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Los expertos están preocupados por la confrontación que existe entre la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) y el gobierno de México, puesto que no sólo representa un hito que podría traer al país una imagen de descrédito, también hace evidente que las autoridades admiten el escrutinio internacional, pero no están abiertas a la crítica cuando los resultados de los informes no son favorables.

Así lo indican Édgar Cortez, coordinador de seguridad y justicia del Instituto Mexicano de la Democracia y Derechos Humanos; Miguel Sarre, académico del Instituto Tecnológico Autónomo de México, y Fernando Ríos Martínez, secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles, Todos los Derechos para Todas y Todos, quienes señalan que no es un buen síntoma para el respeto a las garantías en el país.

Ante el nuevo episodio en el que la CIDH escaló el tono de sus acusaciones en contra del gobierno de México por lo que consideran ataques a sus integrantes, como al secretario general del organismo, Emilio Álvarez Icaza, y al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que coadyuva en la investigación de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, EL UNIVERSAL consultó a los especialistas en derechos humanos.

“El mensaje al exterior es de un país que aunque no rechaza las visitas de relatores sí endurece su postura al escuchar las recomendaciones, y en consecuencia para aplicar las mismas en las leyes o procedimientos, porque queda cuestionado el trabajo de los expertos internacionales”, expuso Édgar Cortez ante el escenario de confrontación entre la CIDH y el gobierno.

Aunque a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) el gobierno mexicano rechaza que exista un conflicto, la opinión de los expertos difiere de esa posición.

Cortez indica que es una confrontación en la que se evidencia una variación en la política en general del gobierno mexicano con relación al trabajo y la colaboración con los mecanismos internacionales de Naciones Unidas y la CIDH, aunque no se llega a la cerrazón se corre a la postura de una menor capacidad de escucha a los diagnósticos críticos y recomendaciones.

Los desencuentros reiterados con las instancias internacionales demuestran, explica, a un país “que se repliega y que cierra un poco la apertura en materia de derechos humanos, dan un tanto marcha atrás y aparece con menos disposición y empuje para buscar acatar las recomendaciones”.

Para el especialista en derechos humanos y académico del Instituto Tecnológico Autónomo de México, Miguel Sarre, los reiterados roces con las instancias internacionales en el tema de derechos humanos acerca al país a los estados que tienen un tradicional mal récord en ese tema, lo cual puede implicar enormes costos que van desde el turismo hasta las relaciones comerciales, por un imagen de descrédito.

Sarre considera que lo ocurrido en la audiencia pública con funcionarios mexicanos en la CIDH, el jueves pasado, es un hito en la presencia de México en los organismos internacionales, en la que los comisionados acusaron “los fuertes ataques de las autoridades públicas” y emplearon palabras como “cobarde” y “esquizofrenia” para exponer la supuesta campaña de desprestigio contra el organismo en el país.

Expone que “los organismos suelen manejarse con lenguaje diplomático, de colaboración y suavidad, las formas que se vieron en la audiencia quedaron rebasadas, entonces significa una disyuntiva de confrontación o colaboración”.

Ríos Martínez indica, por su parte, que en este contexto “un elemento que nos preocupa de este descrédito del gobierno de México, hacia las instancias internacionales de derechos humanos, es la repercusión que esto tiene hacia las organizaciones mexicanas”.

Critica la postura de las autoridades: “Esto apunta a que el gobierno no quiere ser cuestionado en temas graves como la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y otras violaciones a los derechos humanos. Demuestra incapacidad de mantener un diálogo con las instancias internacionales, entonces con las locales es peor”.

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