La Auditoría Superior de la Federación (ASF) propuso elaborar un mapa de riesgo en materia de procesos electorales que permita identificar áreas de oportunidad tanto en las leyes como en la labor de las instituciones que reduzcan las condiciones que propician los actos de corrupción.
“Los procesos electorales, tal como están estructurados, han generado una fuerte corriente de opinión en contra de lo elevado de sus costos, lo prolongado de su duración y las amplias posibilidades que tienen de generar condiciones propicias a la corrupción, antes de la celebración de los comicios o una vez que las autoridades electas han tomado posesión de sus cargos.
“Esta situación afecta también a las instancias públicas, puesto que favorece el establecimiento de redes de corrupción y creación de intereses de grupo al margen de la legalidad. Este tipo de colusiones es difícilmente fiscalizable, dado que opera en ámbitos metainstitucionales”, señala un resumen del plan de trabajo de la ASF propuesto para el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
Por ello, el órgano fiscalizador propone que por medio de ese mapa se determine aquellos aspectos del diseño normativo y la gestión de las instituciones encargadas de organizar y supervisar los procesos electorales que favorecen la comisión de irregularidades.
“Abrir un debate en el SNA acerca de las posibilidades de modificar la normativa que rige los procesos electorales, de tal manera que se reduzcan sustancialmente las condiciones propicias a actos de corrupción”.

Otra de las propuestas planteadas por la ASF llevar a cabo un análisis de riesgo en la operación del propio SNA porque, no están exentos de riesgos, y es indispensable contar con la autoridad moral necesaria para pronunciarse sobre la gestión de la totalidad de los entes gubernamentales.

Por ello plantea crear un mapa de riesgos del SNA que involucre a sus partes constitutivas —Secretaría Ejecutiva, Comité Coordinador, Comité de Participación Ciudadana, Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF) y los sistemas locales anticorrupción—así como los procesos propuestos para su mitigación.
En ese sentido se alerta que deberán estar muy atentos a la creación de los sistemas locales anticorrupción en las 32 entidades del país, porque una creación deficiente o tardía puede comprometer el funcionamiento integral del SNA, e incluso poner en entredicho su credibilidad ante la ciudadanía.

ahc

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