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La mala clasificación de los homicidios y el subregistro de éstos son las principales causas de la manipulación de datos en la incidencia delictiva en el país, lo que impide tanto a autoridades como a la ciudadanía conocer la dimensión real del fenómeno. Esto deriva en diagnósticos erróneos y políticas públicas ineficientes para atender el problema.
Lo anterior se desprende del reporte “Cada víctima cuenta: hacia un sistema de información delictiva”, elaborado por la organización México Evalúa, que identificó los vacíos procesales existentes desde que se interpone una denuncia hasta que se contabiliza en las estadísticas de las procuradurías y fiscalías estatales que, a su vez, entregan al Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).
Proceso de denuncia y clasificación de delito
Estas fallas dan oportunidad a la disminución inducida de cifras, a través del subregistro, es decir, evitar o eliminar su registro de las estadísticas locales, o bien, de una reclasificación intencional que obedece a una estrategia deliberada, ocasionada de una orden superior. Según México Evalúa, ambas situaciones tendrían como finalidad mostrar una reducción en los delitos de alto impacto, como el homicidio.
En la revisión hecha a las últimas dos décadas, se observó que “a partir de enero de 2008 [un año después del inicio de la ‘guerra contra el narcotráfico’, implementada por el ex presidente Felipe Calderón], se presenta un aumento sustancial y sostenido en la tasa de homicidios dolosos hasta alcanzar un máximo de 1.86 homicidios por cada 100 mil habitantes en mayo de 2011”, explica el documento.
“Posteriormente, de finales de 2012 a principios de 2015, dicha tasa presenta una disminución sustancial, alcanzando un nivel de 1.05 homicidios en febrero de 2015. Finalmente, a partir de marzo de 2015, se presentó un nuevo aumento en el número de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, llegando a una tasa de 1.59 homicidios en agosto de 2016”, y como se muestra en el gráfico.
Carpetas de investigación abiertas por muertes, 2001 a 2016
La manipulación podría originarse en alguno de los tres momentos del proceso judicial. El primer acto de subregistro delictivo se puede dar al presentar la denuncia, puesto que la víctima puede ser persuadida de no llevarla a cabo.
El segundo momento es al clasificar el delito, porque depende del criterio del servidor público que tome la denuncia, porque es quien valora si es doloso o culposo. Una falla en este paso podría deberse a la falta de capacitación del personal, declaraciones falsas o una orden superior para manipular la información.
Cuando las denuncias llegan al centro estadístico de las procuradurías y fiscalías generales, para la actualización de los reportes, podría generarse el tercer momento para la alteración de estadísticas, que podrían ser reclasificadas tras nuevas precisiones emitidas con base en la investigación pericial y forense que se presentan a las autoridades luego de la denuncia. Estas modificaciones pueden ser reportadas expost al SNSP, que publica los datos cada mes.
Las lagunas detectadas en el proceso judicial obedecen a la falta de capacitación de los funcionarios, en distintos niveles y a que no existe revisión o auditoría alguna que garantice la veracidad de los datos.
El centro de análisis de políticas públicas que dirige Edna Jaime examinó la incidencia de homicidios culposos y dolosos en todo el país, de 1997 a agosto de 2016, con cifras del SNSP. Para la revisión se utilizó el número de estos delitos por cada 100 mil habitantes, cada mes.
El estudio retoma la experiencia internacional de Nueva York, Estados Unidos; Inglaterra, Australia, Irlanda y Nueva Zelanda. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) señala que el homicidio es uno de los indicadores más completos y precisos para medir la violencia, por lo que suele ser el punto de referencia para evaluar si va en aumento o a la baja.
En el caso de México, dicho delito se toma como referencia porque a diferencia de otros se persigue de oficio, es decir, sin levantar una denuncia. Además de que la cifra negra, aquella de los que no se tiene registro, es menor frente a otros indicadores delictivos.
El interés de la ciudadanía sobre la discrepancia en el número de homicidios en México se ve reflejado en las solicitudes de información que promueven vía transparencia.
