La burocracia mató a la activista Miriam Rodríguez

Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez buscó meter a la cárcel a los asesinos de su hija, aunque en marzo expuso su temor a una venganza, que se materializó ante la lentitud oficial
Ilustración: ROSARIO LUCAS
22/05/2017
03:20
JORGE RAMOS Y ASTRID SÁNCHEZ
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La suerte de la activista tamaulipeca, Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez, estuvo ligada al largo proceso para que desde el gobierno federal se le brindara protección, pues la actuación estatal fracasó en esa tarea. Finalmente fue asesinada la mujer que buscó a quienes mataron a su hija en 2014, hasta verlos en la cárcel.

Documentos oficiales de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y consultas en la Procuraduría General de la República (PGR), así como al gobierno de Tamaulipas, indican que la mujer que buscó a los asesinos y secuestradores de su hija, solicitó protección federal desde el 7 de abril.

Sin embargo, Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez fue victimada el pasado 10 de mayo sin que se concretara el auxilio solicitado.

La Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas investiga el homicidio y la probable responsabilidad de los policías estatales que la tenían bajo su cuidado.

El primer registro fue el de Carlos Daniel Sánchez Zetina, asesor de la CEAV, quien se reunió el 30 de marzo con René de los Santos Torres, fiscal especializado adscrito a la Unidad Antisecuestros de la Subprocuraduría Especializada en Investigación en Materia de Secuestros de la PGR, para pedir medidas de protección que pudieran ser gestionadas por el Ministerio Público Federal, en conjunto con la misma CEAV.

La urgencia para proteger a Rodríguez Martínez fue porque el 22 de marzo se fugaron 29 reos del penal de Ciudad Victoria, a través de un túnel de 40 metros de longitud.

Las primeras informaciones sobre el escape señalaban que probablemente habían logrado su objetivo José Antonio Acevedo Reyna y Enrique Yoel Rubio Flores, acusados de secuestrar y matar a la hija de la activista en 2014, a quienes buscó con sus propios medios y logró que un juez los sentenciara.

Según fuentes del gobierno de Tamaulipas y de la PGR, tanto Acevedo Reyna como Rubio Flores no escaparon. El mismo día de la fuga fueron recapturados 10 de los prófugos, entre ellos José Antonio, quien al parecer “se quedó en el túnel prácticamente haciendo fila, pero sin poder huir”, describió un funcionario estatal.

El 7 de abril la Dirección General de Servicios Especiales de Seguridad y Protección de Personas requirió la protección, pero se formalizó mediante oficio —PGR/AIC/PFM/DGSESPP/DSPP/2179/2017— hasta el 12 de abril, en donde se precisó que el asunto se presentaría como punto de acuerdo en la próxima sesión del Comité de Evaluación.

El 29 de marzo, Rodríguez Martínez —de acuerdo con documentos a los que tuvo acceso EL UNIVERSAL— planteó no abandonar su ciudad de origen, San Fernando, hasta no obtener respuesta de la CEAV.

Al día siguiente la comisión determinó el pago del Fondo de Emergencia adeudado, lo relativo a sus traslados y asesoría jurídica en torno a las medidas de protección. No obstante, ella presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por la dilación, agrega el informe.

La queja ante la CNDH, refirieron funcionarios de Tamaulipas, fue transferida a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, misma que la llevó a la Procuraduría estatal y a la Secretaría de Seguridad Pública local.

No obstante, una fuente del gobierno de Tamaulipas explicó que, de oficio, Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez recibió el cuidado de elementos policiacos después del 22 de marzo, cuando se registró la fuga del penal de Ciudad Victoria, aunque ella supuestamente era refractaria a ellos por desconfianza.

En el gobierno de Tamaulipas, sin embargo, no hay certeza de cuántos policías la resguardaban, aunque señalan que lo hacían por turnos. Todo esto aún se investiga para determinar si hubo descuido o simplemente los criminales vigilaron a su víctima hasta que estuvo vulnerable para matarla.

“Le hablé 30 veces y nunca me contestó”

El pasado 12 de mayo el colectivo “Familiares y amigos de desaparecidos en Tamaulipas” difundió un video de 7:03 minutos en el que la activista denuncia falta de protección: “Fue una persona, un policía de San Fernando, y me dijo que él iba a estar encargado [de su seguridad], pero yo no lo he visto. El viernes como a las 4:00 de la mañana le hablé como 30 veces y no me contestó”.

Geovanni Barrios Moreno, del colectivo Justicia Tamaulipas y quien busca a su hijo desaparecido desde hace casi ocho años, exigió la renuncia de funcionarios estatales, por omisiones ante las autoridades respectivas para que le brindaran protección a la activista.

El 18 de mayo el gobierno de Tamaulipas instaló el Comité para la Implementación de Medidas de Seguridad a cargo del Estado, que será el encargado de proveer medidas de seguridad provisiones y urgentes, a defensores de derechos humanos y periodistas, hasta que el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas determine la procedencia de medidas cautelares que sean necesarias.

El objetivo del Comité —agregó el gobierno de Tamaulipas— es coordinar y unificar criterios para emprender las acciones de la Secretaría de General de Gobierno, Procuraduría General de Justicia del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública, para el otorgamiento de medidas de seguridad para víctimas del delito, defensores de derechos humanos y periodistas.

El traslado

En los documentos, revisados por este diario, se señala que hasta el 8 de mayo Rodríguez Martínez volvió a comunicarse con Sánchez Zetina, de la CEAV, para solicitar su traslado de Tamaulipas a la Ciudad de México para el día 11 de mayo, “toda vez que refirió que tenía información de la ubicación de uno de los perpetradores del asesinato de su hija, por lo que requería aportar dicha información a la PGR”.

Pero según informes de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Secuestro de la PGR, los oficios girados por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas obedeció a las reuniones periódicas que se sostienen con los diferentes colectivos de familiares de víctimas y no estaba establecida para recibir información sobre el paradero de algún sospechoso, como se había referido.

Los reportes de la CEAV consultados, por este diario, añaden que Sánchez Zetina se puso en contacto ese mismo 8 de mayo con el Ministerio Público Federal, a cargo de la averiguación previa, y acordaron fecha de comparecencia para Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez hasta el 15 de mayo, según consta en el oficio SEIDO/ UEIDS/FE-A/1681/2017.

En la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Secuestro de la PGR precisaron al respecto que las citas de este tipo se hacen con cinco días de anticipación para tener espacio para trámites de traslado. Por eso se fijó como fecha el 15 de mayo.

Rodríguez Martínez envió el 10 de mayo a las 19:00 horas un documento a la CEAV para realizar las gestiones para su traslado.

“El día 11 de mayo, aproximadamente a las 1:30 horas, recibí un mensaje de texto por parte de una usuaria integrante del colectivo, informándome sobre el asesinato de la señora Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez”, describió Sánchez Zetina.

Se sabe, por funcionarios del gobierno de Tamaulipas, que al menos 90 minutos después del último rondín de los policías estatales que cuidaban a la activista los asesinos atacaron a tiros su casa. Ella quedó gravemente herida y falleció en el hospital.

Luis Héctor Salinas Rodríguez, hijo de la activista, confirmó a las siete de la mañana del 11 de mayo, a la CEAV, el asesinato perpetrado contra su madre.

Ya no había nada qué hacer por ella.

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