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El titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González, informó que hubo 22 ejecuciones arbitrarias durante el enfrentamiento entre fuerzas federales y miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ocurrido en Tanhuato, Michoacán en mayo de 2015.
Durante la presentación del informe realizado por la Comisión sobre el caso, el ómbudsman confirmó que elementos de la Policía Federal cometieron violaciones graves a los derechos humanos en los hechos ocurridos el 22 de mayo de 2015 en el Rancho El Sol y que derivaron en la muerte de 43 personas, uno de ellos perteneciente a la Policía Federal.
González Pérez indicó que hubo ejecuciones arbitrarias derivadas del uso excesivo de la fuerza, manipulación de evidencias y tratos indignos al menos a dos cuerpos, además de tortura y tratos crueles e inhumanos a los tres detenidos en el Rancho El Sol, quienes afirmaron pertenecer al Cártel Jalisco Nueva Generación.
De igual modo, determinó que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán incurrió en violaciones menos graves a derechos humanos debido a que las necropsias que realizó contienen irregularidades y que los familiares de las víctimas mortales denunciaron que tenían a los cadáveres en el piso, sobre aserrín y con hielos.
Detalló que dos cadavéres fueron quemados arbitrariamente por elementos de la PF y otro sujeto más fue quemado vivo.
En el expediente de la CNDH conformado por 31 tomos, se llegó a la conclusión de que la PF incurrió en falsedad en los informes que emitió sobre las circunstancias en que ocurrieron los hechos de Tanhuato pues hubo manipulación del lugar de los hechos y colocación de armas en 16 cadáveres así como reubicación de otros siete cuerpos.
Por ello, el ómbudsman nacional pidió que se castigue a los culpables a aquellos que “incumplieron normas” y se emitieron ocho puntos recomendatorios.
“Los derechos humanos no son un recurso para la impunidad o la ilegalidad”, enfatizó.
Aseguró que tienen identificados plenamente a los elementos que participaron en el operativo y que inicialmente llegaron 41 elementos al rancho, quienes irrumpieron mientras sus ocupantes se encontraban dormidos, posteriormente, luego de la muerte de uno de ellos y que otro resultara herido, arribaron 54 elementos más y un helicóptero artillado en el que viajaban 5 elementos más.
En total, en el operativo participaron 100 elementos de la Policía Federal.
Solicitó se investigue de igual modo, imparcialmente y con estricto apego a derecho la muerte del elemento de la PF y las circunstancias en las que fue herido otro elemento más.
El primer visitador general de la Comisión, Ismael Eslava, informó que la investigación del caso realizó una investigación exhaustiva de los documentos y evidencias integrados en la carpeta de investigación, así como publicados en medios, todos analizados por peritos acreditados.
Al hacer una recapitulación de los hechos afirmó que no se confirmó la versión oficial de cómo ocurrieron los hechos debido a la falta de veracidad en los informes de los elementos de la Policía Federal sobre las circunstancias en las que se desarrolló el operativo y no se acreditó el supuesto enfrentamiento armado sobre la carretera Nogales-México.
Además, Eslava aseguró que por lo menos dos de los fallecidos fueron obligados a mirar la ejecución de tres más, ya que fueron llevados al interior de la casa.
También se detectó que al menos 16 cuerpos recibieron los disparos por la espalda y desde el helicóptero, mismo que en total disparó cuatro mil proyectiles a la casa y la bodega del rancho, con lo que provocó un incendio en el cual, dentro de la bodega, murió una persona.
Durante el enfrentamiento, 42 presuntos integrantes del CJNG y un policía federal murieron.
De acuerdo con reportes oficiales, el rancho El Sol -un predio de 112 hectáreas- era utilizado por el Cártel y fue descubierto tras la persecución de una camioneta con hombres armados, quienes intentaron resguardarse en esa propiedad.
De los fallecidos, 39 eran originarios de Ocotlán, Jalisco; uno del municipio de Tala y dos de Michoacán.
La CNDH recomendó a la Comisión Nacional de Seguridad colaborar en las indagatorias para fincar responsabilidad contra los elementos involucrados e iniciar el proceso de reparación del daño a los familiares de los 22 ejecutados arbitrariamente, así como a los tres detenidos mediante el pago de una indemnización por los actos de tortura y tratos crueles a los que fueron sometidos.
Asimismo, pidió a la Procuraduría General de la República iniciar una investigación para esclarecer la muerte de 15 personas cuyas circunstancias se desconocen y de uno más que sufrió atropellamiento pero que tampoco se conoce la forma en que murió.
La siguiente es una lámina del informe de la CNDH
