Tortura a detenidos no influye en validez de investigación sobre Ayotzinapa, dice fiscal

Alfredo Higuera Bernal, fiscal especial del Caso Iguala, aceptó que ocho de los detenidos por su probable relación con los hechos ocurridos el 26 de septiembre de 2014 acusaron ser víctimas de tortura
08/05/2017
14:43
Astrid Sánchez
Ciudad de México
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El hecho de que al menos dos de los detenidos por la desaparición de 43 estudiantes normalistas hayan sido torturados para obtener su declaración no influye directamente sobre la validez de la investigación, únicamente anula esas declaraciones, informó Alfredo Higuera Bernal, fiscal especial del Caso Iguala

En conferencia de prensa, Higuera Bernal aceptó que ocho de los detenidos por su probable relación con los hechos ocurridos el 26 de septiembre de 2014 acusaron ser víctimas de tortura, por lo que la Procuraduría General de la República (PGR) solicitó a servicios periciales que se les aplicará el Protocolo de Estambul (manual para documentar la tortura), de los cuales dos resultaron positivos. 

"Ocho resultados en concreto de esos protocolos, seis resultaron negativos, dos resultados resultaron positivos. 

"Todo eso tendrá las implicaciones o derivaciones que en cada caso concreto correspondan, la consecuencia, lo natural de una declaración obtenida bajo tortura es la nulidad de esa declaración, no necesariamente que se deje sin efecto el conjunto de actuaciones o elementos de prueba haya en un caso", explicó el fiscal en conferencia de prensa. 

Enfatizó en que todas las personas detenidas son sometidas al Protocolo de Estambul, incluso si no hay denuncia, a fin de determinar si fueron víctimas de tortura. 

Hoy EL UNIVERSAL publicó una nota sobre la probabilidad de que los detenidos por la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa sean puestos en libertad por una posible violación al debido proceso al comprobarse la tortura en su contra. 

También señaló que las investigaciones encabezadas por Tomás Zerón de Lucio, entonces director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), estuvo plagada de presuntas ilegalidades, según el informe que en ese momento integró la Visitaduría General de la PGR, a cargo de César Chávez, mismo que fue enlatado y desechado oficialmente, bajo el argumento de que no se trataba de un documento oficial. 

El informe oficial fue realizado por Adriana Campos López, la ahora titular de la Visitaduría General, y señala que Zerón sólo incurrió en faltas administrativas.

Higuera informó que los últimos resultados de la Visitaduría fueron objetos de demanda de amparo y que hasta el momento se está llevando un juicio para determinar la validez de estos resultados.

Sara Irene Herrerías Guerra, subprocuradora de Derechos Humanos de la PGR, informó que el equipo de investigación ha establecido un cronograma con nueve puntos, que incluyen las cuatro líneas que solicitan padres de las víctimas y sus representantes legales.

Los cuatro puntos solicitados por representantes legales de las víctimas exigen que se inicie una investigación contra elementos del Ejército Mexicano del 27 de Batallón de Infantería, en Iguala; la detención inmediata de los policías federales y municipales de Huitzuco, a quienes señalan como responsables de haber llevado hacia ese municipio a por lo menos 25 estudiantes de los 43 desaparecidos.

Además, se pide que se investigue el trasiego de droga de Iguala a Chicago. Una cuarta exigencia es que la investigación de la telefonía celular de los detenidos y oficiales presuntamente involucrados avance.

En la conferencia se informó que restan siete órdenes de aprehensión pendientes contra probables involucrados en los hechos, que son funcionarios públicos y civiles. 

Los funcionarios detallaron que las investigaciones con el uso de la tecnología LIDAR se extendieron a 60 kilómetros cuadrados en la zona cercana a Iguala.

Esta tecnología permite realizar un escaneo subterráneo a través de sobrevuelos con un radar que detecta alteraciones en el subsuelo donde podrían existir fosas clandestinas. 
 

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