Hubo tortura en caso Ajuchitlán, determina CNDH

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Al acreditar que hubo tortura contra una mujer y violación a los derechos de otras seis personas, entre ellos dos menores de edad, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación dirigida al secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, y al comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia.

Se trata de hechos ocurridos en Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, uno de ellos difundido en redes sociales y medios de comunicación el 14 de abril de 2016 en el que en un video se observa a militares y una mujer policía federal interrogando a una civil sometiéndola con una bolsa para que proporcione información relacionada con el crimen organizado en la zona. Los hechos sucedieron el 4 de febrero de 2015.

El organismo señaló que al aplicarle el protocolo de Estambul a la mujer agraviada que sale en el video se concluyó la existencia de una afectación sicológica y emocional directamente relacionada con los tratos que sufrió, como asfixia, desnudez forzada, encapuchamiento, ejecución simulada, choques eléctricos y amenazas de daños.

En la recomendación 4/2017 la CNDH dijo que hubo detención arbitraria, retención ilegal y cateo ilegal en agravio de tres personas, dos hombres y una mujer, la cual también sufrió tortura, así como cateo ilegal contra otras cuatro víctimas.

“Tras diversas diligencias, la CNDH contó con indicios y evidencias para acreditar que el 4 de febrero de 2015, en las primeras horas del día, miembros del Ejército Mexicano ingresaron a un domicilio particular donde detuvieron a las tres personas mencionadas, sin contar con mandato expedido por autoridad competente. En la vivienda también estaban las otras cuatro víctimas: la madre de la mujer torturada, dos hijos de ésta de ocho y seis años de edad, y el propietario del inmueble, de 74 años de edad”, explicó.

El organismo comentó que los tres agraviados fueron llevados ante la autoridad competente 17 horas después de su detención; primero fueron trasladados a instalaciones militares donde, según declaración de la mujer torturada, fue golpeada por tres mujeres, dos vestidas con uniforme del Ejército y una con el de la Policía Federal; en un cuarto fue obligada a desnudarse y recibió más agresiones, y fue interrogada por un hombre con uniforme militar.

Fue llevada a un taller mecánico abandonado, donde continuó el interrogatorio sobre armas y personas; al no proporcionar información la amenazaron con dañar a su familia.

La mujer policía la obligó a hincarse, la esposó con las manos hacia atrás y le colocó una bolsa de plástico en la cabeza e intentó asfixiarla en dos ocasiones, cubriéndole con la mano boca y nariz. Posteriormente la trasladaron en una patrulla a Iguala, Guerrero, y en el trayecto la uniformada le dio toques eléctricos en una pierna en cuatro ocasiones.

La CNDH solicitó que se investigue si más servidores públicos, tanto de la Policía Federal como de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), tuvieron participación, por acción o por haber tolerado tal conducta; la reparación del daño y colaborar en el trámite y seguimiento de la denuncia de hechos y de las quejas que presente ante la Procuraduría General de la República y el Órgano Interno de Control de esas dependencias contra los servidores públicos involucrados.

Por ese caso, el 19 de marzo de 2016 el juez Quinto de Distrito con residencia en Iguala, Guerrero, ordenó la aprehensión de tres policías federales y dos elementos de la Sedena.