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El robo de contenido que realizan diversos sitios electrónicos para vender información generada por empresas periodísticas y de entretenimiento como si fuera propia y lucrar con ello es un delito que debe ser denunciado y castigado, pues atenta contra las empresas generadoras de contenido original, concluyeron en una de las mesas de la 72 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

Ayer en el panel, denominado “Robo de contenido y libertad de expresión”, moderado por el Director Editorial de EL UNIVERSAL, Francisco Santiago Guerrero, los ponentes coincidieron en lo anterior al señalar que se pone en riesgo la viabilidad de los medios generadores de contenidos e incluso la libertad de expresión.

Carlos Marín, director general editorial de Grupo Milenio, calificó la gravedad de la conducta como crimen organizado. “Cualquier forma de robo, como se ha dicho aquí, como ‘agandallarse’ contenidos que no le cuestan, para mí es crimen organizado”, dijo.

Lamentó que al amparo de la libertad de expresión las personas que realizan esta práctica quedan impunes.

“Es una competencia, desde mi punto de vista, peor que la desleal; se trata de un robo descarado de información; es decir, hay un delito y muchos de ellos ni siquiera citan de dónde tomaron la nota, omiten todo crédito, no ponen la URL [dirección web] del portal original y no hay una ley que regule en internet el robo de datos o los derechos de autor.

“Es la guerra por el clic, un clic que no les pertenece porque la nota original no la obtuvieron, no es suya y la nota, no sobra decirlo, es de quien la trabaja”, opinó Marín.

Y añadió: “Medios nativos digitales difusores de asuntos periodísticos tales como Sin Embargo, Sopitas, 24 Horas, La Silla Rota o SDP Noticias, entre otros, se han colocado en el gusto de lectores y robado un trozo de pastel de dudosa probidad en la pelea por obtener más clics.

“No obstante, mucha de la información que publican estos agregadores, quienes más saben de esto me dicen que hasta 80%, proviene de medios bien cimentados que financian una sólida estructura de información con reporteros, editores, jefes de información, fotógrafos, camarógrafos, contratos con agencias informativas y de imágenes fijas o de video periodísticas”, añadió Marín.

Jorge Islas, maestro en Leyes y experto en transparencia y medios, dijo que lamentablemente hay un falso debate en torno a la libertad de expresión, que se ve como el derecho “que tenemos todos para buscar, recibir y difundir toda clase de información.

“Tramposamente, no se dice y no pormenorizan la posibilidad de que esta libertad de expresión en las distintas legislaciones y también en el ámbito internacional refiere que hay responsabilidades ulteriores. No debe haber previa censura, pero sí, eventualmente, hay responsabilidades ulteriores que deben estar expresamente fijadas por la ley”, consideró Islas.

Indicó que estas conductas violan los derechos de autor con una afectación patrimonial al medio de comunicación que generó la información y al reportero que la trabaja, pues estos portales electrónicos comercializan con su información, lo que les significa una ganancia económica.

Islas recordó que los medios debidamente establecidos tienen medios de control en la ley y de autocontrol, mediante códigos deontológicos que rigen sus conductas, a diferencia de algunos de los digitales.

Luciano Pascoe Rippey, director general de Estrategia Editorial de Grupo Salinas, propietario de TV Azteca, señaló que muchos de estos medios sólo utilizan la información y al final de los textos mencionan el medio de donde se originó, pero la comercializan como propia; realizan pequeñas modificaciones de forma al texto para argumentar que no existió ningún plagio o robo y esto afecta directamente la labor periodística.

Llamó a crear un frente común entre las empresas generadoras de contenido para combatir esta conducta.

“No debemos darle ni respiro ni tregua a los que se están robando nuestros contenidos y tenemos que insistirle no solamente a Google, sino a todas las demás plataformas para que esta práctica termine”. Pascoe Rippey consideró que entre las alternativas está hablar con los anunciantes con el fin de cuidar el negocio.

“Tenemos que hablar con los anunciantes para detener esta práctica y tenemos que construir un gran frente que nos permita a los medios cuidar el negocio, porque si el negocio del cual los periodistas vivimos queda mancillado, queda afectado, evidentemente nuestra profesión va a estar en riesgo”, señaló en su exposición.

El Director Editorial de EL UNIVERSAL, Francisco Santiago Guerrero, lamentó que esa práctica sea sistemática y que portales dedicados al robo de contenido se adjudiquen logros que no les pertenecen.

“La práctica de tomar y lucrar con el trabajo de otros es algo que más de un sitio de internet hace de manera sistemática”, indicó.

Dijo que esos portales “presumen sus grandes números de tráfico y de seguidores que tienen en redes sociales, pese a que son logros sustentados en el robo de contenido original”.

Recordó que EL UNIVERSAL monitoreó dos de los principales sitios electrónicos que ofertan noticias y encontró que menos de 5% de sus contenidos proviene de trabajos propios, lo cual no sería grave si los anunciantes los desestimaran a partir de su baja calidad y malas prácticas.

“La realidad es que las páginas de robo siguen existiendo porque son lucrativas: políticos, gobiernos e incluso algunas empresas comparten ‘el pastel publicitario’ con esos pequeños medios, reduciendo así las fuentes de ingreso que antes correspondían a los productores de contenido original”, explicó Santiago Guerrero.

Señaló que The Wall Street Journal, CNN, Fox News, Financial Times, The Washington Post, entre otros medios en Estados Unidos y Europa actúan colectivamente contra Google por rankear al mismo nivel tanto a medios profesionales como a estos sitios agregadores de noticias, de ahí la iniciativa Proyecto Confianza, con la que se busca cambiar el algoritmo que Google emplea para privilegiar a los creadores de contenido original por encima de los plagiadores.

Javier Tejado Dondé, vicepresidente de Televisa, y Secretario General de la Organización de Telecomunicaciones de Iberoamérica, advirtió que estos medios también son utilizados por los partidos políticos para hacer campañas fuera de la ley sin que se les pueda sancionar.

“En medios electrónicos los partidos y muchos gobiernos están haciendo inversiones muy fuertes que no están reportando y ahí empieza el robo de contenidos”, indicó.

El tema electoral es que hay una sobrerregulación a medios tradicionales que pone en riesgo la libertad de expresión en México, advirtió.

Mario Tascón, maestro de la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano, coincidió en que uno de los problemas para atacar estas conductas es que en las legislaciones el concepto de propiedad intelectual es variable y ello dificulta la exigencia a que se castigue el robo de contenido. Esto, se agrava con el desconocimiento de los propios periodistas sobre sus derechos y obligaciones en cuanto a derechos de autor y propiedad intelectual en el manejo de la información con la que trabajan sus contenidos, explicó el especialista.

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