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La Subprocuraduría Especializada en la Investigación de Delitos Federales (SEIDF), de la Procuraduría General de la República (PGR), inició una carpeta de investigación en contra del gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, por la probable comisión del delito de enriquecimiento ilícito.

La pesquisa deriva de una denuncia presentada en abril pasado por un grupo de políticos, quienes señalaron que el gobernador militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha mostrado un enriquecimiento inexplicable desde que tomó posesión.

Fuentes federales confirmaron a EL UNIVERSAL que la SEIDF ejerció facultad de atracción el pasado 2 de junio al tratarse de un delito probablemente cometido por un funcionario público considerado de alto nivel.

La denuncia, encabezada por el diputado federal Guadalupe Acosta Naranjo y por Leopoldo Domínguez, presidente municipal con licencia de Tepic, señala que en sus declaraciones al llegar al cargo Sandoval Castañeda aseguraba no tener más que una casa en Guadalajara que compró con un crédito de 2 millones de pesos y como gobernador presumió un rancho de gran extensión en el municipio de San Blas.

La denuncia está basada en notas periodísticas y en videos publicados en YouTube en los que el mandatario presume públicamente una de sus propiedades, que tendría un precio millonario. En un video se aprecia que es el mismo Sandoval Castañeda quien invita a un grupo de reporteros a recorrer el rancho ubicado en Aután.

Presumió que tenía un criadero de equinos de alto registro con el ahora fallecido cantante Joan Sebastian y con El Cheque Peña, intérprete nayarita.

“Del otro lado tenemos praderas donde Joan Sebastian, El Cheque Peña y su servidor tenemos criaderos de yeguas aztecas y españolas donde no nos cuesta un sólo centavo, el agua y la naturaleza de Nayarit nos dan el pasto gratis. Si ustedes dijeran: ‘¿Cuánto cuesta mantener 100 yeguas?’, es carísimo, pero aquí en nuestras tierras de Nayarit te dan la facultad de darte el alimento gratuito”, comentó.

Las cámaras capturaron al gobernador cabalgando por el terreno con verde predominante. En su andar se apreciaron decenas de caballos, caballerizas, una casa construida al interior del rancho y un lago artificial. Él informó que le pertenecen 17 hectáreas, que adquirió con su familia.

“Esta producción desde hace más de cinco años que hemos comprado mi familia y yo, de poquita en poquita tierra, son 17 hectáreas. He venido a sembrar esta tierra y si ahorita ven todo bonito es porque hemos trabajado esta zona por muchos años”, comentó.

El mandatario recorrió sus tierras y en su andar aprovechó para enseñar los sistemas de riego, las esculturas de caballos y varios ejemplares de ganado porcino, bovino y equino.

Ese video es la prueba principal que presentaron los denunciantes en su contra. Él afirmó que es un lugar “que para nosotros es nuestra casa”.

Los denunciantes pidieron a la PGR que investigue de manera urgente los posibles delitos de enriquecimiento ilícito, peculado y malversación de fondos. Como representantes del grupo de denunciantes ante la PGR se nombró al ex magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit, Emiliano Zapata Sandoval Blasco; al ex secretario del ayuntamiento de Tepic, el perredista Rodrigo González Barrios, y al escritor Octavio Campa Bonilla.

La subprocuraduría encabezada por Felipe de Jesús Muñoz Vázquez comenzó las indagatorias en contra del gobernador hace un mes y la carpeta se encuentra en proceso.

De forma adicional la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) de la PGR tiene abierta una carpeta de investigación en contra del mandatario derivada de denuncias interpuestas por el PAN y el PRD.

Las quejas están basadas en audios en los que presuntamente Roberto Sandoval pidió a sus subordinados que condicionen la entrega de los programas sociales a cambio de que la gente vote por el PRI, y que detecten quiénes de los beneficiarios de estos programas no van a votar por el tricolor para que a esas personas se les retire su credencial de elector para que no puedan ir a votar el próximo proceso electoral por un partido distinto.

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