“Urge un cambio de fondo en la PGR”

Se deben homologar procesos para garantizar acceso a la justicia a ciudadanos, coinciden titular de la PGR y expertos
Sergio López Ayllón, director del CIDE; el procurador general de la República, Raúl Cervantes, y Roberto Ochoa, titular de Innovación Institucional de la PGR, dijeron que es necesario fortalecer el Nuevo Sistema de Justicia Penal (Fotos: JENIFER NAVA)
07/04/2017
03:30
Diana Lastiri
Esteban Roman
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Para Raúl Cervantes Andrade, cambiar al procurador General de la República como al director técnico de un equipo de futbol “nunca va a cambiar en esencia la procuración, el sistema y la burocracia” en la justicia en México.

Durante el foro Las nuevas reglas del Sistema de Justicia Penal. ¿Más rápido… más justo?, realizado por EL UNIVERSAL, Cervantes Andrade aseguró: “Lo menos importante es el titular; debemos recordar a todos los que intervinieron y se comprometieron con el sistema [penal acusatorio que] eso es lo que se debe transformar. Si lo que queremos es vivir de la coyuntura y cambiar al procurador como al director técnico, nunca va a cambiar en esencia la procuración, el sistema y la burocracia en el mejor sentido”.

Indicó que los procuradores no deben ser quienes deciden, en última instancia, contra quién se ejerce o no acción penal, por lo que es necesario redignificar la figura del Ministerio Público dotado de autonomía institucional, mediante su profesionalización para garantizar el adecuado funcionamiento del nuevo sistema penal.

Agregó que las debilidades en el sistema de procuración de justicia deben ser tomadas como una oportunidad para aprender y reforzar la institución en su totalidad.

“La procuración de justicia es un derecho humano y se debe hacer un estándar nacional de acceso a la justicia para que no importe dónde vives. Se deben modificar todos los procesos institucionales para unificar criterios”, dijo.

“Para el ciudadano va a ser mucho más sencillo entender que si se presenta una denuncia en Nuevo León, en Quintana Roo o en la Ciudad de México, va a ser igual, no importando tampoco si es materia federal o estatal”.

Recordó que durante la Conferencia Nacional de Procuradores se dio impulso a la propuesta de empezar a trabajar en la creación de un Código Penal Único, que implicaría homologar la descripción de las conductas delictivas a nivel nacional. Es decir, que se elimine la redacción distinta que existe para un mismo delito en las 32 entidades federativas y se haga una sola para unificar la forma de investigación, procurar justicia y administrarla.

El director del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Sergio López Ayllón, agregó que se debe crear un estándar de servicio único para que el nuevo sistema opere bien y que los ciudadanos noten los cambios.

“Además de las diferencias en la conducta penal descrita en las leyes estatales, se procesa distinto, dependiendo de qué Agencia del Ministerio Público o a qué entidad federativa llegues.

“Lo que queremos es lograr un estándar de servicio en lo que suceda, sin importar que estés en Chiapas, Guerrero o Monterrey; [que] quien sea víctima de un delito sepa en qué condiciones, cómo se le va a tratar, cómo se va a procesar y obtenga una reparación del daño adecuada considerando la circunstancia del delito”, dijo.

Cervantes Andrade reconoció que es necesario un cambio también de ideología sobre lo que significa el acceso a la justicia, puesto que el nuevo sistema tiene más herramientas que no necesariamente llevan a los inculpados a prisión, porque lo que se busca es concentrar esfuerzos en la persecución de delitos de alto impacto.

“Si el sistema se ve correctamente, es más generoso, más humano, llegas a la verdad y a la justicia de manera más pronta y todos los recursos técnicos se deben concentrar en los delitos de alto impacto, que son los que más lastiman a la sociedad”, afirmó el procurador.

“La reacción del ser humano al cambio siempre es de resistencia, pero también es una enorme oportunidad para trabajar”.

