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El representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jařab, expresó su preocupación por el contenido de las iniciativas en materia de seguridad interior para las Fuerzas Armadas y advirtió que se debe establecer una ruta gradual para el regreso de las tropas a sus cuarteles.
En una reunión de trabajo convocada por la Comisión de Gobernación del Senado, Jan Jařab aseguró que a más de 10 años de que el Estado recurrió a las Fuerzas Armadas —que no están formadas en tareas de seguridad— como medida contra la inseguridad, criminalidad y violencia, la decisión ha estado lejos de mejorar la situación.
“Las estadísticas son contundentes, los índices de homicidios hoy son mucho más elevados que antes de 2016, año en el que se incrementaron; las desapariciones registradas han llegado a casi 30 mil”, dijo.
Expresó que el despliegue de militares ha provocado una multiplicación de las violaciones graves a los derechos humanos y las 164 recomendaciones de la CNDH en la última década son prueba de ello.
Dijo que las iniciativas que se han presentado en materia de seguridad interior representan una fuente de preocupación para la ONU y advirtió que si el país sigue adelante con esta legislación se deberá garantizar que no implique una suspensión de derechos.
Por su parte, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, defendió la labor de las Fuerzas Armadas en tareas de ayuda a la población contra la extrema violencia en algunas regiones del país.
“En la lucha contra la delincuencia organizada, las Fuerzas Armadas realizan tareas para las cuales están preparadas, algunas las han desempeñado históricamente”, expresó.
Campa consideró que es necesaria una ley que defina y regule la seguridad interior, las actividades que deben realizar las Fuerzas Armadas, el alcance de las medidas que pueden tomar las autoridades para garantizar la continuidad de las instituciones y el desarrollo nacional mediante el Estado de derecho.
Dijo que el Estado tiene dos opciones: mantener la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública o aprobar un marco legal que dé seguridad a los ciudadanos y certeza jurídica en su actuación al Ejército en las actividades que realizarán, previa solicitud de las autoridades civiles.
