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Académicos, instituciones de justicia, expertos y ciudadanía en general entregarán un informe al gobierno para generar un nuevo modelo de procuración de justicia e investigación criminal, “coherente en sus piezas, integral y eficiente”, que será resultado de la Consulta Nacional sobre el Modelo de Procuración de Justicia.

“A pesar de que en 2016 estrenamos un [Nuevo] Sistema de Justicia Penal Acusatorio que reúne muchas de las mejores prácticas internacionales, todavía tenemos no muchas, muchísimas dudas.

“Mucha gente dice que este sistema no va a funcionar, que está dejando salir a muchas personas, pero ¿no puede haber mediación? ¿No es más conveniente que la gente pueda mediar un problema en lugar de mandar a otro a prisión?”, cuestionó Gerardo Laveaga Rendón, director del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe).

Señaló que es necesario escuchar a todos los ámbitos sociales para la construcción del Estado de derecho, por ello es necesario reunir a todos los representantes de organizaciones civiles, a fin de que expresen sus ideas en aras de mejorar este modelo.

El objetivo de la consulta es generar un informe que ofrezca visiones alternativas, plurales y diversas que sea entregado a las instituciones del Estado para “generar un modelo coherente en sus piezas, integral y eficiente”, dijo Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

“[El objetivo es] entregar un documento técnicamente sólido, políticamente imparcial y socialmente útil, ese es nuestro reto”, señaló Salazar.

La consulta consistirá en ocho foros en ocho lugares de la República y recibirá propuestas de forma libre de organizaciones de la sociedad civil, a las facultades de Sicología, a las procuradurías, a los tribunales superiores de justicia y a las instituciones de seguridad pública, detalló Sergio López Ayllón, Director del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

López Ayllón agregó que cualquier persona e institución puede presentar sus propuestas para esta consulta en la página www.construyamosjusticia.com y señaló que las propuestas serán analizadas por un equipo de especialistas, a través de herramientas de tecnología de punta, lo cual permitirá diagnosticar los problemas y sensibilidad generadas.

Este ejercicio se basa en ocho ejes principales: víctimas y Derechos Humanos; política criminal; seguridad pública; delincuencia organizada; modelo de investigación criminal; modelo de autonomía de las instituciones de procuración de justicia; procuración y administración de justicia; y operación, gestión y cambio en las instituciones.

En las instalaciones del INACIPE, representantes de organizaciones de la sociedad civil y académicos se reunieron para llevar a cabo la primera mesa de diálogo enfocada en víctimas y derechos humanos.

Gerardo Laveaga, director del INACIPE, destacó la iniciativa del CIDE, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y del instituto que representa para llevar a cabo un foro que permita generar un informe que se presentará a autoridades gubernamentales, para generar una implementación satisfactoria del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

Defensores de derechos, preocupados. Especialistas en derechos humanos manifestaron su preocupación por el lugar que han ocupado las víctimas en la procuración de justicia y urgieron medidas para consolidar el respeto de sus derechos, durante la primera mesa de la Consulta Nacional sobre el Modelo de Procuración de Justicia, llevada a cabo en el INACIPE.

Sara Irene Herrerías Guerra, subprocuradora de Derechos Humanos, manifestó que el nuevo sistema debe procurar una buena investigación, pero también debe garantizar la reparación integral del daño para lograr una reconstrucción del tejido social. Reconoció que todas las víctimas piden, antes que una reparación del daño, justicia y acceso a la verdad.

Michael Chamberlin, del Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, señaló que es necesario que la persecución de delitos se enfoquen a la restitución de derechos de las víctimas.

Los especialistas señalaron la urgencia de que funcionarios sean sensibilizados para el trato de las víctimas y garanticen el respeto de sus derechos, porque en el país se aprecia una revictimización durante el proceso de investigación de un delito.

La situación se agrava, dijeron, cuando los funcionarios públicos que brindan soporte a los afectados ni siquiera tienen una plaza en las instituciones gubernamentales.

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