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El gobierno de México y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) acordó hoy dar seguimiento al trabajo que pasará por el “relanzamiento y reestructuración” de la investigación que sigue abierta para esclarecer la verdad sobre la suerte de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
La duración de este nuevo mandato será decidido antes del próximo 31 de octubre cuando la CIDH deberá pronunciarse sobre la petición para la prórroga de los trabajos que podrían ampliarse medio año más.
“La decisión podría producirse antes incluso del 28 de octubre”, aseguró Emilio Alvarez Icaza, secretario ejecutivo de la CIDH.
El acuerdo suscrito por ambas partes, luego de más de un mes de intensas negociaciones, intentará establecer las nuevas reglas para que el el GIEI pueda colaborar como coadyuvante en las labores de investigación que asumirá la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR a cargo de Eber Omar Betanzos Torres.
Precisamente, el hecho de que la SIEDO ceda el paso a la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR, fue considerada hoy como “una de las mejores noticias” por organizaciones defensoras de los derechos humanos:
“Creo que ha sido muy importante esta decisión”, consideró Maureen Meyer de la Oficina en Washington para Latinoamérica (WOLA).
En una minuta de 10 puntos, ambas partes establecen la necesidad de que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia (SEIDO) relegue de forma inmediata la investigación “proporcionando toda la información existente a un nuevo equipo de investigación” a cargo de Betanzos Torres.
Tras este proceso de entrega, la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR y el grupo de expertos de la CIDH trabajarán de forma conjunta a partir de un plan de trabajo que aún tendrá que sortear algunos aspectos que serán claves en esta nueva fase de la investigación.
Entre estos capítulos más espinosos, y en el que ambas partes aún tendrán que ponerse de acuerdo, está la petición de los expertos para participar en los interrogatorios que han solicitado de varios elementos del batallón 27 de infantería de la ciudad de Iguala.
“Nos gustaría estar presentes en los interrogatorios porque los consideramos importantes. Sabemos que varios miembros de este batallón estuvieron presentes en los incidentes, aseguró Angela Buitrago, al aclarar que el hecho de que quieran interrogarlos no significa que los consideren responsable de nada.
“No podemos afirmar en este momento más que la certeza de que algunos elementos estuvieron presentes en los hechos y pueden aportar información muy importante”, consideró.
En este punto, el Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, aseguró que la decisión de permitir que los militares sean interrogados por el grupo de expertos corresponderá al ministerio público.
Otro de los aspectos que sigue siendo fuente de polémica es la realización del tercer peritaje anunciado por la PGR para tratar de ofrecer un veredicto definitivo en torno a la tesis que los expertos han rebatido sobre la incineración de los 43 cuerpos de los estudiantes en el basurero de Cocula:
En este sentido, Carlos Beristáin, uno de los expertos de la CIDH, se reafirmó hoy en el convencimiento de que el peritaje realizado por José Torero, de la Universidad de Queensland (Australia) “es absolutamente cierto y no tenemos duda sobre ello”.Aseguró, sin embargo, que están en negociaciones para participar en la confección de la lista de expertos que deberán participar en el tercer peritaje:
“Los expertos que pudieran participar en este peritaje deberán incluir a José Torero y además deberán establecer objetivos claros para no generar nuevas situaciones de confusión. Además los criterios para elegir a este grupo debería ser acordados por la PGR y por nosotros. Nosotros ya le hemos enviado a la PGR una lista de 6 expertos”, reveló Beristáin.
A su vez, otra de las expertas, Claudia Paz y Paz, reveló que ya existe una petición directa del gobierno de México al Departamento de Justicia para proseguir con la línea de investigación que tiene que ver con el denominado quinto autobús que, al parecer, habría estado cargado con cocaína.
“Nos parece que esa línea de investigación se tiene que agotar”, dijo Paz y Paz.
Finalmente, Angela Buitrago, también del grupo de expertos, consideró que entre las recomendaciones que ha presentado este comité está necesidad de investigar a funcionarios que participaron durante la investigación para determinar si acaso hubo omisiones.
Entre ellos, el hoy ex Procurador General de la República (PGR; Jesús Murillo Karam:
“Durante el ataque, después del ataque y durante la investigación participaron funcionarios que deberían ser investigados para saber si acaso alguien participó en esta transformación de la versión (oficial)”, señaló Buitrago.
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