Vacío legal beneficia al crimen, advierte Sedena

Urge al Congreso a aprobar la Ley de Seguridad Interior; pide que legislación no se utilice como moneda de cambio política
Alejandro Ramos Flores, jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Defensa Nacional (GERMÁN ESPINOSA. EL UNIVERSAL)
11/04/2017
04:00
Javier Garduño
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La Ley de Seguridad Interior no es moneda de cambio partidista y su aprobación no puede estar sujeta a negociación política por los tiempos electorales, advirtió el general de brigada de Justicia Militar, Alejandro Ramos Flores, jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

En entrevista con EL UNIVERSAL, reconoció que es urgente su aprobación porque, ante el vacío legal, el único que se beneficia es el crimen organizado y no se ven esfuerzos de las policías estatales ni municipales para consolidarse, fortalecerse y profesionalizarse para que cumplan con sus obligaciones, y que las Fuerzas Armadas se retiren.

El abogado del Ejército sugirió que esa ley debería prever castigos para los funcionarios que no cumplan con sus obligaciones de seguridad pública.

General, ¿cuál es el tiempo ideal para que se promulgue esta ley? Se dijo que saldría en este periodo ordinario de sesiones, en abril.

—Creo que las amenazas a la seguridad interior están vigentes todo el tiempo, tenemos una falta al no haber regulado desde hace mucho tiempo esta función del Estado mexicano y el tiempo es el del Legislativo. Sí es preocupante que pudiera contaminarse esta discusión con los próximos procesos electorales, sea en algunas entidades o incluso de nivel federal el próximo año. Esta materia de la seguridad interior, desde nuestra perspectiva, no puede estar sujeta a negociación política, no puede ser moneda de cambio, es de interés de todos preservar al Estado mexicano y esa condición de orden constitucional, de vida democrática, para que pueda, todo mundo, desarrollarse en un clima de paz y libertad.

Llevamos 10 años de que las Fuerzas Armadas salieron a las calles y hacen funciones de seguridad interior y seguridad pública por mandato presidencial, ¿es urgente que se haga la ley ahora?

—Es urgente [que se apruebe] porque mientras no haya esta ley de seguridad interior, no se establece claramente cómo vamos a hacer frente a una amenaza, como usted lo plantea, y lo cierto es que nos tiene contaminado el tema del combate al crimen organizado, una de las muchas amenazas que pudieran darse a la seguridad interior. El crimen organizado puede ser visto desde el tema de seguridad pública, puesto que cada acto que comete es un delito, incluso del fuero común, pero al mismo tiempo, como un fenómeno social que se apodera, se infiltra en las instituciones. A través de la corrupción y posicionamiento de sus miembros impide que las instituciones cumplan con sus responsabilidades y, al contrario, que los apoyen en sus actividades ilícitas se convierte también en un tema de seguridad interior. Tiene esa doble vertiente y en esa surgen una serie de confusiones, de puntos ciegos que la ley no alcanza a definir y que solamente es aprovechada, en este caso, por el crimen organizado.

¿Quién saca provecho o toma ventaja del vacío legal?

—La falta de claridad en las reglas que rigen a las distintas instituciones que participamos en este esfuerzo, de alguna forma es un beneficio para estas organizaciones criminales. Sin embargo, aquí lo importante es dar rumbo a la coordinación de las acciones de todo el Estado para enfrentar el problema de la mejor manera y trazar un rumbo en tiempos, espacios y acciones concretas que cada uno tiene que hacer. El hecho de que las policías estatales y municipales no puedan cumplir su responsabilidad, obviamente genera un clima de incertidumbre. La participación de las Fuerzas Armadas, sin que exista esfuerzo por parte de las otras instituciones para consolidarse, fortalecerse, profesionalizarse, implica que nosotros sigamos con esta función, que parece subsidiaria, pero como dice, tenemos un tiempo importante en esa tarea y no hay rumbo para cuándo las otras instituciones podrán estar en condiciones de reasumir y participar en el esfuerzo del Estado.

¿Al Ejército qué le conviene, regresar a los cuarteles o continuar en estas tareas?

—Al Ejército le conviene regresar a sus cuarteles, porque las condiciones de normalidad se han recuperado, porque las instituciones responsables de atender cada uno de los aspectos tienen la capacidad para atenderlo, entonces, se podrá decir que el Ejército no es necesario en las calles y puede regresar a prepararse para sus principales misiones que tiene encomendadas en la Constitución y en la Ley Orgánica, no porque se asuma que el Ejército en las calles constituya una amenaza o genere la violencia que se da en el país, sino porque eso significará que tenemos una condición de seguridad interior suficiente para que la atiendan las instancias responsables.

