información fiscal y bancaria de los investigados.
Expertos expusieron los principales obstáculos con rumbo a la creación de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción y coincidieron es que es necesaria una mayor capacidad de investigación, sobre todo en materia fiscal y administrativa.
Durante el Foro Combate a la Corrupción. Nuevo Marco Normativo. Modelo de Fiscalía. Obstáculos, que se llevó a cabo en las instalaciones del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), por superar se hizo un llamado a reforzar la estructura de la Procuraduría General de la República (PGR) en labor de investigación antes de nombrar al fiscal titular.
Ernesto Canales Santos, Fiscal Anticorrupción de Nuevo León, señaló que desde su experiencia uno los principales obstáculos en el combate de la corrupción es la Ley de Amparo, porque este recurso jurídico "trastoca una política eficiente".
Canales dijo que un segundo obstáculo es la falta de acceso a la información de las entidades federales sobre datos de los investigados, sobre todo los fiscales y bancarios.
El fiscal mencionó que un reto es la aplicación del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio porque ahora es necesaria una mayor investigación.
"En México no existe la capacidad sobre todo para los niveles de corrupción", alertó.
Además, aseguró que los jueces con el nuevo sistema han adquirido un poder "que no acaban de asumir".
Al respecto, Ana Laura Magalón, directora de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), señaló que la PGR no está lista para un combate a la corrupción.
"La PGR no está especializada en este tipo de delitos, nunca lo ha hecho y no lo va a hacer. Soy de las que apoyan que el fiscal no debería ser designado ahorita", expresó durante su participación.
Debe tomarse en cuenta, dijo Magalón, la necesidad de incluir en las investigaciones a personal experto en administración pública y finanzas.
Juan Pardiñas, del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), urgió que la Fiscalía comience actividades antes de que el problema de corrupción tenga mayor alcance.
"Lo que está pasando Tamaulipas, lo que está pasando en Veracruz, corremos el riesgo de que le pase a todo el país si no comenzamos un combate real a la corrupción", señaló.
En su participación José Mario de la Garza, presidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, sugirió que exista un proceso de impugnación ciudadana para la selección del fiscal titular.
De la Garza dijo que también debe considerarse un procedimiento de remoción del fiscal cuando éste no funcione porque "no es posible pensar en un fiscal que esté nueve años en un puesto donde no cumple las expectativas".