El comisionado del Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), Joel Salas Suárez, señaló que ese órgano ha recibido un total de 981 solicitudes de información relacionadas con temas de seguridad nacional y de éstas, 188 derivaron en recursos de revisión. Lo anterior, lo dio a conocer durante la presentación del informe en el mes de marzo.
Elecciones, ¿foco rojo?
Según México Evalúa, “la información mensual permite detectar puntualmente los meses donde existieron cambios abruptos en los homicidios, así como diagnosticar relaciones sistemáticas entre los homicidios dolosos y los culposos en el tiempo”.
El 28% de las 136 administraciones estatales analizadas, entre 1997 y 2016, mostró una relación positiva en las tasas de homicidios, es decir, que la tendencia a la alza o baja de dolosos y culposos es similar, aunque unos no deben ser asociados con los otros porque son de distinta naturaleza.
Los “focos rojos” detectados por México Evalúa son en los estados de Quintana Roo, Tlaxcala, Tabasco, Estado de México, Michoacán, Jalisco, San Luis Potosí, Veracruz, Puebla, Durango, Nayarit y Colima. De estos, tres tendrán jornada electoral el 4 de junio.
En el caso de Coahuila, la cuarta entidad que tendrá comicios, las administraciones analizadas corresponden a las de Enrique Martínez y Martínez, Humberto y Rubén Moreira, siendo la del menor de los Moreira la que tendría posible manipulación de cifras, entre 2005 y 2011.
El Estado de México mostró el mismo patrón entre ambos ilícitos de enero de 2001 a agosto de 2016, lo que sugiere que existió una reducción artificial de las estadísticas de homicidios dolosos durante los gobiernos de Arturo Montiel, Enrique Peña Nieto y Eruviel Ávila. Sin embargo, en ésta última “resalta la magnitud y la relación entre ambos delitos. En particular, un aumento de 0.1 en los homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes se vincula a un aumento de 0.094 en los homicidios culposos por cada 100 mil habitantes”, indica la organización.
En lo que respecta a Nayarit, los periodos que reportan estos patrones atípicos son los de Ney González, de 2005 a 2011, y el actual gobernador Roberto Sandoval. En el caso de éste último, se observa un aumento de 0.028 homicidios dolosos asociado a un incremento de 0.073 homicidios culposos por cada 100 mil habitantes”.
En Veracruz se repite el mismo patrón con las administraciones de Miguel Alemán, Fidel Herrera y Javier Duarte, es decir, entre 2001 y agosto de 2016. Aquí, “un incremento de 0.1 homicidios por cada 100 mil habitantes estuvo asociado a un aumento promedio de entre 0.025 a 0.036 homicidios culposos.
De tal forma que, en 19 de las 32 entidades, se identificaron tendencias anormales entre los homicidios intencionales y no-intencionales en al menos una administración.
Aunque durante el estudio, la organización planteó la hipótesis de que esta incidencia se reduce en tiempo preelectoral, los resultados no lo demostraron así. Partió de la premisa “los gobernadores salientes tienen incentivos para falsear la información delictiva durante este periodo, con el fin de fortalecer la imagen de su partido o como catapulta para impulsar su carrera política, al reivindicar ante la opinión pública su papel en la reducción de violencia”.
Jonathan Furzsyfer, autor del reporte “Cada víctima cuenta: hacia un sistema de información delictiva”, explicó en entrevista que los efectos son poco notorios: “La manipulación tiende a hacerse más visible o probable en periodos previos a las elecciones; [sin embargo] hubo resultados muy modestos, es decir, que tiene efecto pequeño. No es una práctica que en sí misma nazca a partir de los periodos o las contiendas electorales”.
La organización México Evalúa propone la creación de un comité que audite y valide la veracidad de las estadísticas delictivas del fuero común. Furszyfer explica que “si no hay mecanismos legales, jurídicos e institucionales que eviten este tipo de prácticas se seguirán repitiendo. Una de las soluciones de política pública que ofrecemos es implementar un sistema de auditorías de datos delictivos”.
Según el investigador, sería un órgano similar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF). “Lo mismo esperaríamos que se usara con el secretariado y el Inegi, que pudieran tener pesos y contrapesos institucionales para vigilar y supervisar que las estadísticas delictivas sean de calidad en el registro”.
