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Enemigos y confrontados en lo político y las formas de operación, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) coincidieron en ocho puntos para exigirle al gobierno federal que rediseñe la evaluación del desempeño magisterial.

Ambas organizaciones pugnan por quitarle lo “punitiva”, que fortalezca el normalismo, presente el modelo educativo (que en su diseño incluya al magisterio), mejore la infraestructura de las escuelas y el presupuesto para la educación, tome en cuenta los contextos de pobreza y marginación en los que trabajan algunos docentes, y garantice el respeto a los derechos de los trabajadores.

El documento que presentó por separado el SNTE ante la Secretaría de Educación Pública (SEP) dos días después de que lo hizo la CNTE —que mantiene el paro de actividades desde el pasado 15 de mayo—, coincide en ocho puntos con la demanda que hizo la disidencia en contra de la reforma educativa.

Al hacer una revisión a los pliegos que presentaron, los primeros en la SEP y los segundos en la Secretaría de Gobernación (Segob), lo que se advierte es que incluso la redacción es similar en tres demandas, en las cuales se exige rediseñar la evaluación del desempeño magisterial.

El martes pasado, la coordinadora le entregó al gobierno federal, a través de la Segob, una propuesta para suspender los efectos y modificar la reforma educativ a; su documento, de tres páginas, contiene 13 puntos o consideraciones generales y tres planteamientos.

El jueves, el sindicato le dio al gobierno federal, a través de la SEP, las 12 exigencias en torno a la reforma, acordadas por 55 de 61 secretarios generales seccionales.

En ocho puntos de su pliego de exigencias, el SNTE, que preside Juan Díaz de la Torre, coincide con la coordinadora y en tres de estos puntos, la redacción es prácticamente igual. Los aspectos de mayor coincidencia están relacionados con la urgencia de hacer cambios radicales a la Ley General del Servicio Profesional Docente y a la evaluación del desempeño para la permanencia en el servicio, puesto que ambas representaciones gremiales la consideran punitiva.

“Para que sea sincera y realmente involucre a maestros y estudiantes, esta evaluación no debe ser punitiva y no [debe] implicar sanciones laborales ni administrativas para los docentes”, demanda el documento que entregó la CNTE a la Segob.

“Exigimos eliminar del proceso de evaluación toda visión o acción sancionadora o punitiva”, reitera el documento del SNTE.

Un segundo aspecto de coincidencia es el noveno punto del pliego petitorio de la coordinadora y la quinta exigencia del sindicato. Ambos demandan respetar la formación de maestros normalistas y fortalecer ese sistema de enseñanza.

“Estamos de acuerdo en generar una refundación de las escuelas normales, para fortalecer su misión histórica. La discusión debe girar en fortalecer el normalismo mexicano”, puntualizan los disidentes.

“Demandar a la SEP el plan de transformación de las escuelas normales, para fortalecerlas como el espacio privilegiado para la formación docente”, especifica el SNTE.

También coinciden en que es necesario que el Estado realice un mayor esfuerzo financiero para ampliar la infraestructura educativa.

La discordancia está en que mientras la coordinadora señala que el presupuesto educativo debe recibir 12% del Producto Interno Bruto (PIB), el sindicato no establece una exigencia específica sobre el tema.

“Exigir a la SEP y a las autoridades educativas agilizar los procesos correspondientes a la transformación integral de las condiciones de infraestructura y equipamiento tecnológico de las escuelas”, demanda el sindicato en su segundo resolutivo.

“El esfuerzo financiero de 12% del PIB para la educación, a fin de garantizar la ampliación de la infraestructura en educación en todos los niveles, equipamiento y número de maestros”, refiere la coordinadora en su pliego petitorio.

Otro punto toral en el cual coinciden las representaciones del gremio magisterial es en la necesidad de presentar un modelo educativo —que la SEP todavía no ha presentado—, que incluya a los profesores en su diseño; al respecto, la coordinadora señala que debe ser horizontal y describir los problemas a los cuales se enfrentan los docentes en la práctica cotidiana y factores que los causan.

Que considere “los contextos socioculturales, las condiciones materiales del plantel, los programas educativos, la formación y prácticas docentes, la carga administrativa, la asistencia de los alumnos y el aprovechamiento académico”, señala la disidencia en su texto.

Mientras que el sindicato pide que la evaluación sea más incluyente y horizontal, “más realista, pertinente y cercana a la experiencia cotidiana y contextual de los docentes”.

Ángel Díaz Barriga, profesor del Instituto de Investigaciones Sobre la Universidad y la Educación (IISUE) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señaló que si bien la CNTE concentra sus demandas en la suspensión o abrogación de la reforma educativa, destacó que es común la oposición a una evaluación punitiva.

“Yo no diría coincidencias, porque hasta donde sé el pliego de la coordinadora sigue siendo derogación, pero en los argumentos, obviamente, un punto de coincidencia es que ambos consideran que lo que se está haciendo es punitivo, y en ese sentido, me parece que ahorita le toca a la SEP, al Presidente de la República o al Congreso, hacer un proyecto de reforma tanto a la ley del INEE, como a la Ley de Servicio Profesional Docente”, dijo.

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