México reaccionó mal ante informe de CIDH: expertos

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México reaccionó de forma inadecuada ante el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y evidencia que no admite las críticas sobre el tema de las garantías individuales, coinciden en señalar especialistas en derechos humanos, que plantean la necesidad de que el gobierno federal acepte los diagnósticos de organismos internacionales sobre los desafíos y problemas que se enfrentan, para realizar cambios que beneficien a los habitantes y se revierta la mala imagen del país a nivel internacional.

Coincidieron en que la respuesta del gobierno mexicano a los señalamientos de la CIDH generó una confrontación innecesaria, que no permite tener un diálogo abierto, cuando además existen otros organismos internacionales que apuntan en el mismo sentido sobre la grave situación en la materia que vive el país.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Miguel Sarre Iguíniz, maestro en Derechos Humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos; Luis de la Barreda Solórzano, coordinador del Programa Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y Armando Rodríguez Luna, integrante e investigador del Colectivo de Análisis para la Seguridad con Democracia (Casede), opinan sobre el documento y la respuesta del gobierno.

Así también, José Antonio Guevara, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); Édgar Cortez, integrante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), y Juan Carlos Gutiérrez, coordinador general de Litigio Estratégico en Derechos Humanos (IDHEAS).

“Es como la respuesta inicial que tiene una persona al tener algún tipo de mal y que pasa por la etapa de negación. El gobierno está en ella, no está abierto a la crítica. Hay un consenso inmediato de las áreas de gobierno para dar un informe que confronta. El informe de la Comisión Interamericana es semejante en algunas cosas a lo que ha expresado la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque si se analiza el contenido de las recomendaciones de la CIDH con eso bastaría para establecer un cuadro de gravedad”, dijo Sarre Iguíniz.

“Lo que es crítico en el país es la impunidad, porque los delitos no se castigan. Los Ministerios Públicos, las procuradurías y las policías del país tienen un funcionamiento deficiente, lo cual es un factor que genera mayor inseguridad y que se traduce en impunidad. Es una situación crítica en el país y no se puede obviar”, consideró De la Barreda Solórzano.

Añadió que “el gobierno mexicano, más que refutar el informe, debe de reconocer un déficit en materia de seguridad pública, de procuración de justicia, de la capacidad para disminuir la violencia. Hay vacíos de autoridad e institucionales. La respuesta del gobierno fue muy agresiva.

“Lo que hizo la Comisión es mostrar que en México hay impunidad, principalmente en los municipios. Además, acusa una falta de responsabilidad de las autoridades, puesto que no asumen lo que está ocurriendo y el gobierno sólo trata de buscar justificaciones”, dijo Rodríguez Luna.

“Es una constante de esta administración sentirse observada y señalada por organismos internacionales. Las autoridades tienen que abordar con una mayor diplomacia este tipo de temas, estar más abiertas, porque es parte de la imagen del país y de la política exterior de México”, indicó.

Los especialistas sugirieron que el gobierno analice el informe y tome las propuestas y señalamientos para hacer cambios en la procuración de justicia, en seguridad pública, así como en las instituciones de derechos humanos.

José Antonio Guevara expuso que la del gobierno fue una reacción inadecuada al descalificar al mensajero en vez de concentrarse en el diagnóstico que hace un órgano especializado.

Calificó de irresponsable la reacción del gobierno federal. “Es lamentable que un gobierno que dice que está comprometido con los derechos humanos aparezca con tres dependencias a descalificar lo que dice la Comisión Interamericana. La práctica de los flagelos que sufren miles de víctimas son generalizadas en México”, dijo.

Agregó que la situación del país en materia de derechos humanos requiere de una visión distinta urgente, puesto que no se puede perder más tiempo para enfrentar el problema en lugar de “cerrar los ojos y descalificar a quien diagnostica el fenómeno”.

Édgar Cortez, del IMDHD, dijo que hay cerrazón por parte del Estado mexicano para aceptar el problema.

“Decir que no tiene fundamento es negarse a una realidad que está documentada por distintos órganos de Naciones Unidas, del departamento de Estado de Estados Unidos y por otras organizaciones nacionales. Parece que hay una decisión política de todo el Estado mexicano de no aceptar cuestionamientos, de querer poner por delante que hay mejores resultados”, dijo.

Sostuvo que frente a la política del gobierno de cerrarse a la realidad se necesita coordinar esfuerzos entre la sociedad para ampliar la documentación y evidencias de la problemática.

Juan Carlos Gutiérrez, de IDHEAS, llamó al gobierno a reconocer la situación y crear un espacio de interlocución con las familias, víctimas y organizaciones para trabajar en soluciones. “Tantos órganos internacionales no pueden estar equivocados, todos apuntan a que hay un problema grave y la reacción del gobierno siempre es de desmentir. No se reconoce la gravedad de la situación y sólo se ataca la metodología y veracidad del reporte”, agregó.