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La Secretaría de Gobernación (Segob) deberá informar sobre las empresas mineras presuntamente relacionadas con el crimen organizado, que operan en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, ello luego de que el Inai revocó la respuesta que la dependencia dio a un ciudadano que solicitó la información.

En 2014, el gobierno federal implementó una estrategia de seguridad en el puerto de Lázaro Cárdenas, ante el control del Cártel de los Caballeros Templarios.

En septiembre del año pasado, el entonces comisionado para la Seguridad de Michoacán, Alfredo Castillo, informó que se aseguraron siete mineras y más de un millón de toneladas de mineral que eran explotadas ilegalmente.

Un ciudadano solicitó conocer esa información, pero Gobernación dijo que esos datos eran inexistentes y lo orientó a presentar su requerimiento ante la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Economía.

Inconforme con esa respuesta, el ciudadano presentó un recurso de revisión ante el Inai, que fue turnado a la ponencia del comisionado Joel Salas. En alegatos, la Segob declaró la inexistencia de la información; sin embargo, al analizar el caso, se determinó que la dependencia no cumplió con el procedimiento de búsqueda establecido en la Ley, porque no turnó la solicitud la Unidad de Enlace Federal y Coordinación con Entidades Federativas y la Oficina del Secretario de Gobernación, a quienes compete responder la solicitud.

La Unidad de Enlace Federal y Coordinación con Entidades Federativas es un área que auxilia al secretario en la conducción de las relaciones del Poder Ejecutivo con los gobiernos de los estados y de los municipios. Además, se encarga de supervisar, coordinar y dar seguimiento a las actividades realizadas por las representaciones de la Subsecretaría de Gobierno en las entidades federativas, por lo que cuenta con atribuciones para conocer la información requerida.

El Inai concluyó que la dependencia no cumplió con el principio de exhaustividad, que garantiza a los particulares que se llevaron a cabo todas las gestiones necesarias para atender las solicitudes presentadas.

Así, el pleno del instituto revocó la respuesta de la Segob y le instruyó una búsqueda exhaustiva en las unidades administrativas mencionadas, a fin de que entregue al particular la información de su interés.

El comisionado Salas dijo que todo servidor público debe a la sociedad explicaciones y justificaciones sobre las acciones de gobierno que ejerce, y la ciudadanía tiene derecho a acceder a esa información.

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