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La Arquidiócesis de México afirmó que el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa toca los “males corrosivos del aparato legal, infectado de burocracia, impunidad, corrupción y de complejidades pseudolegales dilatorias de la justicia expedita” del país.

La jerarquía católica consideró que el gobierno federal debe “dar un giro drástico, ofrecer verdades contundentes y no actuar por inercia debido al cansancio y el descrédito” en un hecho ocurrido hace 19 meses en el estado de Guerrero.

Bajo el título “Decadencia legal”, el editorial del semanario católico Desde la fe enfatizó que el grupo de expertos destacó la falta de “cooperación y obstáculos que enrarecen el esclarecimiento de la verdad”, y que sus conclusiones advierten el “urgente” rediseño del modelo penal, así como la solidificación de los procesos de investigación, la atención de las víctimas y el respeto a los derechos humanos.

Al fijar su postura sobre el último informe del GIEI, la Iglesia dijo que lo que suponía una intervención esperanzadora para saber qué pasó en uno de los más dramáticos asuntos penales en la presente administración llega a su fin con más preguntas que respuestas.

La publicación indicó que “el sistema está hecho para cocinar culpables, desgraciando destino y vida de inocentes; las cárceles están ocupadas por gente que nada ha hecho, pero son víctimas de las deformaciones del derecho e injusticias maquiladas en el escritorio para cubrir cuotas sin perseguir delitos reales”.

Añadió que “sembrar pruebas, inculpar inocentes, violar el debido proceso y obstruir la justicia con infames tecnicismos y nimiedades legaloides, burlar la contundencia de testigos y probanzas sólidas son los grandes males que infectan el organismo legal en México”.

Por ello, califica que la situación “no podría ser más desastrosa”, y consideró que “estamos ante la prostitución y perversión del derecho, que funciona a los poderosos para aplastar a los mexicanos en desventaja, principalmente a los pobres, quienes son aniquilados en su libertad por sus condiciones sociales y económicas”.

Para los líderes católicos “el tiempo pasa y los 43 son foco de tensión que debe esclarecerse para bien de todos. Este mismo caso nos muestra que los cambios en el sistema de justicia son inaplazables para reconstruir la confianza, porque muchos mexicanos no están de buen humor ante la encrucijada que pretende solapar a pocos contra el fortalecimiento del Estado de derecho común a todos”.

El 30 de abril el GIEI terminó su trabajo en México tras un año y un mes de labores, lapso en que hubo momentos clave para la investigación de los normalistas desaparecidos desde 2014.

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