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A dos años de los sucesos en la comunidad de San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, Estado de México, donde 22 personas fueron asesinadas, entre ellas una adolescente de 15 años, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) afirmó que la recomendación 51/2014 que emitió el 21 de octubre de 2014, se encuentra con cumplimiento parcial, puesto que faltan puntos por atender.

En cuanto a las responsabilidades penales a cargo de los servidores públicos relacionados con los hechos, la CNDH dijo que si bien se han emitido resoluciones judiciales en la vía penal, la concerniente al fuero militar aún no es definitiva, porque está en apelación.

Agregó que está pendiente de determinarse la partida penal iniciada a raíz de la denuncia presentada por esta CNDH.

En cuanto a la del fuero común, informó que se ha reiterado a la Procuraduría General de la República (PGR) que incorpore las evidencias, consideraciones y observaciones contenidas en la recomendación 51/2014, y la documentación soporte de ello, así como los procesos del Estado de México por tortura relacionada con este caso.

La comisión nacional consideró prioritaria la reparación integral del daño a las víctimas, motivo por el cual, en estrecha coordinación con las autoridades recomendadas y en colaboración con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, se ha dado continuidad a la inscripción de los afectados directos e indirectos ante el Registro Nacional de Víctimas, para que tengan acceso a los derechos y beneficios previstos en la Ley General de Víctimas.

Sobre la recomendación dirigida a la Secretaría de la Defensa Nacional, con 10 puntos; para la PGR, con cinco puntos, y al gobierno del Estado de México, con ocho puntos, la CNDH dijo que se encuentra formalmente aceptada y ha sido atendida en los puntos que le corresponden, bajo la supervisión y seguimiento de ese organismo.

Aclaró que a la fecha, la recomendación 51/2014 aún se encuentra con cumplimiento parcial, porque faltan puntos por atender.

La CNDH recordó, con base en sus atribuciones, que el 12 de enero de 2015 recalificó la investigación como de violaciones graves de derechos humanos.

El organismo señaló, el 6 de julio de 2015, que se emitieron medidas cautelares a la Defensa Nacional para el efecto de que las órdenes, directrices e instrucciones militares se apeguen al marco constitucional, legal y normativo de su competencia.

Pidió se evite la utilización de lenguaje que pueda prestarse a confusiones o ambigüedades que deriven en acciones violatorias a derechos humanos; tales medidas fueron aceptadas y debidamente atendidas por la autoridad destinataria. Por lo que hace a las responsabilidades públicas administrativas, la CNDH indicó que a las tres autoridades recomendadas se les ha venido solicitando prosigan y determinen las probables responsabilidades en que incurrieron los servidores públicos que ejecutaron, ordenaron o toleraron las acciones y omisiones expresamente señaladas en la recomendación.

Ese organismo nacional también refrendó su compromiso de “mantener el seguimiento puntual y objetivo de los apartados que ha presentado a cada una de las dependencias pendientes de cumplir por parte de las autoridades, a efecto de que la verdad, la justicia y la reparación de los daños se alcancen en el presente asunto”.

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