De acuerdo con especialistas, la maternidad subrogada o renta de vientres es un problema real en nuestro país y tiene que ser atendido, dado que las mujeres son explotadas con fines de reproducción, a costa de su condición económica.

Durante el foro “Maternidad Subrogada Explotación de Mujeres con Fines Reproductivos”, que se llevo a cabo en la Cámara de Diputados, especialistas y legisladores analizaron los pros y contras de la regulación o lo que implicaría su prohibición, ya que de acuerdo con algunos de ellos, violenta los derechos fundamentales de las mujeres.

Recordaron que en los estados de Tabasco y Sinaloa está legalizada la subrogación de vientres, razón por la cual debe ser discutida dicha práctica antes de que sea legal en todo el país.

La especialista de la Facultad de Derecho de la UNAM, Irene López, expuso que en la India, donde se ha legalizado la práctica, se ha convertido en uno de los negocios más importantes del país, ya actualmente deja 2.3 billones de dólares y se han generado 200 mil clínicas privadas de reproducción asistida.

La periodista y especialista de origen sueco Kajsa Ekis Ekman, denunció que muchos españoles ricos vienen a México de vacaciones y regresan con un niño, porque les es más fácil venir aquí que a la India.

“Hay toda una industria que los está mirando ahora mismo: o sea, que si hay un hueco, si hay una posibilidad van a venir aquí, porqué, porque es ideal, está cerca de Estados Unidos, no tienen que viajar a la India, pueden venir aquí, los españoles pueden venir porque hablan el idioma, toman vacaciones, van a Cancún, todo incluido, paquete y vuelven con un niño”, añadió.

La diputada Juana Cavazos (PRI), reconoció que los legisladores tendrán una gran responsabilidad al tener en sus manos la legislación para poder ver lo que hay detrás de esta industria que explota y atenta contra la dignidad humana de las mujeres.

La senadora con licencia Mely Romero Celis, promotora de una iniciativa en la materia y que se encuentra en el Senado, dijo que hay un avance en la propuesta de reforma a la Ley General de Salud, que se logró 14 años después que se planteó este tema.

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