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La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) inició el proceso de reparación del daño de dos de las seis víctimas que perdieron la vida en el ataque del 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero.

“Estamos comenzando con las víctimas que lo deseen. Específicamente hay dos familiares de personas fallecidas que ya se han acercado con nosotros para solicitar el proceso de reparación, y podemos hacerlo porque la Comisión Nacional de Derechos Humanos determinó en su informe preliminar que era factible comenzar”, explicó Jaime Rochín del Rincón, presidente de la CEAV.

Señaló que ya hubo acercamiento con las familias de los 43 normalistas, pero éstos solicitaron que no se inicie el proceso hasta que se agoten todas las investigaciones.

“Lo que ellos históricamente han manifestado es que no quieren comenzar ningún proceso de reparación; mantienen su exigencia en la búsqueda de la verdad. Ellos son víctimas indirectas de desaparición forzada”, explicó Rochín.

Al referirse al caso Tlatlaya, informó que se indemnizó adeudos de 14 víctimas que perdieron la vida durante el operativo que realizaron elementos del Ejército en una bodega del Estado de México.

En tres está concluída la reparación integral y uno más está por terminar esta semana. El funcionario confío en que las otras diez finalicen este año.

Recordó que a partir de la recomendación que emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el caso Tlatlaya, iniciaron el acercamiento con las víctimas de violación a derechos humanos. La persona que denunció estos hechos (Clara Gómez y su hija, quien murió en este operativo), también están consideradas como víctimas directa e indirecta, además de un militar que también perdió la vida en estos hechos.

Explicó que en total son 25 víctimas en Tlatlaya, de las cuales 22 perdieron la vida (15 murieron “de manera arbitraria” y siete en el fuego cruzado) hubo tres sobrevivientes.

En entrevista, Rochín, dijo que a cada una de las víctimas, dependiendo su caso, tendrá un proceso de reparación del daño.

Para las familias de 14 personas que “perdieron la vida de manera arbitraria”, se tiene un estimado de 80 millones de pesos por la reparación del daño, aunque aclaró que esta cifra podría ser superior.

Precisó que el monto correspondiente para cada familiar dependerá de cada caso, los cuales son evaluados según sus características, por ejemplo, si se trataba de la persona que era el sostén económico de toda la familia; de la edad de la víctima, si era joven y comenzaba con todo un proyecto de vida, entre otros factores.

Dijo que por tratarse de recursos públicos, la CEAV está en la obligación de transparentar los montos que son otorgados; pero por destinarse a un asunto delicado y evitar que los familiares de las víctimas pudieran ser extorsionados por grupos criminales, no se pondrán los nombres, sino el número de acuerdo aprobado por el Pleno de la Comisión.

Sobre la determinación de un juez de liberar a cuatro de los militares involucrados en el caso Tlatlaya, Rochín dijo que esta Comisión en sus atribuciones no puede juzgar y sólo actúa por recomendaciones de la CNDH o por sentencias.

Sin embargo, en el caso de Tlatlaya, agregó, existen violaciones a los derechos humanos.

En general, dijo que “por reparaciones de daños, en seis meses hemos dado 30 millones de pesos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, a alrededor de 30 familiares de víctimas”.

Respecto a cuántas personas están en lista de la Comisión, Rochín comentó que de acuerdo a la asesoría jurídica federal, se tienen aproximadamente seis mil 500 personas; pero aclaró que dependiendo de cada caso se podrá indemnizar y en otros quizá no reunan los requisitos.

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