CNDH pide crear ley general sobre desplazamiento forzado

La Comisión Nacional de Derechos Humanos pidió al Gobierno Federal la creación de una ley general sobre desplazamiento forzado en el país, ya que no existen datos ni registros oficiales que permitan conocer la problemática que existe en México.

El organismo explicó que no hay una colaboración entre autoridades federales, estatales y municipales, que permita determinar cuántas personas han tenido que dejar su hogar en los últimos años por la violencia, por fenómenos naturales o por el surgimiento de grupos de autodefensa.

"Consideramos que es necesaria la creación de una ley general sobre desplazamiento forzado interno que establezca el margo jurídico, base para la distribución y la determinación de la concurrencia de atribuciones y obligaciones de las autoridades del Estado mexicano, en la materia, ya que, actualmente, las únicas referencias normativas serían del ámbito internacional", dijo Luis Raúl González Pérez, presidente de la CNDH.

Al presentar el primer informe sobre desplazamiento interno en el país, la CNDH dijo que las cifras encontradas son registros preliminares, ya que no existe un censo confiable que pueda revelar la situación de personas que han tenido que dejar sus hogares en el país.

Según el informe, la CNDH detectó a mil 784 personas que dijeron haberse desplazado, además, se ubicó a 35 mil 433 víctimas, las cuales fueron identificadas por autoridades estatales y municipales. Distintos organismos protectores de derechos humanos han documentado 6 mil 685 casos, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, reportó a a 5 mil 364 familias desplazadas de Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Nayarit y Oaxaca.

Ante la falta de informes que permitan conocer la situación que prevalece en el país, el organismo dijo que es necesario formular protocolos de actuación dirigidos a las autoridades de los tres niveles de gobierno; generar acciones de coordinación entre el Estado, organismos internacionales, la sociedad civil y el sector privado, implementar medidas para garantizar los derechos de las víctimas, crear mecanismos en beneficio de las personas desplazadas, así como de niños, niñas y adolescentes, y realizar un estudio para determinar la viabilidad de pedir una ley general sobre personas desplazadas.

jlcg