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El gobierno extravió 134 mil mdp

En este extracto del libro "¿Y dónde quedó la bolita?", el autor Leonardo Núñez González desmenuza a fondo el “presupuesto de egresos ficticio” del país
Foto: Archivo. EL UNIVERSAL
06/08/2017
02:04
Redacción
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Si uno utiliza el “Sistema Público de Consulta de Auditorías” y busca la “Auditoría Financiera y de Cumplimiento 54-GB” encontrará un trabajo de la Auditoría Superior de la Federación para investigar de manera general el gasto del gobierno federal. Cada año el gobierno desembolsa más de lo que dice. En el caso de la Cuenta Pública de 2015 hubo un gasto adicional de 228 mil millones de pesos, es decir, 4.74% más de lo presupuestado. A partir de esta diferencia, la ASF se dio a la tarea de investigar el destino de estos recursos.

La ASF determinó: “Con la finalidad de identificar elementos relevantes de los resultados del presupuesto modificado autorizado y ejercido en 2015, la auditoría elaboró el esquema analítico-descriptivo que se presenta a continuación, pero se hace notar que no fue posible comprobar el destino de 54.7% de los ingresos excedentes [134,026.2 millones de pesos]”.

¡No fue posible comprobar el destino de 54.7% de los ingresos excedentes! ¡134 mil millones de pesos! Si en 2017 México tiene 123 millones de habitantes, esto equivale a que, del dinero de cada uno de nosotros, mil 89 pesos simplemente se extraviaron.

Si consideramos el PEF de 2017 (con todas las advertencias que hemos hecho hasta el momento de considerar estas cifras), el programa social más importante del país, Prospera, tenía asignados 82 mil millones de pesos. Es decir, con el dinero que la ASF no supo dónde quedó, se pudieron haber pagado 19 meses de Prospera o atender a 160% más población de la beneficiada por este programa.

¿Qué pasó aquí? En primer lugar, el gobierno tuvo más dinero del que tenía planeado en la Ley de Ingresos. Como la mayor parte de estos recursos no provienen de ingresos extraordinarios contemplados en la ley, como los ingresos petroleros o los remanentes de operación del Banco de México, estos recursos se incluyen en nuestro conocido heredero revolucionario: el ramo 23 de Provisiones Salariales y Económicas. Este ramo es controlado directamente por la SHCP, por lo que cuando las reglas conocidas de las adecuaciones presupuestarias aplican, Hacienda debe convertirse en una especie de Doctor Jekyl y señor Hyde, ya que se tiene que preguntar a sí misma si autoriza las adecuaciones. Cuando éstas son autorizadas, se ejercen mediante el mecanismo de ampliaciones líquidas que se entregan a los diferentes ramos.

Ante esta situación, lo que hizo la auditoría fue un ejercicio de lo más sencillo: preguntarle a Hacienda el destino de los recursos adicionales, pidiéndole la clave presupuestaria a la que se habían dirigido los recursos.

La respuesta de Hacienda fue que “sólo dispone de los importes de las ampliaciones al gasto con cargo a ingresos excedentes por 63,943.6 millones de pesos”. Al menos se sabe en dónde quedaron esos 63 mil millones: la Auditoría informa que se repartió en Comunicaciones y Transportes, Medio Ambiente, Gobernación, Turismo, Relaciones Exteriores, Comisión Nacional de Hidrocarburos y en la propia Hacienda. Del resto del dinero, simplemente no se informó dónde se gastó. Está perdido.

¿Cómo es posible que no haya certezas sobre en qué se gastó tanto dinero? Una de las pistas la ofrece la Auditoría cuando investiga los calendarios de las adecuaciones, que muestran con toda claridad un fenómeno que muchos hemos visto en la administración pública, pero del que desconocemos sus dimensiones: al final del año muchas instituciones gastan como locas porque al cierre del año fiscal, el 31 de diciembre, ya no pueden ejercer más recursos, por lo que, si hay sobrantes (subejercicios), tendrían que devolverlos a Hacienda.

La ASF señala que de todas las ampliaciones del año, 71.3%, es decir, 325 mil millones de pesos (recordemos que las ampliaciones vienen de ingresos adicionales, pero también de las reducciones que se hacen en otros ramos), se hicieron en el último trimestre, es decir, entre octubre y diciembre. De hecho, tan sólo en diciembre se traspasaron 36.5% del total de recursos que se movieron, 166 mil millones de pesos.

Como en un programa de televisión en el que los concursantes tienen unos cuantos minutos para comprar todo lo que puedan, los jugadores echan dentro del carrito todo lo que se les atraviese, sin preocuparse mucho de qué es. La Auditoría dice exactamente lo mismo, pero con un lenguaje más profesional:

“La literatura económica especializada en presupuesto ha reconocido que los esquemas de control presupuestario restrictivos incentivan a los ejecutores de gasto a ejercer precipitadamente sus disponibilidades antes de que la autoridad presupuestaria se los recorte e incita a posibles dispendios; asimismo, se ha definido a este estimulo como ‘use it or lose it’ [úsalo o piérdelo], debido a que si los ejecutores no erogan los recursos al final del año, la autoridad presupuestaria los concentrará”.

Si hasta este momento alguien todavía cree que preocuparse por las adecuaciones presupuestarias no debería ser una prioridad, no estoy seguro de qué podría convencerlo. No sólo estamos frente a un fenómeno de discrecionalidad por parte de la autoridad, de falta de rendición de cuentas o de crisis institucional: estamos ante el uso descontrolado e irresponsable de nuestros recursos públicos en un escenario en el que la falta de capacidad por parte de las instituciones tiene a México en una crisis de crecimiento económico mediocre, de inseguridad y violencia creciente, así como de corrupción sin precedentes. El dinero de todos nosotros, como un bien escaso y extremadamente valioso, no puede ser derrochado y utilizado sabiendo que 134 mil millones de pesos fueron extraviados (lo cual es sólo una fracción de todo el dinero extraviado en la corrupción nacional) y pensar que son cualquier cosa.

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