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Un juez de control dictó prisión oficiosa para nueve personas que fueron detenidas durante los enfrentamientos armados entre elementos del Ejército y presuntos huachicoleros en el estado de Puebla, que dejaron 10 personas muertas, entre ellas cuatro militares.
Durante la audiencia de control, la Fiscalía General del Estado acusó a los detenidos de los presuntos delitos de homicidio, tentativa de homicidio, portación de arma de fuego e instrumentos prohibidos, y delitos cometidos contra servidores públicos.
De los 14 detenidos el pasado jueves en la comunidad de Palmarito, municipio de Quecholac, a nueve se les dictó prisión oficiosa, cuatro menores fueron remitidos a la Justicia para Adolescentes y uno falleció a las pocas horas de su detención.
El pasado jueves, solados y agentes de la Policía Estatal realizaban un recorrido en los puntos antes señalados, donde fueron agredidos a balazos por varias personas, lo que dejó 10 muertos (cuatro militares) y 13 lesionados.
El agente del Ministerio Público integró las carpetas de investigación y puso a disposición de la autoridad judicial a nueve personas presuntamente relacionadas con estos hechos.
Durante la audiencia de control de detención solicitada por la fiscalía ante el juez de Oralidad en el Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, la autoridad judicial calificó como legales las pruebas presentadas.
Se formuló imputación en contra de José Luis “N”, Javier “N”, Manuel “N”, y Luis Alberto “N”, por los delitos de homicidio, tentativa de homicidio, portación de arma de fuego e instrumentos prohibidos, y delitos cometidos contra servidores públicos.
Además, a Óscar “N”, Pedro “N”, Jorge “N”, Gerardo Adrián “N”, y Mauricio “N”, por tentativa de homicidio, portación de arma de fuego e instrumentos prohibidos, y delitos cometidos contra servidores públicos.
Se espera que en los próximos días realice la audiencia de vinculación a proceso, en tanto que personal de la Fiscalía General del Estado de Puebla continúa con las pesquisas.
Gasolineros lamentan reacción tardía. El presidente de la asociación Empresarios Gasolineros del Estado de Oaxaca (EGEO), Ramón Loredo González, lamentó la reacción tardía de las autoridades federales para enfrentar el problema de los chupaductos, y dijo que en la entidad, desde hace dos años recrudeció la situación.
Consideró como asunto de seguridad nacional el tema, y afirmó que el robo de gasolina ha representado una merma de aproximadamente 20% de sus ganancias por la venta clandestina de hidrocarburos. Según Pemex, en Oaxaca se comercializan e ingresan ocho millones de litros de combustible ilegal mensualmente, expuso.
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