Organizaciones campesinas demandan dejar fuera la agricultura del TLCAN

José Jacobo Femat, presidente nacional de la COCYP, expresó que "en virtud de la grave devastación en el campo generada por el TLCAN, el gobierno está obligado a retirar de la mesa de negociación con EU, el aparato agropecuario
Foto: Archivo/ EL UNIVERSAL
29/01/2017
12:10
Perla Miranda
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Luego de 23 años de operar el TLCAN, en México se dejaron de sembrar 6 millones de hectáreas, se estancó la producción de granos básicos y actualmente se importan más de 15 millones de toneladas de maíz amarillo, así como oleaginosas y frijol.

 

Además, se perdieron  2 millones de empleos rurales y desapareció la estructura productiva que resolvía 95% de las necesidades alimentarias y de materia prima del país, detalló José Jacobo Femat, presidente nacional de la Central de Organizaciones Campesinas y Populares (COCYP).

Por ello exigió que “en virtud de la grave devastación generada por el TLCAN en el campo, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto está obligado a

retirar de la mesa de negociación con Estados Unidos, el apartado agropecuario”.

 

Con respecto a la decisión del mandatario estadounidense Donald Trump de renegociar el Tratado de Libre Comercio, comentó que es una oportunidad para reparar los graves errores cometidos por el ex presidente Carlos Salinas de Gortari, quien con esa firma, entregó la soberanía, los derechos sociales, el territorio y el mercado a gobiernos y empresas extranjeras.

 

Apuntó, que se inició el control total de las ramas productivas y sistemas producto por monopolios extranjeros, desde la producción de insumos hasta la industria y comercio de alimentos.

El dirigente de COCYP afirmó que con la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), México se obligó a cambiar todas sus políticas internas de desarrollo, a cancelar los programas oficiales de atención al sector rural, a disminuir los presupuestos de apoyo al campo, abandonar las estrategias de planeación del desarrollo rural, abandonar los proyectos de investigación en biotecnología, en animales y plántulas, a cerrar sus plantas productoras de semillas y fertilizantes, argumentó.

Agregó que con la firma del TLCAN nunca contempló alternativas para los productores y sus familias, el gobierno mexicano tampoco tuvo una propuesta de empleo para los miles de jóvenes emergentes de la población rural y urbana.

Además, trajo la quiebra económica de decenas de miles de pequeñas y medianas empresas acuícolas, pecuarias, avícolas, porcinos agrícolas, frutícolas, forestales, extractivas, de transformación y otras empresas regionales que no resistieron el embate capitalista de las empresas extranjeras.

La orientación impuesta por el grupo neoliberal en el gobierno se propuso el desmantelamiento del campo mexicano para facilitar el ingreso de capitales extranjeros, con numerosas ventajas que aún los gobiernos Federal y estatales mantienen por encima de los derechos constitucionales de los campesinos.

Para José Jacobo Femat, construir una estrategia de desarrollo integral para la Nación, considerando las capacidades territoriales, culturales y productivas del país, es una tarea urgente de la sociedad y gobierno, pero el TLCAN no es la solución, como se le ha querido justificar o vender.

La situación de miseria, abandono, desempleo y violencia que caracteriza al campo mexicano aún pueden ser considerado como un éxito del TLCAN, cuando son las empresas extranjeras las que se benefician de la comercialización de productos mexicanos como la cerveza, tequila, aguacate, fresas, café y otros productos, abusando de los campesinos con el apoyo del gobierno.

Señaló, el dirigente campesino, que los acuerdos comerciales en el mundo solo son mecanismo legales de intercambio comercial entre naciones, que en el caso de México solo han sido de beneficio primordial para empresas privadas de no más de 300 familias mexicanas y no más de 40 empresas extranjeras, en el ámbito rural.

 

Dejó en claro “las autoridades gubernamentales deben entender que los acuerdos comerciales  no son la panacea ni el fin de la sociedad mexicana para elevar sus condiciones de bienestar”.

El gobierno de la República está obligado a restituir los programas públicos y presupuestos que el campo tenía y necesita para impulsar su desarrollo, al rediseño de una política pública que proteja los recursos naturales y minerales del país, a restablecer los principios sociales de la Constitución y fortalecer la estructura agraria desmantelada con las reformas salinistas además es urgente acabar con el mercado libre de tierras que ha servido para despojar a millares de campesinos por las empresas mineras extranjeras.

 

cfe

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