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La Cámara de Diputados inició formalmente el debate de la Ley de Seguridad Interior con la que se busca otorgarle un marco jurídico a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y ayer se avanzó cuando la Comisión de Seguridad Pública emitió su opinión a favor de las iniciativas que presentaron los grupos parlamentarios del PRI y de Movimiento Ciudadano.

Ahora, la Comisión de Gobernación de la Cámara Baja será la encargada de elaborar el dictamen y avalarlo en las próximas semanas. La intención es elaborar un solo dictamen de todas las iniciativas presentadas: la del coordinador del PRI, César Camacho, y su correligionaria Martha Tamayo; la que presentó el diputado de MC, Manuel Espino; así como los senadores Miguel Barbosa (PRD) y Roberto Gil (PAN).

También se espera que la próxima semana sesione la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados para emitir una opinión sobre la Ley de Seguridad Interior y su posible impacto presupuestal que tendría en caso de aprobarse.

En este contexto, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Jorge Ramos, informó que el próximo martes la Mesa Directiva de este órgano parlamentario se reunirá con el propósito de “diseñar y acordar el calendario de sesiones de trabajo para aprobar el dictamen de Mando Mixto”.

El dictamen se construirá en comisiones unidas, con la de Puntos Constitucionales, las cuales están de acuerdo con la forma de arrancar el procedimiento de análisis y discusión, explicó. En este marco, afirmó, “se va a convocar a los responsables de la seguridad del país para que comparezcan y den sus puntos de vista y escucharlos, es decir, hacer consulta amplia sobre el tema, pero que no dilate más una reforma tan urgente”.

Una ley permisiva. En el debate al interior de la Comisión de Seguridad Pública, los grupos parlamentarios del PRD y de Morena votaron en contra, mientras que a favor estuvieron PRI, PAN, PVEM, MC, Encuentro Social y Panal.

El diputado de Morena Cuitláhuac García, aunque no es integrante de esta comisión, dijo que esta ley es permisiva y retrógrada, porque desde su opinión se está únicamente justificando el mandar al Ejército a la calle con todo lo que pudiera ser y ejemplificó casos como el de Tlatlaya.

En respuesta, Jorge Ramos dijo que las actividades de los militares y marinos no afectan al país, y ponen lo que las autoridades civiles por corrupción, complicidad u omisión y comodidad no hacen. “Ellos ponen la acción y también los muertos”, indicó.

Sostuvo que “se equivoca el que diga y crea que a las Fuerzas Armadas se le dan atribuciones de seguridad pública, no es su naturaleza y no están capacitadas para eso, pero sí tienen capacidad de fuerza para acompañar a las autoridades civiles como ocurrió en Baja California, entre 2007 a 2010, con éxito, para combatir el crimen organizado, y regresaron a sus cuarteles por siete años; lo mismo sucedió en Ciudad Juárez, Chihuahua, y Monterrey, Nuevo León, donde también se retiró el Ejército”, explicó.

Aún sin consenso. A pesar de que en unos días se prevé el aval del dictamen para expedir la Ley de Seguridad Interior, los grupos parlamentarios al interior de la Cámara Baja aún no tienen un consenso sobre los detalles de esta reforma, incluso el debate de la minuta del Mando Mixto Policial podría contaminar su aprobación.

En entrevista, el vicecoordinador de los diputados del PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín, afirmó que su bancada revisará primero el tema de la Ley de Seguridad Interior, que pretende regular la actuación de las Fuerzas Armadas en el combate a la inseguridad, antes de entrar al debate del Mando Mixto Policial de los estados.

Mencionó que se contempla un plazo para que las Fuerzas Armadas regresen a sus cuarteles, “si lo contempla no conozco ahora el plazo que estamos solicitando, pero sí precisamente el tema es, más que un plazo en días, una serie de condiciones que marquen la actuación del Ejército y hasta cuándo puede permanecer haciendo esas funciones”, destacó Ramírez Marín.

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