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La iniciativa de ley del presidente Enrique Peña Nieto, que propone el uso de medicamentos elaborados con marihuana, además de la investigación clínica con fines de registro y aumentar el gramaje de posesión para consumo personal, conlleva a regularla con fines de comercio, señalan expertos en el tema consultados por EL UNIVERSAL.

Enrique Carpizo Aguilar, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dice que se debe tener cuidado en no dejar lagunas en la regulación, porque si eso no se prevé en la iniciativa se estaría adquiriendo la marihuana para fines medicinales de manera ilícita.

“Si se autoriza por ley el aumento del gramaje para consumo personal y la comercialización para efectos terapéuticos, habría que regular el tema que siempre ha estado ausente, que es la siembra y la cosecha de marihuana para uso comercial”, explica.

El jurista considera que la iniciativa del titular del Ejecutivo federal abre el espacio para regular de una manera efectiva los procedimientos.

“Hay una laguna respecto al cultivo, la siembra y la cosecha. Entonces, con la iniciativa del Presidente evidentemente tendrá que ser una regulación efectiva, de lo contrario se adquiriría de manera ilícita. Es el momento que tiene México para superar esa laguna que se dejó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, enfatiza.

Armando Rodríguez Luna, investigador del Colectivo de Análisis para la Seguridad con Democracia (Casede), considera que se tendrá que discutir sobre el cultivo, la cosecha y la venta de marihuana; de lo contrario, dijo, si no existe una regulación certera se abre la puerta a la corrupción.

“¿Cuál será la participación de quienes cultivan la marihuana y qué papel van a tener en la legalización del uso medicinal? ¿Qué papel van a tener las farmacéuticas? ¿Cómo se legalizará la producción, cultivo y transformación de la marihuana? Si no se reglamenta bien sobre estos temas, que son claves, van a generar nuevos espacios de corrupción”, señala el experto.

Francisco Torres Landa, secretario general de México Unido Contra la Delincuencia, saludó la propuesta del Presidente de la República; sin embargo, dice que se queda fuera la regulación con fines recreativos.

“Con esto se puede fortalecer más la delincuencia organizada, porque ahora básicamente les pueden entregar a los consumidores hasta 28 gramos sin que les puedan hacer nada; no es que aumente el consumo, pero adquirir la mercancía sigue siendo con la persona equivocada”, detalla.

“A la iniciativa del Ejecutivo federal le falta recoger lo que estaba previsto en la propuesta de reforma de la ley general para el control de cannabis del senador panista Roberto Gil Zuarth, en la que sí se abarcan todas las fases de la cadena productiva, en la que el Estado ejerce su capacidad regulatoria”, agrega el especialista.

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