SIP: policías, entre los agresores de la prensa

México, país de América más peligroso para periodistas, dice; indica que los medios se autocensuran por seguridad
El reporte de la SIP destaca el asesinato de la periodista chihuahuense Miroslava Breach Velducea, el 23 de marzo pasado, frente a su casa. (LUIS CORTÉS. EL UNIVERSAL)
03/04/2017
02:00
Teresa Moreno
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Con 119 asesinatos de reporteros y atentados en contra de las instalaciones de 50 medios de comunicación en los últimos 17 años, México es el país más peligroso de América para ejercer el periodismo, afirma el informe anual de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y señala a la policía como uno de los principales responsables de las agresiones contra periodistas.

“El país es considerado el lugar más peligroso para ejercer el periodismo en América. Desde 2000 a la fecha se reportan 119 asesinatos, de los cuales 12 corresponden a mujeres, según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)”, expone.

Destaca que en los últimos 17 años se cometieron 50 atentados contra instalaciones de medios de comunicación, y que en los últimos seis años, de 798 investigaciones por agresiones contra periodistas, sólo tres personas han recibido condena. En la actual administración del gobierno federal “30 son los periodistas asesinados desde que [Enrique] Peña Nieto asumió la Presidencia”.

En su reporte preliminar, que aún debe ser aprobado en la reunión de medio año de la SIP, la cual se celebra en Antigua Guatemala, Guatemala, agrega que la policía se ha convertido en uno de los principales responsables de las agresiones contra la prensa.

“Las autoridades de los tres órdenes de gobierno son responsables, en muchos casos, de las agresiones contra la prensa, que superan a los atentados provocados por el crimen organizado. La policía se ha convertido en uno de los principales responsables de las agresiones contra la prensa, la que recurre a la autocensura para garantizar su seguridad”, menciona el texto.

Señala que los medios de comunicación han tenido que recurrir a la autocensura “para garantizar su seguridad” y que ante la decisión de medios de comunicación de omitir información, las redes sociales se han convertido en fuentes alternas: “Ante presiones del Estado, la prensa nacional omite en gran medida la denuncia de atentados o acoso a comunicadores y medios locales”, señala.

El reporte destaca el asesinato de la periodista chihuahuense Miroslava Breach Velducea, el 23 de marzo pasado, frente a su casa en la ciudad de Chihuahua, y la determinación del director del diario Norte de Ciudad Juárez de no seguir imprimiendo la publicación tras 27 años de circulación, puesto que “entre otras cosas, no existen las garantías ni la seguridad para ejercer el periodismo crítico, de contrapeso”.

Destaca el asesinato de otros cuatro periodistas entre diciembre y marzo: Ricardo Monlui Cabrera, de Veracruz; Cecilio Pineda Brito, de Guerrero; Adrián Rodríguez Samaniego, de Chihuahua, y el ataque que sufrió el veracruzano Armando Arrieta Granados.

Precisa que a raíz de los tres asesinatos en el mes de marzo, el de Ricardo Monlui, Cecilio Pineda y Miroslava Breach, senadores cuestionaron los altos costos de la Fiscalía Especial para Atención contra Delitos a la Libertad de Expresión (FEADLE), y que incluso hubo una petición al procurador General de la República, Raúl Cervantes, para que se presentara a comparecer.

El reporte hace una cronología de las agresiones que han sufrido comunicadores entre diciembre de 2016 y marzo de 2017. La SIP enlista 13 casos de agresiones a periodistas que, si bien no tuvieron víctimas mortales, pusieron en riesgo la seguridad de los reporteros. Estas agresiones, ocurrieron en el Estado de México, Oaxaca, Ciudad de México, Chihuahua, Baja California, Querétaro, Michoacán, Guanajuato, Aguascalientes y Coahuila, a manos de civiles, deportistas, autoridades estatales y policías.

“El 7 de enero, Laura Sánchez Ley, [entonces] corresponsal del diario EL UNIVERSAL, y su esposo Luis Alonso Pérez, colaborador de Animal Político y Univisión, así como Jesús Bustamante, fotoperiodista del diario Frontera, fueron agredidos por agentes de la Gendarmería y de la Policía Estatal, mientras cubrían el desalojo de manifestantes en la planta de Pemex ubicada en Tijuana, Baja California”, indica.

El informe dice que durante 2016, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizó una solicitud de los partidos Morena y PRD para hacer modificaciones al derecho de réplica.

Como informó EL UNIVERSAL, las modificaciones demandadas por ambas instituciones políticas proponían eliminar el requisito de información falsa o inexacta para ejercer el derecho de réplica. Los partidos pretendían que cualquier persona que se sintiera afectada u ofendida por una publicación de un medio de comunicación, podían demandar el derecho a réplica, aunque la información fuera verdadera.

El documento, que se hizo público a través de la plataforma www.sipiapa.org, señala al estado de Puebla como una de las cinco entidades “más agresivas” para ejercer el periodismo en México, y menciona las acciones que ha realizado el ex gobernador Rafael Moreno Valle en contra de periodistas que denunciaron el uso de recursos públicos para apuntalar sus aspiraciones presidenciales.

“El ex gobernante Rafael Moreno Valle, atacó, amenazó y denunció a través de terceros, a comunicadores, afectando su estabilidad personal, patrimonio y libertad. Periodistas denunciaron que [Rafael] Moreno Valle privilegia con dinero público su candidatura a la Presidencia del país”.

El documento preliminar señala que a finales de enero, la Presidencia de la República presentó ante la SCJN una controversia constitucional contra la Ley Federal de Telecomunicaciones bajo el argumento de que esta es anticonstitucional por anticipar actos de censura, y que envió una petición al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para posponer la entrada en vigencia de una serie de lineamientos cuya aplicación “lesionaría la libertad de expresión”.

“Según la SIP, las regulaciones a las telecomunicaciones, redactadas bajo el argumento de la defensa de los derechos de las audiencias, se entrometen en los contenidos de los medios de comunicación electrónicos, establecen criterios de veracidad, imponen divisiones expresas sobre noticias, opiniones y espacios de publicidad, imponiendo fuertes multas que, ante infracciones reiteradas, pueden derivar en la clausura de los medios”, señala.

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