Descartó cualquier intento de regresar al viejo sistema por parte de elementos de la propia PGR. “Siempre hay quienes piensan que este sistema no es el adecuado, ministerios públicos, litigantes, maestros, jueces; pero la enorme mayoría estamos convencidos de que este es el modelo a seguir”, señaló.

“Estoy convencido de que si México ha podido transformarse en otras áreas no veo ninguna excepción para la procuración de justicia. El diagnóstico crudo que presentamos describe todas las debilidades y debemos de partir de la base de que la procuración de justicia es una de las instituciones más débiles y demanda la población que incluyamos estándares internacionales”, indicó.

López Ayllón coincidió que en términos de procuración de justicia a nivel federal México tiene un serio problema por la falta de procesos formales y estandarizados, y que esto es un indicio de que a nivel estatal la situación es peor. “Hoy no hay procesos o hay procesos informales, no estandarizados, hay una gran diversidad, dependiendo de qué subprocuraduría o qué delegación se trate, las cosas suceden distintas.

“El diagnóstico del procurador es crudo pero cierto en que tenemos un serio problema, y si esto ocurre a nivel PGR, en los estados hay indicios de que lo que sucede es peor”, advirtió.

Roberto Ochoa, titular de Innovación Institucional de PGR, también presente en el foro realizado por El Gran Diario de México, destacó que actualmente el sistema ofrece la oportunidad de que no en todos los casos exista prisión preventiva, sino sólo en casos excepcionales, cosa que aún no es bien recibida por la ciudadanía.

“Se dice que el nuevo sistema es una puerta giratoria, porque como entran se van. Francamente no es así, lo que sucede es que veníamos soportando la inercia de que en el sistema anterior todo se resolvía, incluso preventivamente, con prisión.

“Hoy no es así, la detención y presentación de una persona ante el Ministerio Público no implica su permanencia ahí. No quiere decir que cuando se lleva un asunto ante un juez también van a quedarse en prisión: tenemos que cambiar la idea de que todos los asuntos penales deben tramitarse en prisión, pues también se pueden tramitar en libertad”.

Los participantes coincidieron en que homologar los procesos y los tipos penales permiten que, en términos de procuración de justicia, se combata la opacidad, la ausencia de estadísticas, desconfianza y corrupción.

“La procuración de justicia es la institución más débil y por ello debemos verla como una enorme capacidad de oportunidad. El Poder Judicial se especializó en oralidad, pero se nos olvidó que el sistema descansa en la investigación y en los medios alternativos”, dijo Cervantes.

López Ayllón observó que en el viejo sistema los verdaderos criminales no llegaban a la cárcel, sino que ésta era ocupada en su mayoría por personas que fueron detenidas en flagrancia por robos menores o delitos de cuantía menor.

Indicó que existe la necesidad de cambiar la ideología a que la comisión de un delito tiene consecuencias y que el mensaje debe ser lo suficientemente contundente para que la gente inhiba dichas conductas.

“Que cuando hay consecuencias, éstas van a ser proporcionales al daño que se ocasionó, y donde lo que importa es reparar el daño causado a la víctima del delito, no tanto que el sujeto esté en la cárcel.

“Que esa persona tenga la sanción que no sólo es la cárcel, puede ser trabajo comunitario, otra medida alternativa; es decir, no es que no le pase nada, sino que va a tener que dedicar parte de su tiempo a trabajar para reparar el daño y para la comunidad de manera obligatoria, no opcional”, explicó, “vamos a reservar las cárceles para aquellos delitos que realmente lastiman: secuestro, homicidio, robo con violencia”.

Advirtió que ante la resistencia de los litigantes de “la vieja escuela” que buscan desvirtuar el nuevo sistema, se requiere que el cambio sustancial provenga de las instituciones.

Ochoa agregó que el anterior sistema era cómodo para los operadores porque no tenían que armar casos. Con la nueva dinámica, la PGR buscará profesionalizarlos para que el servicio de un Ministerio Público sea totalmente dignificado para que pertenezca con orgullo a las instituciones de procuración de justicia.

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