La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 23/2015 a la Secretaría de Agricultura federal y a la Comisión de Bioseguridad para que se efectúe una consulta libre e informada a los pueblos indígenas sobre la presencia de soya genéticamente modificada.

El documento explica que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) , así como la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados vulneraron el derecho a una consulta libre, previa e informada en perjuicio de diversas comunidades indígenas.

Aunque la recomendación se dirige específicamente al secretario de Agricultura, Enrique Martínez, quien también preside la Comisión y a la secretaria ejecutiva de la Cibiogem, Sol Ortiz García, señala que en diversas entidades federativas, “mediante actos y omisiones atribuibles a funcionarios públicos” se otorgaron los permisos para que una empresa libere la soya genéticamente modificada sin la consulta que debería haber ocurrido.

En ese sentido la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó al titular de Sagarpa que durante el trámite de permiso se efectúe la consulta libre, previa e informada que obliguen las leyes mexicanas y los instrumentos internacionales para su efecto.

Recordó que la ley de organismos genéticamente modificados también menciona la obligación de la consulta, por lo que pidió se valore la viabilidad de resarcir ese derecho en los municipios involucrados.

Los funcionarios de la Secretaría deberán recibir capacitación en materia de derechos humanos y más concretamente respecto a los mecanismos de consulta previa, libre, informada y de buena fe hacia los pueblos indígenas para evitar nuevos casos de ese tipo.

Al presidente de la Comisión de Bioseguridad de la CNDH le solicitó establecer los mecanismos para la consulta a fin de garantizar su derecho y dar vistas a la titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para que colabore en ese ejercicio.

El propósito es desarrollar la consulta sobre los productos genéticamente modificados y que a través de ese mecanismo se obtenga la opinión de quienes integran los pueblos indígenas en México en un tema libre de todo perjuicio.

La recomendación de la CNDH pide recoger la opinión de las comunidades de forma libre e informada.

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