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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó un amparo para ordenar a la Procuraduría General de la República (PGR) que abra los datos sobre las investigaciones relacionadas con el periodo conocido como Guerra Sucia.

El proyecto fue realizado por el ministro Alberto Pérez Dayán, y aprobado por la mayoría de los integrantes de la Segunda Sala de la Corte.

La ministra Margarita Luna Ramos consideró que por tratarse de investigaciones sobre delitos de lesa humanidad la información debe ser pública, pero los datos de las víctimas no deben ser públicos al estar protegidos por la ley.

“Coincido con la parte en donde determina que cuando se trata de información sobre delitos de lesa humanidad sí prevalece el criterio de máxima publicidad, sin embargo, está también en contraposición el derecho reconocido por la Constitución en materia de datos personales y al solicitar el nombre de las personas, en mi opinión, son datos personales que al final de cuentas tendrían que consultarse con las personas que fueran sobrevivientes de esa época para poder determinar si están de acuerdo o no en la publicidad”, dijo.

El fallo confirmó el amparo otorgado para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordene a la PGR revelar los nombres de las víctimas de cada una de las 135 averiguaciones previas concluidas relacionadas con la Guerra Sucia durante los años 70 y 80.

En varias solicitudes de información de este periodo la PGR ha respondido que no cuenta con ella en sus archivos.

En recursos de revisión ante el INAI, la procuraduría reconoció que el envío de los datos de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) a la Dirección General de Investigaciones presentó irregularidades y hay expedientes que se quedaron en la Galería Uno del Archivo General de la Nación (AGN).

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