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El gobierno federal no puede estar “de rodillas” frente a grupos como la CNTE y está obligado a cumplir con la ley, por lo que debe encarcelar a los líderes “que evidentemente son delincuentes”, advirtió Claudio X. González, presidente de la organización Mexicanos Primero.
En entrevista con EL UNIVERSAL añadió que la autoridad debe aplicar la ley a quienes pretenden mantener sus prebendas y para ello están dispuestos “a tomar carreteras, aeropuertos, quemar, secuestrar, robar y no podemos permitir eso en México”.
Añadió que se tienen que aplicar los descuentos a los maestros que han dejado sin clases a miles de niños, despedir a los que hayan acumulado hasta tres faltas y procesar a líderes que hayan cometido algún ilícito.
Eso, dijo, daría la señal de que hay firmeza y que el gobierno no cede ante las presiones. “El gobierno federal no puede estar de rodillas. Si apresa a un líder porque tiene elementos para hacerlo, si despide a alguno y luego lo vienen a presionar y cede, entonces el mensaje es: la ley no cuenta”.
Claudio X. González dijo que esto representa una batalla por la educación y el Estado de derecho, “se da una batalla entre un México pre-moderno, que quiere el chantaje y el oscurantismo, y otro que anhela la modernidad, la rendición de cuentas, la transparencia, la democracia, la participación ciudadana y la educación de calidad”.
También comentó que la decisión de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de suspender temporalmente la evaluación educativa “fue equivocada, injustificada e inmoral”, ya que “no se puede estar jugando con las leyes por consideraciones político-electorales”.
Por ello, dijo que es positivo que el presidente Enrique Peña Nieto haya aclarado que los procesos de evaluación docente “siguen adelante, ni se posponen, ni se difieren y por ninguna razón se cancelan”; aunque aclaró que si reculó fue porque así lo ordenó el Juzgado Sexto Administrativo con sede en el Distrito Federal.
“Los ciudadanos nos habíamos amparado contra esa decisión porque era inconstitucional y el Poder Judicial nos dio la razón, ya había suspendido los efectos de esa determinación. Pero está bien que el Ejecutivo haya reculado”.
En todo caso, lo importante es que la ciudadanía sentó un precedente al usar por primera vez las reformas a la Ley de Amparo que le permiten inconformarse ante decisiones de alguno de los Poderes que afectan sus intereses legítimos.
Subrayó que, hoy más que nunca, el gobierno federal está obligado a implementar la reforma educativa en todo el país, pero especialmente en Oaxaca, Guerrero y Michoacán donde tiene presencia la CNTE “y donde está más atrasada la educación, donde menos preparación reciben nuestros niños y jóvenes, y donde se necesitan mejores maestros, directivos y supervisores”.
Agregó que no hay razón para que los profesores no quieran ser evaluados. “¿No evalúan ellos a sus alumnos como una medida para saber si han aprendido? El maestro tendría que dar el ejemplo y también estar dispuesto a la evaluación, a capacitarse, a mejorar como docente y a dejar el aula cuando no apruebe”.
Concluyó que el presupuesto educativo que se destina a estados como Oaxaca “se consume en vividores que no tienen llenadera y que quieren hacerle la vida imposible a la reforma educativa. Eso no tiene ningún sentido”.
