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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite las acciones de inconstitucionalidad promovidas por la Procuraduría General de la República (PGR) y la Comisión Estatal de Derechos Humanos contra las leyes anticorrupción aprobadas por el congreso de Sinaloa.
Al considerar que el congreso local transgredió los principios de certidumbre y seguridad jurídicas, la PGR presentó la acción de inconstitucionalidad el pasado 16 de septiembre.
El Alto tribunal admitió las acciones de inconstitucionalidad acumuladas 82/2016 y 83/2016 promovidas contra el decreto 768 por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la ley de justicia administrativa, mismas que fueron turnadas al ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.
El decreto impugnado permite que los magistrados que actualmente se encuentran en funciones en el Tribunal de Justicia Administrativa puedan ser ratificados y adquieran inamovilidad en el cargo.
Para la PGR dicha acción contraviene la intención del Constituyente federal, en el sentido de que los magistrados en funciones, exclusivamente podrán continuar por el tiempo que hayan sido nombrados.
“El Congreso del estado de Sinaloa transgredió los principios de certidumbre y seguridad jurídicas, toda vez que detrás del mandato del Constituyente de crear, primero, un Sistema Nacional, para luego, constreñir a las entidades federativas al diseño de Sistemas Locales, debió reconocer la existencia de un principio de integralidad según el cual, tales sistemas no pueden ser creados a partir de reformas aisladas, decretos descontextualizados o enmiendas parciales.
Los operadores jurídicos, no tendrán, en torno al Sistema Local Anticorrupción, la certeza de cuáles son las normas que lo rigen; es decir, carecerán del conocimiento pleno respecto de las reglas establecidas en las leyes que regirán y delimitarán la actuación de las autoridades dentro de dicho Sistema Local Anticorrupción”, indicó la PGR en día que impugnó.