Una de las mayores observaciones de los especialistas es que la policía, pese a que pasaron 10 años, no tiene la posibilidad de cumplir con sus funciones porque en algunos casos están contaminados por la corrupción o dentro de la delincuencia, ¿este es un riesgo para las Fuerzas Armadas?

—Los riesgos siempre existen. Qué tan grande, presente o inminente esté ese riesgo, depende de la fortaleza de las instituciones o los mecanismos con que cuentan para poder hacer frente a esa situación. Las Fuerzas Armadas estamos integradas por personal profesional, que tiene servicio de carrera eficiente. Nos da una posibilidad de desarrollo, inculca valores, está basada en principios y todos estos aspectos son parte de los alicientes para no dejarse permear por el crimen organizado, habrá el riesgo de que alguien pueda caer en la tentación, pero obteniendo todo este bagaje cultural de virtudes se entiende que la institución es más fuerte que todos estos tipos de embates que pudieran presentarse.

Parece que no hay urgencia por aprobar esta ley. Hay alcaldes y gobernadores que parecen cómodos mientras las Fuerzas Armadas están cumpliendo con las tareas que les corresponden a las policías, ¿qué opina, parece que no tienen prisa o están cómodos?

—No quisiera pronunciarme respecto a cuáles son los alicientes y las motivaciones para que los responsables de las políticas públicas y de la consolidación de las instituciones civiles que atienden la seguridad pública no lo hagan con esa prontitud. Es evidente y lógico pensar que si hay alguien que pueda suplir, que no me cueste económicamente y que en caso de errores o algún problema, tengo a quién derivar la responsabilidad, es más cómodo. Sin embargo, se entiende que las instituciones y quienes las dirigen estamos a cargo para cumplir esas responsabilidades, quizás, la ley deba prever las consecuencias para quienes, teniendo una responsabilidad de esta naturaleza, no la cumplan o desvíen sus atribuciones o recursos para fines distintos de esta tarea, que al final se traducen en un perjuicio para la sociedad. Hoy pareciera que no existe más allá del castigo electoral.

¿Esta ley prevé proteger a los civiles y que se evite que se cometan violaciones a los derechos humanos?

—Creo que el tema de la violación a los derechos humanos es independiente, es un tema que las autoridades los violan o no, a veces esos abusos son meras equivocaciones, porque en el terreno las decisiones tienen que tomarse con rapidez, a veces bajo fuego, y en esa medida las condiciones para tomar una decisión acertada puede traducirse en una violación a los derechos humanos. Habrá quienes, desviándose de su responsabilidad, lo hagan por el deseo o voluntad de cometer un abuso y en esos casos habrá que investigar y sancionar a quien lo haga.

La ley lo que va a permitir es darnos claridad. Nos hemos topado con situaciones en las que el Ministerio Público o los jueces desconocen que el personal militar, como no es instancia de seguridad pública, pueda poner a disposición a los detenidos en flagrancia, no en enfrentamiento, y otros que al revés, exigen que seamos nosotros quienes pongamos a disposición, porque con el nuevo sistema de justicia penal, quien debe hacerlo es el primer respondiente, pero el primero tiene que tener carácter de autoridad de seguridad pública, de acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales, entonces, nosotros no tenemos ese carácter y se presta a que se diga que, cuando llevamos a una persona ante un Ministerio Público, estamos afectando sus derechos.

En la práctica, el hecho de que no haya Ministerios Públicos disponibles para atender una puesta a disposición obliga a que el personal tenga que andar buscando la agencia donde le reciban, y si yo tengo un detenido de las 11 de la noche, en lo que consigo un Ministerio Público en el pueblo más cercano que me quiera recibir al detenido, a veces la puesta a disposición se va realizando a las 10 de la mañana, hasta que cambiaron de turno, y viene la calificación: te tardaste en la puesta a disposición, violentaste el debido proceso, a éste lo dejan en libertad y tú te vas adentro. Son cosas que surgen en la vida real y no es que se hayan violentado los derechos, así se dieron las cosas porque las autoridades responsables no estaban disponibles.

Un artículo que es muy cuestionado, del PRI, establece cualquier mecanismo para obtener información, y se interpreta que deja abierta la posibilidad, incluso de tortura o intervenir las líneas telefónicas o medios electrónicos, sin orden judicial, ¿es correcto?

—Volvería al tema de la interpretación. Las leyes deben interpretarse de manera hermenéutica, es decir, cada artículo tiene que leerse dentro del conjunto de la ley y el capitulado. La ley se presume que habla de legalidad y esta ley, que no es estado de excepción, que no suprime ninguna de las garantías de los derechos humanos previstos en la Constitución, no podría estar refiriéndose a métodos ilícitos, pero, los que piensan que se está dejando abierta para cometer actos ilícitos, que propongan que se le agregue, nada pasa si, para ser más precisos se le pone ahí: recolectar información por cualquier método lícito.

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