PGR no ejercerá acción penal contra Álvarez Icaza

La Procuraduría General de la República (PGR) determinó no ejercer acción penal en contra de Emilio Álvarez Icaza, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por un supuesto fraude de 2 millones de dólares aproximadamente.

El 15 de marzo pasado, José Antonio Ortega Sánchez, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, presentó la denuncia penal contra Álvarez Icaza, sin embargo la PGR indicó que al no cumplirse con los requisitos de procedibilidad, se determinó el no ejercicio de la acción penal.

“La notificación de esta determinación le fue hecha formalmente a la Secretaría de Gobernación, en su carácter de representante del Gobierno Federal, el día 4 del mes en curso”, explicó.

Por medio de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros, la PGR había iniciado un expediente contra Emilio Álvarez Icaza, por el presunto delito de fraude en perjuicio de la federación.

El 23 de marzo Ortega Sánchez se presentó a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales para ratificar su denuncia, sin embargo lo aplazó para aportar más pruebas a la investigación.

“Le he pedido al Agente del Ministerio Público reprogramar la fecha a efecto de entregar los documentos para agregarlos a la investigación para que sea más profunda y pueda contemplar todos los aspectos en los que han incurrido el Grupo de Expertos.

Lo va a investigar la Unidad Especializada en Investigar los Delitos Fiscales y Financieros, la averiguación previa es la UEIDFF/FINIM17/123/2016 y la mesa que está a cargo, es la mesa 17 de delitos financieros a cargo de la licenciada Georgina Gutiérrez Aceves”, indicó José Antonio Ortega.

El denunciante comentó que Emilio Álvarez fue quien firmó el addendum del Acuerdo para la incorporación técnica del GIEI quienes “han malversado el fondo y utilizan su posición para desvirtuar la investigación de la PGR con un fin político”.

La PGR consideró que no tiene fundamentos la acusación y determinó el no ejercicio de la acción penal.