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En una decisión que adoptó en horas de la mañana con su equipo legal, el ex gobernador de Veracruz Javier Duarte aceptó ayer ser extraditado a México para someterse a la justicia por los supuestos delitos federales de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, y quedó a la orden del Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala para ser entregado al gobierno mexicano y repatriado en un plazo máximo de 20 días.

A las 11:05 horas locales (12:05 en el centro de México), y en una comparecencia en el Tribunal Quinto de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, de esta ciudad, que procesó su extradición por ambos delitos, Duarte de Ochoa, de 43 años, renunció a apelar a presentar cualquier recurso legal en contra de que avance la gestión para que sea extraditado.

“He decidido allanarme a la solicitud formal de extradición presentada por el gobierno de México, con relación a los delitos federales de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, ya que no cometí tales crímenes y es mi deseo acreditarlo así ante el Poder Judicial de la Federación de mi país”, dijo Duarte.

La declaración del político fue en respuesta a una interpelación que le hizo el abogado guatemalteco César García, presidente del tribunal, para que públicamente reconfirmara o negara la revelación hecha momentos antes en esa vista judicial por la parte de la defensa de que Duarte aceptó la extradición.

Antes de la reconfirmación por parte del ex gobernador, el abogado guatemalteco Carlos Velásquez, jefe de su equipo legal, notificó al Tribunal en la misma audiencia que su cliente decidió aprobar ser extraditado.

Duarte “va a aceptar enfrentar los cargos, se va a allanar al proceso para que, a la brevedad, esté en México” y porque, de acuerdo con la legislación de Guatemala, “en cualquier fase del proceso se podía allanar”, explicó Velásquez.

A una consulta posterior de EL UNIVERSAL, el defensor reveló que la decisión fue adoptada ayer en la mañana, antes de la audiencia.

Consentir. En un acto al que acudieron autoridades de la embajada de México en Guatemala, García explicó, tras recibir ambas declaraciones, que es un caso en el que “el requerido consiente su extradición”.

El juez adujo que “para que nos quede claro” y, sujeto al Tratado de Extradición entre México y Guatemala, y la legislación guatemalteca, debía preguntar a Duarte y Velásquez si “renuncian” al planteamiento de cualquier recurso o acción ordinaria o constitucional que “puedan o pudieran oponer posteriormente para evitar la entrega”.

El presidente estableció que “en virtud del consentimiento” de Duarte y de la renuncia a apelar o a otros recursos, el tribunal admitió “la aceptación voluntaria que ha hecho el reclamado” a la solicitud de extradición en su contra por parte de México, suspendió el trámite judicial sobre el debate de que sea o no extraditado y aprobó “la entrega inmediata” al gobierno mexicano.

El tribunal determinó comunicar a la cancillería guatemalteca, por intermedio de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala, de la medida adoptada y de que “póngase a su disposición al reclamado” para que coordine con el gobierno mexicano “hasta que se verifique la entrega”, informó el juez.

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