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La prioridad de prioridades del Senado, así como de la Cámara de Diputados, es legislar en periodo extraordinario, en enero, el marco jurídico para la actuación de las Fuerzas Armadas frente al crimen organizado, dijo el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara Alta, Enrique Burgos (PRI).

El legislador estimó que se podría convocar a extraordinario, a más tardar, entre el 24 y 28 de enero, luego de que se lleven a cabo consultas públicas para “redondear o actualizar” puntos específicos que se agreguen a lo dicho en los foros que se realizaron para la reciente reforma en materia de seguridad.

Burgos García dijo que las bancadas del PRI, PAN, PRD y PVEM en el Senado han expresado su voluntad de aprobar en periodo extraordinario una Ley de Seguridad Interior, tema del cual se tienen sendas iniciativas en ambas cámaras legislativas y, por lo tanto, se cuenta con trabajos preliminares en curso, lo que facilita la perspectiva de que esta ley sea aprobada antes del inicio del periodo ordinario —el 1 de febrero—.

Aprobar la Ley de Seguridad Interior, agregó Burgos García, sería un claro mensaje de unidad nacional, en momentos que se prevén difíciles, por la asunción de la presidencia de Estados Unidos de Donald Trump.

Luego de 10 años de que las fuerzas armadas abrieron el combate al crimen organizado, con persecuciones en regiones y ciudades de diversos estados, el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, pidió un marco jurídico para la acción militar y manifestó que los primeros interesados en regresar a los cuarteles son los integrantes del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.

La Constitución delimita la responsabilidad de las Fuerzas Armadas en relación con la salvaguarda de la soberanía en el territorio nacional. Sin embargo, los militares han hecho tareas de seguridad pública al encabezar la lucha contra el crimen organizado.

Burgos García dijo que abatir el problema de la inseguridad en México es fundamental, y tiene sentido la petición de Cienfuegos Zepeda.

En distintos enfrentamientos de las Fuerzas Armadas con grupos que cuentan con arsenal poderoso, se ha cuestionado la acción de los militares, y ante ello las propuestas de Ley de Seguridad Nacional que se han presentado en el Congreso plantean disposiciones sobre el uso institucional de la fuerza. La meta es que el Ejército, Armada y Fuerza Aérea regresen a la brevedad a sus estaciones, como lo dicta la Constitución, dijo el senador.

Además de que el Congreso de la Unión legisle, la situación obliga a que los gobernadores y alcaldes asuman a plenitud su responsabilidad en materia de seguridad pública que está expresada en los artículos constitucionales 21 y 115, agregó el priísta.

Desde luego, aclaró Burgos, la actuación de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública, en especial contra el crimen organizado, “es insustituible, por ahora”.

Consideró que en las próximas dos semanas habrá tiempo suficiente para que las comisiones de Defensa Nacional, Seguridad Pública, Justicia y Estudios Legislativos del Senado enlacen sus trabajos con los órganos legislativos equivalentes de la Cámara de Diputados para atender una consulta abierta a la sociedad sobre el tema, definir el análisis y elaboración del dictamen que sea presentado a los plenos de ambas cámaras antes de la última semana de enero, detalló.

Afirmó que ante la llegada de Trump a la Casa Blanca, el alza de los precios de las gasolinas, una economía con alto costo del dólar y panoramas de bajo crecimiento de las actividades productivas y comerciales, el hecho de que el Congreso legisle un tema prioritario sin duda alentará una atmósfera de unidad nacional.

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